Noticiás y más información
Respecto al caso de Sergio:
En 2007
En 2005-6
Derechos humanos en México
2008-12
LA MISCELÁNEA
En un fallo impecable el juez 24 absolvió a Sergio Dorantes, injustamente
acusado de un asesinato que no cometió. He seguido el caso durante casi una
década y ahora sólo falta que la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de
Justicia del DF, presidida por Edgar Elías, haga definitiva la inocencia de
Dorantes.
ABSUELVEN A ACUSADO DEL CRIMEN
La madrugada de ayer Sergio Alfonso Dorantes Zurita, un fotógrafo que fue acusado del homicidio de su ex esposa Alejandra Dehesa Pérez Reguera, administradora en México de la revista Newsweek, fue absuelto y liberado al determinar que no había evidencia en su contra.
A través de la página web http:/www.sergiodorantes.com/ los allegados al sospechoso dieron a conocer la noticia de su liberación sin ofrecer detalles. Al cierre de esta edición REFORMA no pudo contactar al personal de guardia del Tribunal Superior de Justica (TSJDF) para conocer los pormenores de la sentencia.
Dehesa Pérez Reguera fue encontrada muerta con un cuchillo clavado en el cuello, en el baño de las oficinas de Newsweek en la Ciudad de México, ubicadas en la Colonia Santa Catarina, en Coyoacán, el 4 de julio 2003.
Un mes después apareció un testigo, Luis Eduardo Sánchez Martínez, quien dijo que vio a Dorantes Zurita salir de la oficina de manera apresurada, con la ropa manchada de sangre, y después tomó un auto rojo para escapar.
El Juzgado 24 Penal giró una orden de aprehensión contra el fotógrafo por el delito de homicidio; en octubre 2006, la PGR informó que había sido localizado en Washington y fue extraditado en 2008.
Tras la consignación del expediente, el testigo se desdijo, por lo que la Comisión de Derechos Humanos del DF emitió las recomendaciones 7/2007, 8/2007,/ 9/2007 por irregularidades detectadas en la integración de la indagatoria.
Para cumplir con esta recomendación, el ex Procurador del DF, Bernardo Bátiz, ordenó realizar una investigación del caso para indagar a los funcionarios, y en abril de 2007, el entonces titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la orden de aprehensión estaba sustentada en 31 declaraciones y 18 dictámenes.
Templo Mayor
Un caso muy parecido al que inspiró la película Presunto Culpable está por reventar en los tribunales capitalinos.
Se trata del juicio contra el fotógrafo Sergio Dorantes Zurita, acusado del asesinato de Alejandra Patricia Dehesa en las oficinas de Newsweek en julio del 2003.
Quienes han leído el expediente -obviamente no el juez- cuentan que ya se demostró que el crimen no ocurrió a la hora que dijeron los peritos de la Procuraduría del DF y que no hay evidencias de que Dorantes esté implicado.
Además, el principal testigo en su contra fue acusado por falsedad en declaraciones; y, por si fuera poco, en la escena del crimen se encontraron las huellas de un taxista que también era sospechoso y que huyó a Estados Unidos.
A ver si eso de que la PGJDF ande inventando culpables no se convierta en un problema para la campaña de Miguel Mancera.
Justicia a secas
¿Por qué en México la calidad de la justicia no importa en absoluto? Mientras en Estados Unidos, Colombia o Chile, por señalar algunos ejemplos, organizaciones civiles, centros de estudios, escuelas de derecho y expertos discuten las metodologías apropiadas para generar evidencia sólida que permita tener acusaciones creíbles y juicios justos, en México seguimos hablando de tasas de impunidad y sentencias condenatorias. No parece importar mucho si las pruebas son claras y contundentes, tampoco parece relevante si el Ministerio Público (MP) plantea una historia creíble del caso, mucho menos si el acusado fue o no fue quien cometió el delito. Lo único realmente relevante es que haya más personas en prisión, para simular o creer que disminuye la tasa de impunidad y con ello todos estamos más seguros. Los miles de inocentes encarcelados no son un asunto que nos quite el sueño. Ello hace que tampoco les importen a jueces ni a ministerios públicos. En México, no hay una brújula axiológica ni principios básicos compartidos cuando se trata de la justicia penal.
El caso de Sergio Dorantes, acusado en el Distrito Federal del homicidio de su esposa, es quizá uno de los mejores ejemplos de cómo, en la persecución criminal mexicana, vale todo hasta el absurdo. Como muchos otros acusados en nuestro país, la evidencia en su contra es principalmente un testimonio. En este caso fue el de Luis Eduardo Sánchez. Este testigo declaró un mes después de sucedidos los hechos. Ello no es un dato menor. Según los miles de estudios empíricos sobre la mecánica y la psicología de la identificación de presuntos responsables a partir de testigos, el tiempo transcurrido entre los hechos y el testimonio es una variable muy relevante para evaluar su veracidad. En cualquier parte del mundo con un sistema de justicia que funcione medianamente bien, el juez sospecharía de la veracidad de un testimonio que se produce un mes después. Sin embargo, ello no forma parte del DNA de nuestros jueces.
Otra variable elemental para determinar el valor probatorio de un testimonio es el sentido común y la lógica de lo que se sostiene. Según la averiguación previa, el señor Sánchez, un día como cualquier otro, sin más, decide presentarse voluntariamente a declarar en la agencia del MP donde se investigaba el homicidio de Alejandra Dehesa, esposa de Dorantes. ¿Cómo supo cuál de las miles de agencias del MP era la indicada? ¿Por qué se presentó? No importa. El caso es que en su primera declaración señala que el día del homicidio él se encontraba caminando en Coyoacán y de repente vio salir de una casa -que es en donde sucedió el homicidio- a un hombre, que chocó con él y se notaba que estaba alterado. Después vio que se metió en un coche rojo. El hombre era Sergio Dorantes. ¿Cuánto tiempo pudo haber visto el rostro de Sergio Dorantes? ¿Tres o cuatro segundos? ¿Quién recordaría el rostro de una persona en esa situación? Es increíblemente débil este testimonio. Pues a pesar de ello, este testimonio ha mantenido a Dorantes más de ocho años en prisión.
