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Se enreda la PGJDF en el caso Dorantes
Zósimo Camacho
Sergio Dorantes —periodista señalado por la PGJDF, sin pruebas materiales, como el asesino de Alejandra Dehesa— desmiente que haya sido detenido en Estados Unidos, como filtró la Procuraduría capitalina a diversos medios. El caso del fotorreportero se le complica a la oficina que encabeza Bernardo Bátiz, pues un segundo ministerio público que conoce del caso pide que se giren órdenes de aprehensión por falsedad de declaraciones contra el primer MP y el “testigo” que “identificó” a Dorantes
Sergio Alonso Dorantes Zurita desmiente que esté detenido en Washington, Estados Unidos, por policías federales de ese país, como se publicó en diarios de circulación nacional que citaron como fuente a la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
“No, no estoy detenido; pero sí tengo mucha presión”, dice por teléfono, desde su refugio, el periodista que desde hace más de tres años evade la acción de los policías de la PGJDF que lograron que el juez emitiera una orden de aprehensión basada únicamente en el dicho de un “testigo arreglado”.
La filtración de la información falsa es una “artimaña” más, a decir del abogado de Dorantes, Manuel García, con la cual la PGJDF busca que los familiares o abogados de su cliente “traten de comunicarse con él y pueda ser aprehendido”.
En la oficina de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República (PGR) informan que se enteraron de la supuesta detención de Dorantes a través de los medios de comunicación, pero que no han recibido información oficial de la policía federal estadunidense, la cual habría detenido al periodista a petición de la Interpol México.
Sergio Dorantes es acusado por la Procuraduría capitalina de asesinar el 2 de julio de 2003 a su ex esposa Alejandra Dehesa Pérez Reguera, quien se desempeñaba como gerente de la oficina en México de la revista estadounidense Newsweek. Sin embargo la PGJDF no cuenta con una sola prueba material que inculpe al fotorreportero y el propio procurador ha tenido que reconocer que “es un caso muy extraño, porque no existen suficientes pruebas contra Sergio Dorantes”.
Además, de acuerdo con la averiguación previa FCUAH-2/3755/05/12, con causa penal 207/2003, el “testigo” Luis Eduardo Sánchez Martínez¬ -quien un mes después del asesinato había dicho que vio salir apresuradamente a Dorantes de la oficina de Dehesa el día del crimen- ha confesado que agentes de la Procuraduría que encabeza Bernardo Bátiz le pagaron mil pesos por inculpar al periodista.
A este respecto el abogado de Dorantes explica que la denuncia que presentó ante el ministerio público de servidores públicos a nombre de su cliente “ya fue dictaminada por la propia autoridad; y ahí se considera que efectivamente el testigo es falso. Y llegan a esa conclusión porque ese testigo acepta que le dieron mil pesos para declarar en contra del señor Dorantes y que en realidad a él no le consta nada, que jamás lo vio salir de donde había dicho que lo vio salir.
“Esto es gravísimo porque la libertad de Dorantes está comprometida por un falso testimonio. El ministerio público de servidores públicos ha pedido, al mismo juez que giró la orden de aprehensión contra el periodista, que detengan al testigo y al ministerio público; pero esa consignación no rinde frutos que porque 'faltan algunos elementos de carácter técnico procesal'. Y ahorita la Procuraduría y el juez la están haciendo perdidiza. En el juzgado dicen que el ministerio público la tiene; y en el MP dicen que ya la tiene el juez.”
El inculpado, desde su escondite, acepta la entrevista.
CONTRALINEA: ¿Cuáles fueron tus motivos para no enfrentar las acusaciones en tribunales y por qué preferiste huir al extranjero?
DORANTES: Soy inocente de esa acusación y no debo de enfrentar ningún proceso en tribunales. Hay una fabricación en mi contra. No estoy dispuesto a ir a la cárcel por una falsa acusación ni aceptar las calumnias de un grupo de elementos corruptos de la PGJDF. Por eso decidí defender mi caso en un lugar donde la evidencia es tomada en cuenta y la ley se respeta. En México el MP (ministerio público) abusa constantemente de los ciudadanos y, en lugar de defender la ley y la justicia, culpa a gente inocente fabricando evidencias.
-¿Qué elementos o pruebas de descargo puedes ofrecer para argumentar tu inocencia? La PGJDF dice tener un testigo que te señala directamente.
-La Procuraduría no tiene ninguna evidencia material en mi contra: ni huellas digitales, cabello, ADN. Nada. En cualquier lugar donde se respete la ley, mi caso sería desechado inmediatamente debido a la falta de evidencia material. El reporte de criminalística está firmado por un perito sin preparación profesional y ¡por un fotógrafo! ¡Qué sabe un fotógrafo de Ciencia Forense! En un asesinato sin testigos es esencial establecer la Hora de la Muerte para iniciar una línea de investigación y deslindar la inocencia o la responsabilidad de alguien. El MP, deliberadamente, no investigó este importante hecho para acomodar su teoría a los tiempos que le convienen.
“Desde finales de julio de 2003 se negó el expediente a mi abogado. No se me permitió coadyuvar en la investigación a pesar de que yo fui agraviado con el asesinato de mi esposa. No se me dio oportunidad de presentar evidencias en mi favor ni testigos. El 'testigo' que me señala no fue investigado. Se aceptó su palabra como verdad. Nadie corroboró su testimonio. Es muy simple acusar a alguien, pero es trabajo de las autoridades probar que lo que declara un testigo es verdad. El MP seguramente lo indujo. Su testimonio es inverosímil. Según el expediente, se presentó a declarar 'por su propia voluntad' 32 días después del día en que reclama haberme visto salir de la oficina de Newsweek. Ese día y a esa hora me encontraba en casa trabajando. Hay evidencia de esto, que el MP ha ocultado para poder culparme.”
-¿Qué relación guardabas con Alejandra Dehesa?
-Cordial y civil. Desde nuestra separación, en diciembre de 2002, decidimos que ésta era definitiva. Sin embargo acordamos quedar como amigos, ya que nuestra relación no terminó por problemas entre nosotros sino por la presión de su hija adolescente. Me visitaba los fines de semana. Nuestra relación ya no era sentimental, pero sí de amistad. Alejandra me llamaba por teléfono diariamente dos o tres veces y yo correspondía llamándole también. Hay registros de los estados de cuenta telefónicos que confirman esto. La policía no los incluyó porque confirmaría que Alejandra y yo éramos amigos y que manteníamos una relación cordial.
-¿Te reuniste con Alejandra el mismo día que la asesinaron?
-No, aunque ella me llamó tres veces el día en que según el expediente tuvo lugar el crimen. Me preguntó si nos podíamos encontrar después de que saliera de su trabajo. Acordamos vernos ese día en mi casa después de las 7:00 pm. Inclusive me llamó por teléfono a mi casa a las 7:08 pm para verificar si yo ya había llegado a mi domicilio, ya que no le gustaba esperar afuera de mi casa en su auto. Yo trabaja en el Centro Histórico y tenía que atravesar la ciudad para llegar a mi domicilio en el sur; por el tráfico, en ocasiones llegaba después de la hora acordada. Me llamó desde su oficina pero nunca llegó. Este hecho lo declaré al MP y ellos lo comprobaron la noche del 4 de julio 2003 después de interrogarme por alrededor de nueve horas. Invité al Fiscal y al MP a comprobar, mediante el registro de la llamada en el identificador de llamadas. El MP verificó este hecho y, en diciembre de 2004, cuando finalmente tuve en mis manos el expediente, me di cuenta que el MP usó esa información en mi contra, alegando que yo me “autollamé” desde la oficina de Alejandra, algo que los reportes forenses no pudieron comprobar en el expediente.
-Tú afirmas que el testigo que te acusa es “una fabricación”. ¿Cuál sería el motivo de la autoridad para hacerlo?