La historia no termina ahí. Luis Eduardo Sánchez vuelve a declarar unos meses después y señala que en realidad la agente del MP, María del Rocío García, lo buscó porque él era amigo de su hermano. Le dijo que necesitaba un testigo para un caso que estaba “investigando”. A cambio de mil pesos, le pide que declare lo antes señalado. La retractación de su primera declaración hace que la Procuraduría capitalina lo persiga por falsedad en declaración. Sin embargo, la declaración que se estima “falsa” es la segunda y no la primera. Así de absurda y caricaturesca puede ser la justicia penal mexicana. En 2008, Luis Eduardo Sánchez fue procesado por falsedad en declaración y sentenciado a seis años. Para hacer la historia aún más tortuosa, lo encarcelan en el mismo reclusorio que a Dorantes.
¿A quién le importa la calidad de la evidencia en el juicio de Dorantes? En la estadística de la Procuraduría capitalina el homicidio de Alejandra Dehesa no quedó impune, pues hubo una consignación con detenido. Ello es lo que cuenta para medir el buen desempeño del MP y para que los ciudadanos creamos que estamos más seguros.
ón colectiva con la impunidad tiene que tener contrapesos. Debería importar también la justicia. Así como nos indigna que los que secuestran o matan estén en la calle, también nos debería indignar, comenzando por las propias víctimas de delitos, tener un sistema de persecución criminal que no ofrece pruebas, razones ni argumentos para tener una mediana certeza de que quien es sentenciado por un delito es altamente probable que sea el responsable. La demanda popular, por más consignaciones y más sentencias condenatorias, sin un sistema de justicia digno de ese nombre, nos aleja del país que soñamos. México necesita justicia y no venganza para volverse a pegar.
Sergio Dorantes, a diferencia de la mayoría de los acusados que enfrentan juicios absurdos, tiene la fortuna de contar con la defensa de uno de los mejores abogados penalistas del país, Alonso Aguilar Zinser, quien decidió llevar el caso pro bono. Hoy ambos están en espera de la sentencia del juez de primera instancia. ¿Tendrá el juez el poder para ir en contra de los designios del MP? ¿Podrá su sentencia hacerse cargo del absurdo y el sin sentido de la acusación? Yo espero, de verdad, que en el caso de Sergio Dorantes se haga justicia a secas y que pronto recupere su libertad.
Archivos del poder:
Morlett, Dorantes, Lorena...
nosotros
A la memoria de Adriana.
El domingo pasado, minutos antes de entrar al aire en mi noticiero de radio por Reporte 98.5 (2 a 4 de la tarde), hablé telefónicamente con Javier Morlett. Sus palabras y su voz apagada, triste, me confirmaron la muerte de su hija Adriana, desaparecida desde el 6 de septiembre de 2010.
-Daré la noticia en mi noticiero, don Javier -le dije-.
-No, Martín, por favor. Aún no. Mi hijo no lo sabe todavía. Mi madre tampoco. Le pido que aún no lo diga.
Por ética pero, sobre todo, sintiendo como padre, comprendí la petición de Javier. Primero estaba su dolor. Decidí no hacerlo público.
Dos días después, la familia Morlett confirmó que los restos encontrados eran de Adriana, a quien no conocí en vida, pero que admiré por su desempeño académico -9.2 en la Facultad de Arquitectura de la UNAM- y la reconocí como hija respetada, amada.
Contagiado por el dolor del padre, le pedí en enero pasado a Javier Morlett que domingo a domingo informara en mi noticiero sobre el caso. Aceptó, aun con el dolor que le atravesaba, como hierro ardiente, el corazón. Y así lo hicimos.
Y ahora la pregunta al aire cambia. Hoy es: ¿quién mató a Adriana Morlett?
Una de las líneas de investigación se encamina hacia un profesor de la UNAM, torvo en su vida privada, sospechoso de las autoridades.
Otro sospechoso -el de siempre- es Mauro Alberto Rodríguez, el ¿amigo?, que vio a Adriana por última vez. Allí queda su frase que intriga, registrada en Facebook: "Mugrosa. me cambiaste por unas pelis. me gustaría verles sus caras. ja ja ja". ¿Qué quiso decir Mauro Alberto con esta frase?
Su o sus asesinos deben ser capturados y castigados.
Por Adriana. Por nosotros.
DORANTES
En prisión, acusado por el asesinato en 2003 de su ex esposa, Alejandra Dehesa, el fotógrafo Sergio Dorantes se encuentra cerca de la sentencia, al concluir, el miércoles pasado, su proceso penal. A Dorantes se le fabricaron acusaciones.
De acuerdo a la Averiguación Previa FCM/CUH-2/3755/05-12 -obtenida por esta columna-, Luis Eduardo Sánchez Martínez reconoce haber recibido un pago de mil pesos. "por presentarme a declarar, para decir que yo iba caminando por la banqueta y por la puerta (de las oficinas de Alejandra) salió una persona del sexo masculino con ciertas características que no recuerdo con exactitud. haciendo hincapié en que este sujeto se notaba alterado".
¿Quién compró la declaración de Luis Eduardo? Que él lo diga: "Soy amigo de Alfredo Briseño. me preguntó si quería ganarme un dinero".
¿Quién es Briseño? Luis Eduardo: "Es medio hermano de Rocío García, (quien) en la calle me explicó que era responsable de la Agencia del Ministerio Público en Coyoacán y que tenía una averiguación previa que no podía sacar y que necesitaba un testigo para que declarara, que no tendría ningún problema porque lo que quería era archivarla, que me pagaría mil pesos por declarar. Alfredo me hizo entrega de mil pesos."
Testigo comprado.
Jorge Sánchez Patiño, chofer de Alejandra Dehesa, tuvo problemas con ella por dinero. En la AP COY-2T1/969/03-07 se asienta que, en su calidad de inculpado., "se encontró la presencia de sangre en el tenis derecho y de igual forma en el vehículo Tsuru, del cual es poseedor el hoy indiciado, con el cual prestaba servicio de taxi a la hoy occisa. con los cuales se presupone que el indiciado fue sujeto activo de homicidio calificado".
¿Dos culpables? A uno lo acusa un testigo comprado. Al otro lo hunden evidencias.