-Fue para resolver el caso rápidamente y pretender una supuesta eficiencia de las autoridades. Esta fabricación fue el resultado de la presión ejercida por la revista internacional Newsweek para que resolvieran el caso a la brevedad. Es bien sabido que las autoridades en nuestro país temen a la opinión de medios extranjeros. Si yo hubiera sido un extranjero trabajando para Newsweek no se me hubiera culpado. Cuando voluntariamente me presente ante el MP a ampliar mi declaración para ayudar en la averiguación, el judicial en cargo de la investigación, Alfredo Velásquez, vociferando, su arma colgando de su cinturón y utilizando su voluminoso vientre como ariete, me amenazó.
“El juez 24 penal del DF rechazó la orden de aprehensión el 18 de septiembre de 2003 por 'no haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión de delito de homicidio por el cual el MP ejercitó acción penal en su contra'. El MP apeló la decisión del juez. El 11 de diciembre el mismo juez obsequió la orden de aprehensión ¡sin ninguna evidencia adicional!”
-¿Acudiste a alguna instancia defensora de los derechos humanos, al considerar que eras perseguido injustamente?
-A través de mi abogado acudí en 2003 a la CDHDF (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal) porque es a la que le compete. El número de expediente es CDHDF/122/04/COY/D1702.000, el cual hoy en día se encuentra abierto y en espera de las respuestas formuladas por la Comisión a la Procuraduría. En la Queja logré acreditar un número considerable de irregularidades en el expediente, principalmente el dudoso testimonio del “testigo” no corroborado por nadie.
“La corrupción impera en las corporaciones policíacas y judiciales en México en todos sus niveles. Abogados importantes como Bárbara Zamora, Leonel Rivero, Manuel García y Alonso Aguilar Zinser han coincidido en que el MP actuó de mala fe con intención de culparme. Debido a las calumnias que me atribuyen, no confió en que sea fácil poder demostrar mi inocencia a las autoridades mexicanas, pero sí lo puedo hacer al pueblo de México y al mundo.”
-¿Por qué te refugiaste en Estados Unidos?
-Uno huye a cualquier país que no sea México, seguro de que encontrará más justicia. Lamentablemente esto es especialmente necesario si uno no pertenece a la capa social dominante en nuestro país. El riesgo de ser torturado para confesar un crimen no cometido es real y protestar a las autoridades si uno es enviado a prisión es poner en riesgo la vida. La noticia respecto a mi detención resulta del todo falsa. Las autoridades buscan presionarme y generar una terrible confusión en la opinión publica.
“Lo único que espero es un análisis serio y técnico del expediente; que las autoridades se abstengan de fabricar evidencia en mi contra; que se admita que hubo grandes errores en mi caso y corrupción al culparme de un crimen que no cometí; que las autoridades, por mea culpa, se desistan de la acusación y que haya un reconocimiento público de su error. La falsa acusación de la PGJDF destruyó mi vida y mi carrera en una de las profesiones mas competidas: reportero gráfico de las publicaciones más importantes del mundo.”
El Procurador de la Ciudad de México Bernardo Bátiz afirma que entregara la ciudad "con buenas cuentas".
En una entrevista de Prensa el 5 de Noviembre, el procurador Bátiz presumió que: "Prefería yo dejar libre a un sospechoso si no teníamos elementos que consignar a alguien con alguna duda. Nunca se inventaron cargos, nunca se crearon falsos culpables durante esta administración".
Cae asesino de directiva de Newsweek
Sergio Alonso Dorantes Zurita fue detenido en Estados Unidos como presunto responsable del homicidio de su esposa, Alejandra Patricia Dehesa Pérez Reguera, administradora de la revista Newsweek México.
Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) confirmaron que Dorantes Zurita, de 50 años de edad, fue detenido esta semana en Washington, donde la Oficina Central Nacional de Interpol reportó que su estancia era legal.
Desde 2004, a través del oficio 206.210.474, la PGJDF solicitó la colaboración de la Interpol para ubicar al esposo de Dehesa, ya que un juez en la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio.
La PGJDF tiene 60 días para entregar a la PGR toda la documentación del caso, incluyendo copias certificadas del expediente 214/03, para que la instancia federal formule la solicitud formal de detención provisional con fines de extradición internacional.
El traslado de Dorantes Zurita a México podría tardar meses e incluso años, ya que depende de los recursos que interponga la defensa, comentaron fuentes de la PGJDF.
Las fuentes agregaron que se sospecha de la responsabilidad de Dorantes Zúñiga en el crimen porque un testigo aseguró que, el día de los hechos, lo vio salir de la oficina de Dehesa con la ropa manchada de sangre, y huyó en un vehículo rojo.
El 6 de mayo de 2003, el cuerpo de Dehesa fue encontrado en el interior del inmueble que utilizaba como oficina, ubicado en la Colonia Santa Catarina, en la Delegación Coyoacán.
El cadáver, que fue hallado en el interior del baño, presentaba siete heridas de arma blanca en cuello, cara y manos.
Este artículo presenta varias imprecisiones y testimonios engañosos. Primeramente, el encabezado viola el principio básico de la presunta inocencia. Esto es, que el acusado es inocente hasta que la autoridad demuestra su culpabilidad.
El “testigo” que se menciona en el artículo es de hecho la única evidencia en contra de Sergio. Como se explica en el artículo del País, la credibilidad del “testigo” un hombre de 22 años de edad es cuestionable, su testimonio no esta reportado con precisión en Reforma. El “testigo” en su testimonió a la policía, nunca declaró que las ropas de Sergio estuvieran “manchadas de sangre”.
Cae asesino de periodista; fue su esposo
... Autoridades de Estados Unidos detuvieron en Washington al presunto homicida de la periodista de Newsweek, Alejandra Patricia Dehesa, quien fue apuñalada en julio de 2003 en las oficinas de la revista ubicadas en la colonia Santa Catarina, delegación Coyoacán, del Distrito Federal.
Se trata del fotoperiodista Sergio Alonso Dorantes Zurita, quien fuera esposo de la víctima, la cual fue encontrada con heridas de arma blanca dentro del baño de las instalaciones de la publicación en la capital del país.
La detención del inculpado, contra quien la Procuraduría del Distrito Federal ejercitó acción penal el 10 de septiembre de 2004, se concretó por parte de policías federales en Washington y de inmediato lo encarcelaron.
La PGJDF cuenta con 60 días para entregar a EU la orden de captura y la averiguación previa, para solicitar su extradición.
Como en el artículo en Reforma, el artículo de Milenio trata a Sergio como un convicto antes de que se le haya encontrado culpable. Ambos artículos se basan en un comunicado de prensa emitido por la oficina del Procurador de la Ciudad de México. El motivo es obvio: después de haber detenido a un probable responsable lo liberaron, por ello la Procuraduría teme ser acusada de corrupción e ineficiencia. El momento de emitir el comunicado de prensa fué deliberado: organizaciones de Derechos Humanos que han investigado el caso, han encontrado evidencia que echa abajo los alegatos de la Procuraduría y exonera del crimen a Dorantes.
Sergio Dorantes, periodista prófugo espera justicia
Irregularidades en la averiguación previa aumentan la desconfianza en un proceso por homicidio
Su lente atrapó paisajes, miradas, guerras y abrazos, arte y muerte en un periplo que cubrió desde Indonesia hasta la sierra Tarahumara. Se trata del periodista Sergio Dorantes, quien hasta enero de 2004 era un reconocido fotógrafo que escudriñaba todos los ángulos de la iconografía social; en el presente, es un fugitivo de la justicia mexicana que lo acusa de homicidio con muy pocas evidencias, según lo declaró el mismo procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, quien aceptó que revisaría personalmente el caso, lo cual hasta ahora no ha ocurrido.
Sobre Dorantes pesa la probable sentencia de 50 años de prisión por homicidio calificado en la persona de su pareja Alejandra Dehesa, administradora de la oficina en México de la revista Newsweek. La PGJDF investiga el caso desde la madrugada del 4 de julio de 2003; sin embargo, apenas tres horas después de encontrar a la víctima la institución atribuía el crimen a Dorantes.
Este caso atrajo la atención de periodistas mexicanos y del extranjero con los que colaboró Sergio Dorantes. Uno de ellos, John Carlin (Londres, 1956), periodista de la BBC y de The Independent, galardonado con el Premio Ortega y Gasset al mejor reportaje en 2000 por Viaje por la emigración y corresponsal del diario británico, publicó el domingo 4 de diciembre de 2005 un reportaje por demás interesante en el diario madrileño El País.