La sentencia está por salir.
LORENA
A la falta de pruebas sólidas por parte de la autoridad -señalándola como presunta operadora del retén en CU para secuestrar a Fernando Martí- y al proceder inexplicable, dilatorio y sospechoso del juez Jesús Ubando López, se suma otro factor de indiferencia cómplice al encarcelamiento de la ex subinspectora federal, Lorena González: el silencio de Alejandro Martí.
En las páginas de Excélsior lo hemos señalado: Martí tiene la obligación moral de decir públicamente que Lorena es inocente en el caso de su hijo. Vaya paradoja: Alejandro enarbola la bandera de la justicia con México SOS, pero calla ante la injusticia contra Lorena.
Aún más: Alejandro Martí -acompañado de alguien más- ha visitado en prisión a Noé Robles -asesino confeso de Fernando-, para presionarlo a fin de involucrar a Lorena en el caso.
¿De qué se trata: de forzar una supuesta culpabilidad de Lorena? Eso es ruindad. Tanta como la de los secuestradores.
¿Por qué calla Alejandro Martí ante una inocente en prisión? ¿Acaso es por no molestar a las autoridades del DF?
A Alejandro Martí le han aconsejado que aclare lo de Lorena y su inocencia. Su respuesta es agachar la cabeza.
¿O será que calla por temor a lo que pueda decir, sobre el caso Martí, el negociador de secuestros, Ernesto Mendieta, contratado por Alejandro?
Mientras, otra inocente en la cárcel.
Justicia a la mexicana.
Sergio Dorantes
Un testimonio mantiene preso desde hace tres años al fotógrafo de prensa Sergio Dorantes, procesado por el homicidio de su ex mujer Alejandra Dehesa, cuyo cadáver fue encontrado en julio de 2003 en el baño de la oficina de la revista Newsweek, donde ella trabajaba, con un cuchillo clavado en el cuello.
Durante cinco años, Dorantes estuvo en Estados Unidos, primero prófugo y después entrando y saliendo de prisión, hasta que en 2008 un juez californiano ordenó su extradición a México, donde se le procesa. Una vez cerrada la fase del desahogo de pruebas, el Ministerio Público y el defensor, el destacado Alonso Aguilar Zinser, formularán conclusiones. Posteriormente el juez dictará sentencia.
El testigo, Luis Sánchez, no presenció el asesinato. A pesar de que dijo que se enteró por la televisión el 4 de julio, se presentó a declarar hasta 32 días después asegurando que vio salir a un hombre, al que describió con las características físicas de Sergio Dorantes, de la casa en que ocurrió el crimen aproximadamente a la misma hora en que éste tuvo lugar. Un año y medio después, en diciembre de 2005, se retractó explicando que si imputación había sido inducida por la licenciada María del Rocío García, responsable de la Coordinación Territorial de Coyoacán de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quien lo recompensó por su falsa declaración con ¡1,500 pesos! Tanto la funcionaria como el testigo fueron consignados.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideró que, debido a que la Procuraduría utilizó una de las declaraciones contradictorias del testigo para la consignación de Sergio Dorantes y la otra para la acción penal contra la licenciada María del Rocío García y el propio testigo -tratándose de versiones excluyentes entre sí- se violó el derecho a la seguridad jurídica de Dorantes. Sin embargo, la CDHDF no recomendó a la Procuraduría -como hubiera sido deseable. Que se desistiese de la acción penal contra el fotógrafo, sino tan sólo, tibiamente, que profundizara en la investigación respecto de las faltas en que incurrieron los servidores públicos que participaron en la integración de ambas averiguaciones previas: la del homicidio y la del testimonio recompensado.
No hay un testigo del homicidio. No se encontró el ADN de Sergio Dorantes en el lugar del crimen ni en el arma que se utilizó para cometerlo ni en el cuerpo de la víctima. El único testigo que lo involucró al asegurar haberlo visto salir de la casa donde se cometió el asesinato aceptó haber mentido a cambio de una recompensa de una funcionaria de la Procuraduría, con lo cual su imputación pierde toda credibilidad. Más aún: la Procuraduría dio crédito a la retractación, pues consignó tanto al testigo como a la funcionaria. Así, pues, el único sustento de la acusación ha desaparecido.
Sergio Dorantes es otro damnificado de la perversa procuración de justicia que padecemos. De 63 años de edad, ha sido perseguido desde hace ocho, y su proceso, con él en prisión preventiva, ha durado tres. Nada le repondrá ese tiempo. Pero el juez de la causa puede, y debe, terminar con esta injusticia.
Ahora es el turno de Sergio Dorantes...
La justicia en México es una maquinaria que nunca rectifica, que nunca atiende pruebas una vez que ha decretado la culpabilidad de una persona; un aparato de extrema crueldad, sostenido por individuos —los jueces— de descarnada insensibilidad que, por lo visto, duermen muy bien a pesar de que sus decisiones afectan de manera atroz la vida de tantos mexicanos inocentes.
Foto: Sara Escobar
El espíritu de cuerpo de los jueces no está en duda: antes de cuestionar una decisión injusta —y tan rotunda como para encarcelar a un hombre inocente, en un primer momento, y luego mantenerlo ahí, en prisión, a pesar de las pruebas que presentan quienes fueron ni más ni menos que sus presuntas víctimas— se emperran en sostener su veredicto inicial, contra viento y marea, porque cualquier posible rectificación significa, supongo, una impugnación insoportable para ellos, pontífices supremos e incontestables, semidioses incapaces de cometer el más mínimo error y, sobre todo, sumos sacerdotes guardianes de una institución que debe siempre exhibir una supremacía absoluta, por encima de los individuos y sus desgracias personales, así sean esos mismos individuos los primerísimos incumbidos en recibir los amparos y los auxilios de la justicia.
Pero, así de insensibles e inhumanos como son, resulta que no los puedes siquiera criticar ni reseñar tampoco su gazapos —como hizo en cierto momento el presidente de México, harto de constatar que muchas de las acciones que llevan a cabo los valerosos marinos de la Armada y los empeñosos miembros de la Policía Federal no llegan a buen puerto ya que los juzgadores a cargo de solventar el caso aducen no tener los elementos jurídicos suficientes como para, ahí sí, procesar y castigar a sujetos cuya culpabilidad pareciera evidente— porque entonces resulta que estás vulnerando la “estabilidad” de las instituciones de la República, o algo así.
Tan escrupulosos que son a la hora de estudiar un expediente y rechazarlo a las primeras de cambio y, mira tú, tan dispuestos que están a dictar sentencia basados en testimonios dudosos, en pruebas falsas, en meros supuestos y en “confesiones” obtenidas de manera arbitraria. Ah, y tan inclinados, esos mismos que persiguen cruelmente a los desamparados ciudadanos de este país, a otorgar alegremente amparos a los pillos, los tramposos, los corruptos, los ladrones y los poderosos.
Ahí está el caso de Antonio Ortega, para mayores señas, acusado injustamente de perpetrar unas violaciones y encarcelado durante cuatro años. El hombre perdió primeramente su trabajo y luego su casa. Su hijo nació mientras él estaba en cautiverio. Ahora sale libre gracias, por una vez, al impacto noticioso que ha tenido su caso y a los buenos oficios de un fiscal que respondió con ejemplar diligencia a las solicitaciones de un periodista. ¿Quién le va a devolver, sin embargo, esas primaveras perdidas? ¿Y acaso es necesaria la realización de una película o la intervención de un director de un periódico o la movilización de los ciudadanos para que los jueces hagan simplemente lo que tienen que hacer —atender los recursos legales interpuestos por una persona que, con las pruebas en la mano, pide justicia— y que estos procedimientos, en vez de terminar favorablemente para el acusado gracias a circunstancias excepcionales, sean tan sólo parte de una normalidad procesal?
Y ahí tenemos también la historia de Sergio Dorantes. Este reconocido fotógrafo —trabajó para el semanario Newsweek y muchos otros medios de la prensa— fue acusado de matar a su ex esposa por un testigo que luego se retractó y que no pudo dar siquiera datos precisos sobre las circunstancias del suceso. Quien debiera ser el principal sospechoso, un antiguo policía que visitó a la mujer el día del asesinato y a quien se le encontró sangre en los zapatos, se encuentra, por el contrario, en libertad y tan campante.
Ésa es la justicia en México: una maquinaria que nunca rectifica, que nunca atiende pruebas una vez que ha decretado la culpabilidad de una persona; un aparato de extrema crueldad, inmune a las evidencias, sostenido por individuos —los jueces— de descarnada insensibilidad que, por lo visto, duermen muy bien por las noches a pesar de que sus decisiones afectan de manera atroz la vida de tantos mexicanos inocentes.
Hemos sabido de estos casos. Pero hay muchos más y esto es intolerable en un país que aspira a figurar en la liga de las naciones civilizadas. ¿Cuánto tiempo más podemos vivir con los ojos cerrados y en la indiferencia sabiendo que, en estos mismos momentos, hombres inocentes viven el infierno de la cárcel?
Enemigo público nº 1 de la democracia
No hay Estado de derecho en México. La sociedad funciona pero el aparato estatal de seguridad y justicia es arbitrario y salvaje. Lo ejemplifica el doloroso caso del fotógrafo periodista Sergio Dorantes
Lo que más llama la atención de México, cuando uno se para a pensar un momento, es que la gran mayoría de sus ciudadanos se despiertan en sus camas por las mañanas, se lavan los dientes, desayunan, se van al trabajo en coche o en autobús o en metro o a pie, comen su "lunch" (pronunciado "lonch" en mexicano) a mediodía, vuelven a casa, cenan, ven televisión y a dormir, que mañana se repite la historia. Puedo constatar que lo que cuento es verdad. He vivido en el DF y me he recorrido el país de arriba abajo varias veces. La vida de los mexicanos es, en la mayor parte de los casos, de una rutinaria normalidad.
El único testigo en su contra confesó que su declaración era una mentira fabricada por la policía
Sigue en la cárcel. Es el laberinto surreal de 'El proceso' de Kafka hecho realidad
Lo cual no solo es sorprendente, es digno de admiración. Habla extraordinariamente bien de la capacidad de convivencia civilizada del mexicano. No me refiero al contexto de ultra violencia que ha generado el narcotráfico. Porque no es ese el contexto en el que vive la mayor parte de los ciudadanos y, además, es un fenómeno relativamente reciente, del año 2006, cuando el Gobierno les "declaró la guerra" a los carteles. No, a lo que me refiero es al hecho de que México es, como ya escribía Graham Greene en los años treinta, un país sin ley. Los policías son ineficaces y/o corruptos, las fiscalías son ineficaces y/o corruptas, los jueces son ineficaces y/o corruptos. No hay Estado de derecho en México. O no uno que funcione. Es decir, México, por más elecciones que haya celebrado a lo largo de los últimos 80 años, no es una auténtica democracia. Es un país en el que rige la ley de la selva, el espíritu de sálvese quien pueda. Debería de reinar una anarquía feral; los disturbios que se vieron hace un par de semanas en Londres deberían de ser la norma cotidiana. Pero no. Al contrario. La gente se porta en general con decente moderación. Esto es lo admirable. La sociedad funciona. Es el aparato estatal encargado de administrar las leyes el que es anárquico y feral.
Esto lo sabía muy bien un fotógrafo periodista llamado Sergio Dorantes cuando se dictó orden de captura contra él en diciembre de 2003 por el supuesto asesinato de su exesposa, Alejandra Dehesa. Por eso huyó del país y buscó refugio en Estados Unidos. Escribí sobre él en EL PAÍS en 2005. Lo volví a hacer en 2008, y repito ahora otros tres años más tarde. Lo hago porque lo conozco -he trabajado con él- y porque su caso es tristemente emblemático de lo que el sistema judicial mexicano ha hecho a miles y miles de personas. Le han destruido la vida. En el caso de Dorantes, una vida muy buena, fruto de una enorme disciplina, ambición y trabajo.