Se trata de la investigación del asesinato de la gerente del semanario Newsweek en México que, afirma, revela la incompetencia y la corrupción de jueces y policías en el país azteca. El título es elocuente: Culpable sin pruebas: una historia mexicana y ha dado la vuelta al mundo como un ejemplo más de la injusticia en México.
En el proceso que se le sigue a Dorantes cuatro abogados penalistas de México han encontrado incongruencias, contradicciones, fabricación de testigos, falta de evidencias en su contra, así como la total alteración de la escena del crimen.
Entre ellos, la desatacada abogada de asuntos sociales Bárbara Zamora, en su análisis jurídico del expediente penal del fotoperiodista, señala que “se advierten una serie de omisiones y errores cometidos por el agente del Ministerio Público, que hacen suponer que existe una manipulación en la investigación y en las constancias que obran en autos”.
La penalista, subraya que no se profundizó en la investigación hacia el taxista Oscar Sánchez, quien visitó a Alejandra el día de su muerte y fue detenido en calidad de probable responsable del delito, pero inexplicablemente fue liberado por orden del ministerio público Ricardo Cortéz Bonilla y no se ha vuelto a saber de él.
Un tenis de Oscar tenía rastros de sangre, si bien el dictamen pericial determinó que no correspondía con las huellas encontradas en el lugar de los hechos, “también es de hacerse notar que la esposa del taxista mencionó en su declaración que este sujeto antes fue policía en el estado de México, cosa que el propio individuo no mencionó en su declaración” observa el análisis jurídico de la abogada Zamora.
Sin acusar a nadie, la abogada señala que el Ministerio Público no investigó si efectivamente Sánchez había sido policía ni la razón por la cual causó baja en la policía.
De nuevo, el análisis jurídico de Zamora atrae la atención a otro dato relevante, el dictamen de necropsia de Alejandra no establece la hora aproximada de la muerte, es más no se establecen ninguna hora. “El hecho es importante puesto que a partir de la hora aproximada de la muerte se pueden establecer las líneas de investigación y sin este elemento es inexacta cualquier hipótesis desarrollada durante la investigación”, puntualiza la penalista.
El dictamen de criminalista de los peritos que examinó Bárbara Zamora establece: “por los signos cadavéricos observados, aunado a la temperatura que imperaba en el lugar…se puede determinar que la muerte ocurrió en un lapso aproximado de treinta a treinta y seis horas anteriores a nuestra intervención en el lugar de la investigación (4:00 horas del día 4 de julio de 2003)”.
El lapso era muy amplio y no permitía, sin embargo, fijar la hora de la muerte con la precisión que estableció el Ministerio Público, quien afirmó que el homicidio se cometió “el 2 del mes de julio del año 2003 entre las 18:07 y las 19:00 horas aproximadamente”, con lo que de acuerdo con la abogada, se puede deducir que lo hizo para adecuar la hora de los hechos a su hipótesis.
Finalmente, el caso contra Sergio Dorantes tuvo un sesgo fatal para él cuando un mes después del crimen espontáneamente se presentó ante el Ministerio Público el testigo de los hechos Luis Eduardo Sánchez Martínez. Este declaró que el día del homicidio chocó con Sergio Dorantes que salía de manera intempestiva del lugar y por el incidente se insultaron mutuamente “y que quien salía de la casa lo hizo en inglés”.
Su testimonio, del 2 de agosto de 2003, un mes después de los hechos, “es poco creíble, y en cambio parece más bien una declaración ad hoc para sustentar la conclusión del Ministerio Público en su pliego de consignación”, concluye el análisis de Bárbara Zamora.
Otro abogado, Leonel Rivero Rodríguez, en su análisis del caso afirma que “existió alteración del lugar de los hechos, es altamente probable que la escena del crimen haya sido manipulada, de tal forma que algunos vestigios pudieron desaparecer, lo cual obviamente dificultó la identificación del probable responsable del homicidio”.
También apunta que “existen graves falencias en el protocolo de ejecución de las pruebas periciales. El dictamen de criminalística es incompleto, y el dictamen en genética forense que se practicó a Oscar Sánchez fue elaborado de manera deficiente”.
El examen de Rivero Rodríguez llama la atención sobre otra contradicción: “los policías señalan que se introdujeron a las oficinas del centro de trabajo de Alejandra acompañados en todo momento por sus familiares. Sin embargo, los familiares sostienen que sólo los policías se introdujeron al lugar de los hechos y una vez que lo revisaron salieron a darles la noticia de que el cuerpo de la occisa se encontraba en el interior de las oficinas”.
Para el abogado el dictamen que contiene el perfil psicológico de Sergio Dorantes carece de rigorismo académico y científico (jamás entrevistaron al examinado) y se encuentra basado en especulaciones de los “profesionales” que lo elaboraron al tomar como base las actuaciones judiciales que aparecen en la averiguación previa.
De celebridad a fugitivo
Sergio expresó a su abogado, Manuel García, que está dispuesto a colaborar con las autoridades, pero no a costa de perder su libertad.
El fotoperiodista, compartió la adrenalina del periodismo internacional con figuras como Joseph Giovanni, de The New York Times; Michael Sullivan, de National Public Radio (NPR) en su excursión al volcán de Krakatoa, y otros periodistas de The Sunday Times, Paris Match, Stern y Newsweek, entre otras destacadas publicaciones.
Además, su nombre aún figura en el directorio electrónico de comunicación social del gobierno de México (www.directorio.gob.mx) y en la enciclopedia electrónica Encarta.
Sus trabajos fotográficos le ganaron a Sergio Dorantes un nombre a base de esfuerzo y enfoque a nivel mundial. Hoy, su cámara que disparó contra muchos problemas sociales es testigo de lo que parece una injusticia más.
Como se puede ver en el articulo en El País (click aquí), no hay evidencia alguna de que yo este relacionado a este crimen. La investigación exhaustiva hecha por El País, comprobó que las autoridades han cometido un abuso y una injusticia en mi contra. Apoyándome exigiendo se retire el cargo que se me atribuye, se ayudara también a mucha gente en México, que se encuentra en situación similar a la mía. Gracias, Sergio Dorantes.
En la sección Botica de la Revista Mexicana de Comunicación, el periodista Jorge Melendez Preciado escribió acerca de la dudosa conducta de la policía:
Difícil
Aparentes pruebas policiacas señalan como homicida de su ex esposa a Sergio Dorantes, un fotógrafo muy conocido y hasta famoso. Pero como siempre en estos asuntos, las investigaciones parecen estar inducidas para involucrar al compañero de la lente. Cuando menos eso dicen tres investigadores que han leído el expediente de manera independiente. Y ya sabemos que en ocasiones la policía capitalina "suicida" a quienes mata, exonera a los responsables de muchos ilícitos y hasta hace cantar con buena voz a todos los que son inocentes. Es necesario exigir que este caso quede muy bien aclarado y no como hasta ahora: confuso a más no poder.
El presidente de México debe de proteger la libertad de expresion
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La reciente decisión tomada por el periódico hermano del San Francisco Chronicle, el San Antonio Express News de retirar a su corresponsal fronterizo de su oficina en Laredo, Texas, fue un movimiento apropiado. El periódico retiró a su corresponsal después de que una agencia judicial federal de E.U.A. les advirtió que un periodista norteamericano no especificado se encontraba en la lista de negra de un grupo Mexicano de delincuencia organizada.
Esta amenaza, se debió tomar en serio en el contexto actual de violencia sin control.
Los poderosos cárteles Mexicanos de tráfico de drogas repetidamente intimidan a los periodistas Mexicanos provocando una cultura de auto-censura, especialmente a lo largo de las poblaciones fronterizas. A pesar de un mandato constitucional para defender la libertad de prensa, el gobierno federal de México ha hecho muy poco protegiendo a periodistas y asegurando la libertad de información.