Nacido en la pobreza, Dorantes emigró no a Estados Unidos sino a Inglaterra cuando tenía 24 años, aprendió fotografía, volvió a México 18 años más tarde y se forjó una brillante carrera, trabajando para prácticamente todos los periódicos y revistas más importantes del mundo occidental. Se casó, se separó y en julio de 2003 encontraron a su exesposa muerta, con un cuchillo clavado en el cuello, en la oficina de la revista Newsweek, donde ella trabajaba. La policía lo identificó como el principal sospechoso, pero, pese a los esfuerzos de la fiscalía, un juez dictaminó que no existían pruebas contra él. Poco después el juez fue remplazado por otro, más ameno a los deseos de los agentes investigadores, y ordenó que Dorantes fuera detenido. Fue entonces cuando se fugó.
Dorantes permaneció en Estados Unidos durante cinco años. Fue una dura odisea: parte del tiempo prófugo, parte entrando y saliendo de cárceles, parte recibiendo ayuda de ciudadanos estadounidenses escandalizados por la injusticia a la que se le había sometido hasta que, a petición del Gobierno mexicano, un juez californiano ordenó, en 2008 y muy a su pesar, su extradición.
Dorantes, que hoy tiene 65 años, podría haber apelado la sentencia pero decidió volver a México, convencido, tras persuadir al brillante abogado mexicano Alonso Aguilar Zínser de que lo representara, de que pronto sería declarado inocente y puesto en libertad.
¿Cuál es la injusticia? Es sencilla, y grotesca, pero nada sorprendente en el contexto mexicano. El argumento "legal" contra Dorantes se basa en una "prueba" (es difícil evitar la torpeza de poner estas palabras entre comillas), la de un "testigo" que dijo haberle visto salir corriendo del lugar del crimen a la hora en que supuestamente ocurrió (aunque incluso la hora, tal fue la incompetencia de la investigación, no se sabe con exactitud). En una declaración extremadamente detallada, revelando una memoria prodigiosa, el testigo, Luis Sánchez, le atestó una puñalada moral a Dorantes. Un año y medio después, en diciembre de 2005, Sánchez se retractó. Apareció ante el Ministerio Público y dijo que su testimonio anterior había sido mentira; que el guion lo había preparado una agente que participaba en el caso, y que la misma agente le había pagado 1.000 pesos (unos 56 euros) para que lo hiciera.
Tan convincente fue la retracción que Sánchez fue condenado a seis años de cárcel por declarar en falso. Nada más lógico, nada más abrumadoramente justo en aquel momento, a finales de 2005, que declarar acabado el caso contra Dorantes, pedirle mil disculpas y desearle todo lo mejor. Pero no fue así. El ministerio público ocultó la retracción de Sánchez al abogado de Dorantes y esta solo salió a la luz por pura casualidad, gracias a la curiosidad de un joven empleado de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, nueve meses después. Aún así, el proceso de extradición contra Dorantes continuó, lo encarcelaron en Estados Unidos y lo encarcelaron después en México. Tres años después, con su salud en pésimo estado y su cuenta bancaria vacía, sigue preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Pese a los esfuerzos de su abogado Aguilar Sinzer, no existe a día de hoy ninguna razón de peso para creer que su pesadilla vaya a acabar.
No se sabe muy bien qué es lo que motiva al aparato judicial mexicano en su vendetta contra Dorantes; ni quizá ellos lo sepan. Es el laberinto surreal de El proceso de Kafka (primera línea del libro: "Alguien debía de haber calumniado a Josef K., porque, sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana") hecho realidad. Es, por elegir una analogía más contemporánea, la otra cara de la moneda de lo ocurrido en el caso de Dominique Strauss Kahn, que fue puesto en libertad por la fiscalía neoyorquina al descubrirse que la testigo en su contra no había necesariamente mentido en lo esencial al mantener que él la había violado, sino que, en términos generales, no era una persona creíble.
La vida y la reputación de Dorantes, tan admirable y decente como la de la mayoría de los mexicanos hasta que tuvo la mala suerte de toparse con la trituradora de la "ley", han sido destruidas por el sistema judicial mexicano, un sistema, por así decirlo, que ha hecho lo mismo con infinitamente más mexicanos, mucho más indefensos que él, a lo largo de muchos años. Los carteles del Golfo, de Juárez, de Sinaloa, de Tijuana y las Zetas también han destruido miles de vidas desde que el Gobierno mexicano les declaró la guerra en 2006. Unos destruyen de manera descarada y sangrienta; los otros, los responsables en teoría de proteger a los ciudadanos, lo hacen de manera más sutil e insidiosa, pero cobrando, a la larga, más víctimas.
La violencia que genera el narcotráfico en México tiene que ver más con la debilidad y la corrupción de sus instituciones de seguridad y justicia que con la fortaleza de los propios criminales. El Gobierno mexicano sí tiene que declarar la guerra. Pero se ha equivocado de objetivo. El enemigo público número uno vive en casa.
Riña de abogados
... Hace días conversaba con John Carlin, un conocido periodista de El País de España, quien recordaba su estancia en México en los años ochenta. Está convencido de "la decencia de la mayoría de los mexicanos que mantienen relaciones de civilidad pese a que México es un país sin ley". Y lo ilustraba con el caso de Sergio Dorantes, un inocente encarcelado desde hace años a consecuencia de la corrupción e ineficiencia de ministerios públicos y jueces capitalinos.
Tiene razón pero sirve de poco quejarse o relatar altercados entre abogados. Mejor exijamos al Presidente y a los jueces que piensen en el bien común.
Archivos del Poder
DORANTES. Cuatro años y siete meses ha pasado en prisión el fotógrafo Sergio Dorantes, acusado del asesinato de su esposa, Alejandra Dehesa. Ante la inconsistencia en las pruebas y la fabricación de un “testigo” que reconoció haber recibido dinero para culpar a Sergio, procedería legalmente el desistimiento de la PGJDF. Hay elementos para ello.
ROZONES
Se tambalea el caso Dorantes
Se desvanece el proceso contra el reconocido fotógrafo Sergio Dorantes, acusado con muy pocas evidencias por la administración de Andrés Manuel López Obrador por supuesto homicidio. Resulta que la única evidencia fue un testigo fabricado que la defensa del fotoperiodista demostró en 2006. El “testigo” ya fue castigado por haberlo inculpado falsamente. Y al parecer el caso está orillando a las autoridades locales a desistir de los cargos, o sea la misma medida que se tomó con la universitaria Mariel Solís, acusada injustamente de homicidio.
Cassez, Sergio Dorantes, Bar Bar
La justicia en México es, por así decirlo, un tanto extraña y no enteramente coherente. Y mejor ya no no hablamos del año en prisión que le recetaron al gerente del Bar Bar ni del tenebroso caso del fotógrafo Sergio Dorantes.
Florense Cassez... ¿qué pensar?
La justicia mexicana es terrorífica: tolera unos escandalosos niveles de impunidad, está manchada por la corrupción, castiga con implacable indiferencia a gente perfectamente inocente (el gerente del Bar Bar tuvo que pasar un año detenido antes de que le pidieran una disculpa, si es que lo hicieron, y lo mandaron de vuelta a casa; el fotógrafo Sergio Dorantes, acusado mañosamente por testigos fabricados de haber asesinado a su ex-mujer, sigue en prisión) y no garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos. Estamos hablando de una monstruosa anomalía del Estado mexicano.
Dorantes Inocente
Tengo años dándole seguimiento al caso de un fotógrafo encarcelado en un reclusorio capitalino por haber asesinado a su esposa. Reviso la evidencia disponible y concluyo que ha sido víctima y que es inocente.
Hace unos siete años empiezo a recibir correos de Sergio Dorantes, un prestigiado fotógrafo con obra publicada en los principales medios del mundo. Se le imputa la muerte por apuñalamiento de su esposa Alejandra Dehesa en julio de 2003. En una primera etapa huye pero es detenido en California; la comunidad del poblado donde se refugiaba, Sebastopol, lo considera inocente y paga la fianza para que disfrute de prisión domiciliaria.
Decido investigar el caso y lo visito en el norte de California y escucho su versión. No parece tener la personalidad de un asesino pero quien haya visitado la cárcel y haya dialogado con internos sabe cuán raros son los asesinos, los ladrones o los estafadores que asumen su culpabilidad. Todos son inocentes o tuvieron causas justificadas para delinquir; de hecho, el estudio de sus argucias mentales sienta las bases para la sociología de las negaciones. Al acercarse a este mundo debe uno seguir la regla de oro del periodismo de investigación: "si tu mamá te dice que te ama, verifícalo".
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aplica la misma regla y concluye que la Procuraduría capitalina viola el derecho de Dorantes a un debido proceso. Éste renuncia al juicio de extradición y viene voluntariamente al DF para ser juzgado. Su asunto lo toma Alonso Aguilar Zinser, un conocido penalista mexicano, quien expone gravísimas fallas en los peritajes hechos por la autoridad.
La evidencia sobre errores y omisiones tiene su máxima expresión en el comportamiento de Luis Eduardo Sánchez Martínez, el testigo cuyos dichos son la evidencia principal empleada por la Procuraduría capitalina para sostener la acusación. Es un testigo voluble y peculiar.
4 de agosto de 2003. Luis Eduardo decide presentarse a declarar voluntariamente ante el Ministerio Público. Afirma que caminaba frente a la casa de Coyoacán donde se comete el asesinato a la hora calculada por los peritos oficiales. En ese momento, relata, "salió intempestivamente una persona del sexo masculino", que "dicha persona al momento de salir chocó con... su costado derecho", que se le "notaba alterado" y que atravesó la "calle aceleradamente dirigiéndose hacia un vehículo de color rojo [que] abordó rápidamente y arrancó intempestivamente". Esa persona es Dorantes.
26 de diciembre de 2005. Luis Eduardo vuelve a declarar. En esta ocasión dice que la agente del Ministerio Público de la Procuraduría capitalina encargada del caso, María del Rocío García, lo busca porque "necesitaba un testigo para que declarara en [una] averiguación" y que si acepta, le "pagaría la cantidad de mil pesos". Su misión era bastante sencilla: decir que había visto a Dorantes salir de la casa donde se cometió el crimen. Acepta dar una declaración falsa y después de memorizar el guión "lo metieron a la oficina de [la MP Rocío], quien le indicó que no diera su domicilio particular, que diera el de su trabajo y que cambiara un dígito de su número telefónico, para que no lo pudieran ubicar". Dos días después ratifica esta corrección que exoneraba a Dorantes. Después de eso huye pero es detenido en el 2008 y lo encierran en el mismo reclusorio donde se encuentra Dorantes y cambia, una vez más, su declaración.
4 de marzo de 2009. Luis Eduardo se retuerce, recula y aclara "que las declaraciones de 26 y 28 de diciembre de 2005 no corresponden a la verdad, ya que [personal de la Procuraduría] le hicieron firmar esas declaraciones" después de presionarlo. El testigo se enfrenta a las preguntas del abogado defensor, Alonso Aguilar Zinser, e incurre en múltiples contradicciones. Luego es condenado a seis años tres meses de cárcel por falsedad en las declaraciones. En abril del 2010 las autoridades le conceden el beneficio de la preliberación lo cual impide que se realice un careo entre Luis Eduardo y Dorantes. Hay indicios de que regresa al sendero del fugado y en este mismo lapso muere Rocío, la fiscal que lo contratara.
Existen muchas otras irregularidades en un caso "paradigmático" que muestra las carencias y miserias de la justicia mexicana y la indefensión ciudadana. Dorantes busca protección en el exterior y en 2007 presenta su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, según fuentes informadas, podría pronunciarse en 2011, y exhibiría lo que sucede en la capital donde, dicho sea de paso, estamos a la vanguardia en la protección de los derechos.
Corresponde a los jueces establecer la culpabilidad de los acusados. Cuando el sistema de impartición de justicia es tan deficiente se justifica que los legos opinemos. Falta el veredicto final pero después de revisar el voluminoso expediente estoy convencido de que Dorantes es inocente.
Colabora para esta columna Delia Sánchez del Ángel.
LA MISCELÁNEA
Más sobre las autoridades capitalinas
La Procuraduría capitalina y el actual Juez 24 de lo penal, José Francisco Morales Ríos, se han empeñado en negarle un debido proceso a Sergio Dorantes y se resisten a reconocer los peritajes que lo exculpan de asesinar a su esposa. Por fortuna tenemos en la capital una Comisión de Derechos Humanos que ha protegido la integridad de Dorantes, actualmente encarcelado en el Reclusorio Oriente.