Esta amenaza [de los cárteles] prueba que los periodistas de E.U.A. no son inmunes a los peligros de reportar sobre el tráfico de drogas, los que han soportado el golpe de esta violencia son los periodistas Mexicanos. Reporteros locales quienes investigan activamente historias de crimen son perseguidos, atacados con violencia y amenazados de muerte. El número de asesinatos [en contra periodistas] se ha incrementado con la lucha abierta de los cárteles por controlar las rutas del contrabando de droga. México sólo se compara con Colombia como el lugar más peligroso para los periodistas en Latinoamérica.
De acuerdo a el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), 18 reporteros has sido asesinados en México desde 2000, seis de ellos en venganza por lo que escribieron. Mientras que otros cinco desaparecieron desde 2005. Tres de estos investigaban historias del tráfico de drogas.
Aunque la guerra en contra el tráfico de drogas es particularmente aguda a largo de la frontera México-E.U.A. la violencia durante el año pasado se extendió a la mayoría de los estados en la república. De acuerdo al Procurador de la República Eduardo Medina Mora, ejecuciones relacionadas al crimen organizado se han incrementado diez por ciento, desde que el presidente Felipe Calderón asumió el poder hace varios meses.
Una de las consecuencias más dañinas del clima de terror desplegado por los cárteles, es el temor creado entre los diferentes niveles de la sociedad en México. Muchos reporteros y medios en general practican la auto-censura por temor a represalias.
En Mayo pasado, el periódico de Hermosillo: Cambio de Sonora tuvo que suspender su publicación después de dos ataques con bombas y repetidas amenazas durante un mes.
La revista de noticias Proceso, reportó que en el estado de Michocán, cinco periódicos se han abstenido de publicar historias relacionadas al crimen organizado. En la ciudad de Nuevo Laredo, el identificar por su nombre a los traficantes de droga es firmar una sentencia de muerte.
Temas delicados como es el tráfico de drogas, asesinatos, corrupción y violaciones a los derechos humanos y otros asuntos que afectan la vida diaria de la gente, no se reportan más. La ausencia de un debate profundo de los proyectos de interés público esta afectando seriamente la salud de la vida democrática en México.
No obstante que el derecho a la libre expresión esta garantizado en los artículos 6 y 7 de la Constitución, miles de ciudadanos – incluyendo muchos periodistas – son
incapaces de ejercer este derecho por temor a represalias físicas. La onda de violencia sin precedente en el país va más allá de los medios: de hecho esta impidiendo a los ciudadanos a hacer públicas sus quejas [denunciando a los criminales].
El gobierno federal reconoció la violencia en contra de los medios y en 2006 creó una fiscalía especial para investigar crímenes contra la prensa. Sin embargo, nadie ha sido acusado con éxito, principalmente porque los asesinatos y ataques a personas son crímenes estatales en los que el gobierno federal no tiene jurisdicción para intervenir.
Mientras tanto, declaraciones recientes hechas por la Fiscalía especial restando importancia a las amenazas hacía los medios son muy desalentadoras.
El presidente Calderón puede cumplir su responsabilidad constitucional, si él propone al congreso legislar y decretar crimen federal el conspirar en contra de los ciudadanos por ejercer su derecho a la libre expresión. Tal legislación daría al gobierno federal las herramientas legales que necesita para proteger el trabajo de los medios.
Mientras que enviar a Mariano Castillo a otro puesto fue una acción prudente, esta fue una triste acusación del estado que guarda la libertad de prensa en México. Desafortunadamente, los periodistas Mexicanos amenazados no siempre tienen la opción [como Mariano Castillo] de abandonar su país.
Joel Simon es el director ejecutivo del Comité de Protección de Periodistas, Carlos Lauria es el coordinador para Latinoamérica.
La respetada organización Human Rights Watch ha producido un análisis detallado de la transición de México hacia la democracia desde una perspectiva de los derechos humanos titulada: El Cambio Inconcluso: Avances y desaciertos en derechos humanos durante el gobierno de Fox. Capitulo V, Procuración de justicia: Los abusos continuos que socavan la seguridad pública, describe el uso de tortura cometido por autoridades encargadas de administrar la ley para obtener confesiones de sospechosos de algún crimen. Ud. lo puede leer haciendo click aquí. (Abre una ventana)