2008
REPORTAJE: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
El laberinto mexicano
Un conocido fotógrafo está preso y teme por su vida acusado, por un más que dudoso testimonio, de matar a su ex esposa
Hasta hace cinco años, la película de la vida del fotógrafo Sergio Dorantes habría sido la de un triunfador que nació pobre y superó duros obstáculos para llegar a la cúspide de su profesión. Hoy podría ser el protagonista de una versión mexicana de la película El fugitivo de Harrison Ford.
Acusado a finales de 2003, mediante un más que dudoso testimonio, de matar a cuchilladas a su ex esposa, huyó de México a Estados Unidos. Tres años después fue capturado por la policía californiana, a instancias de México, y encarcelado durante seis meses. Un juez estadounidense dictó su liberación mientras se iniciaba un proceso de extradición solicitado por la Procuraduría de la Ciudad de México, donde el crimen se cometió. El mes pasado, el mismo juez resolvió que, pese a su perplejidad ante los contradictorios argumentos ofrecidos por sus homólogos en el país vecino, no tenía más remedio que sucumbir a la voluntad de las autoridades mexicanas. Dorantes, que tiene 62 años y trabajó durante dos décadas para la revista Newsweek (y de manera más infrecuente para EL PAÍS y The New York Times, entre muchos otros), está encarcelado hoy en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México a merced de la ley de su país, durmiendo entre ratas y cucarachas, y con el temor constante de aparecer muerto en su celda.
La versión hollywoodense de El fugitivo avanza inexorablemente hacia un final limpio. La versión mexicana es enredada, opaca y cruel. México, como decía Octavio Paz, es un laberinto. Para Dorantes, cuyo caso ha sido denunciado detalladamente por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es -a día de hoy- un laberinto sin salida. Como lo es para muchos miles de mexicanos víctimas de un sistema judicial caracterizado, según un informe de Amnistía Internacional del año pasado, por "casos de detención arbitraria, tortura, malos tratos, negación de los derechos al debido proceso y juicios injustos".
Dorantes, que fue torturado brutalmente por la policía en 1989 después de haber trabajado en un reportaje sobre el narcotráfico, se fugó porque sabía muy bien del abismo que hay en México, como también ha denunciado Amnistía, entre lo que la ley dice y lo que hace.
La versión más reciente de la Procuraduría sobre el caso es que se llevó a cabo un "arduo litigio" en el que se presentaron 31 declaraciones y 18 informes periciales inculpando a Dorantes. Ésta es una lectura deliberadamente ingenua del expediente, como indica su abogado, Alonso Aguilar Zinser, uno de los más respetados juristas mexicanos. "La mayoría de las pruebas sólo constata que hubo un homicidio, lo cual es innegable, pero no vinculan a Sergio con él", dijo el abogado.
Alejandra Dehesa fue encontrada muerta a las 3.15 del 4 de julio por dos policías y parientes de la difunta en la oficina de Newsweek de la Ciudad de México, donde ella había trabajado como gerente. El cuerpo de Dehesa, de 47 años, estaba tendido en un charco de sangre, en un aseo, con un cuchillo de cocina de 35 centímetros clavado en el cuello. Desde el primer momento, la investigación careció de rigor profesional. Antes de que llegara el equipo forense, una docena de personas había pisoteado el lugar del crimen, sin excluir a fotógrafos de la prensa sensacionalista mexicana que, alertados por la policía, hicieron fotos del cadáver acuchillado que medio México vio el día siguiente.
Según un juez mexicano que le negó la libertad tras su extradición el mes pasado, la "presunta culpabilidad" de Dorantes se basa principalmente en la declaración de un testigo que dijo haberle visto salir huyendo del lugar de los hechos sobre las siete de la tarde del 2 de julio de 2003, la hora aproximada y fecha exacta en la que el asesinato ocurrió, según las autoridades. Dos años después, el mismo hombre, un joven mensajero de nombre Luis Eduardo Sánchez Martínez, hizo una declaración jurada, y filmada, ante la Procuraduría en la que se retractó de su testimonio y alegó que había memorizado un falso guión redactado por María del Rocío, una agente del Ministerio Público que le pagó mil pesos (menos de cien euros en su día) para que Dorantes fuera señalado como el asesino.
Para Aguilar Zinser, el abogado de Dorantes, hay un segundo factor que le resta toda credibilidad a la investigación. Para poder identificar a Dorantes como "presunto homicida", la ley mexicana exige que la hora de la muerte se demuestre de manera "irrefutable".
Según el expediente, el asesinato ocurrió entre las 18.00 y las 19.15 del 2 de julio, pero el abogado afirma que "no existe evidencia ni técnica ni científica que lo sustente". Con lo cual, aunque fuera verdad que el testigo hubiera visto salir a Dorantes del lugar del crimen aquel día a las 19.00, su testimonio carecería de valor.
El problema, según el abogado, reside en que la hora de la muerte fue establecida por investigadores criminalistas y no por médicos forenses, que habrían sido los indicados para llegar a una conclusión científica concluyente. El quid de la cuestión está en la temperatura del cuerpo de la víctima, que fue tomada cuando llegó a la delegación policial, aproximadamente a las cuatro de la madrugada del día 4 de julio. "La fórmula Bouchut, como es conocida, consiste en restar durante las primeras 12 horas un grado centígrado por cada hora transcurrida desde la muerte, y posteriormente medio grado centígrado por cada hora transcurrida", explicó el abogado. Lo cual apunta a que Alejandra Dehesa habría perdido la vida no sobre las 19.00 del día 2 de julio, sino sobre las 14.00 del día 3.
Entre las demás pruebas del expediente, una señala que se encontraron "indicios de sangre" en un guante hallado en la casa de Dorantes. Sin embargo, el expediente reconoce que no se estableció si la sangre era de la víctima, ni siquiera que fuera humana. Hubo también un informe psicológico que concluyó que Dorantes podría haber sido el asesino, pero ésta es una apreciación "totalmente subjetiva", como dice Aguilar Zinser, que además señala que Dorantes no tiene antecedentes penales, ni de agresión física alguna a su ex mujer.
Mientras Aguilar Zinser prepara su comparecencia ante un tribunal superior para lograr la libertad de su cliente, éste permanece en el Reclusorio Oriente, temeroso de que un preso anónimo le quite -a cambio de otros mil pesos- la vida. Reconociendo la seriedad de los temores, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México logró que la Procuraduría le pusiera dos guardias siempre que salga de su celda. Pero su futuro es incierto, condicionado por fuerzas arbitrarias sobre las que no ejerce ningún control.
En el desenlace de la película El fugitivo, la inocencia del protagonista queda demostrada y el verdadero asesino es identificado. Pero en la versión de la vida real mexicana quedan, a día de hoy, más preguntas que respuestas, y el protagonista ha sufrido de manera irreparable, sin que los guardianes de la ley estén más cerca de establecer, cinco años y medio después, quién mató a Alejandra Dehesa.
Sergio Dorantes extraditado
El fotógrafo Sergio Dorantes, a quien se le inició averiguación previa por el homicidio de la exgerente de Newsweek México, Alejandra Dehesa Pérez, es extraditado para continuar su proceso legal frente a la justicia mexicana. El juez Joseph Spero, quien dictaminó su extradición, reconoce que la PGJDF no ha actuado “con honestidad en los procesos”
El juez del Distrito Norte de California, Joseph Spero, decidió extraditar al fotógrafo Sergio Dorantes Zurita. El ministro se declaró incompetente para dar una posición sobre el testimonio y la retractación del testigo Luis Eduardo Sánchez Martínez, única prueba que vincula al fotorreportero con el asesinato de la exgerente de Newsweek México, Alejandra Dehesa Pérez.
El 3 de octubre, luego del veredicto del juez, Sergio Dorantes fue detenido. En una carta dirigida a la redacción de Contralínea el 7 de octubre desde la North County Jail en Oakland California, el fotógrafo apunta que el juez se dijo renuente a extraditarlo, pues “la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) envío información dolosa y no actuó con honestidad en los procedimientos”.
Desmentidos de la Procuraduría
En una primera carta dirigida a la redacción, el 11 de septiembre de este año, el fotógrafo advierte que la Procuraduría “continúa mintiendo a autoridades federales de Estados Unidos y se niega a reabrir el caso y considerar mi evidencia”.
Desde febrero de 2007 –fecha en que fue aprehendido el reportero gráfico en Estados Unidos– el ministro Joseph Spero emplazó el juicio de extradición cinco veces, ya con el indiciado liberado bajo caución. La Procuraduría capitalina estaba obligada a cerrar la averiguación FCH/CUH-2T2/3755/05-12, con causa penal 207/2006, para que Spero determinara si entregaba al fotógrafo a las autoridades mexicanas.
La pesquisa fue iniciada contra Luis Eduardo Sánchez Martínez, la agente del Ministerio Público María del Rocío García y Alfredo Briceño, por la probable comisión de delitos en el ámbito de procuración de justicia y falsedad ante autoridades.
El nombramiento de Miguel Ángel Mancera Espinosa al frente de la PGJDF fue respaldado por el presidente Felipe Calderón el 16 de junio de 2008. Para el 30 de julio, el funcionario negó que la agente del Ministerio Público (MP), María del Rocío García, participara en la averiguación previa COY-2/969/03-07, con causa penal 214/2003.
Un oficio remitido por Mancera Espinosa a Mónica Angélica Ávila Torres, asistente dictaminador de procedimientos penales “A”, asegura que después de revisar exhaustivamente los expedientes de la indagatoria, “no se encontró diligencia alguna realizada por María del Rocío García”.
El documento precisa que la agente del MP “puede ser autorizada para su posible participación en diligencias ministeriales, lo que no significa que participe de manera forzosa y mucho menos que determine el resultado de las mismas”.
En febrero de 2003, en el expediente FCH/CUH-2/3755/05-1 de la Fiscalía de Servidores Públicos, García aseguró desconocer la integración de la indagatoria. Sin embargo, Contralínea posee copia de las actas que demuestran que la agente sí estuvo presente en el cateo al hogar del inculpado.
Ricardo Cortés Bonilla, también agente del MP, requirió en julio de ese año que la diligencia fuera realizada por personal de la agencia. El oficio 200-207-100/I-10302, del 31 de julio de 2003, sobre el dictamen de informática de la perito Verónica Rojas Hernández, indica que “la revisión (de la computadora personal del indiciado) se realizó estando presente la agente del Ministerio Público María del Rocío García” (Contralínea 104).
Otro desmentido de la PGJDF fue el relacionado con la retractación de Sánchez Martínez. El 26 de diciembre de 2005, el testigo expuso haber sido sobornado por García y su medio hermano, Alfredo Briceño, con 1 mil pesos, para declarar en contra del fotógrafo. El declarante enunció haber visto a Sergio Dorantes salir del lugar donde ocurrió el crimen contra Dehesa Pérez.
En mayo de 2007, Leoncio Vásquez López, agente del MP de la Sala 24 penal, negó que existiera retractación de Sánchez Martínez. Esa refutación fue apoyada por la PGJDF, quien aseveró a autoridades estadunidenses que no había declinación alguna.
Un oficio realizado por la fiscalía de San Francisco anota que “se debe ignorar el alegato de Dorantes Zurita sobre el testigo presencial que rescindió de su declaración, pues representantes del gobierno mexicano le aseguraron al Departamento de Estado que dicha revocación no existe y que el argumento no tiene ningún mérito” (Contralínea 83).
Debido a la declaración, el 23 de junio de 2007, el ministro negó la libertad bajo fianza al fotógrafo. La defensa de Dorantes Zurita comprobó que sí existía la declinación con una fe de hechos notariada. La fiscalía admitió la fidelidad de la prueba y le advirtió a Mancera Espinosa que de mentir en la información presentada, se desistiría del caso y el indiciado no sería extraditado.
En agosto de 2007, el reportero gráfico fue liberado bajo fianza. La decisión de Spero fue apoyada por el juez federal Martin Jekins, para quien “existieron serias irregularidades y la fabricación de evidencia cometidas por autoridades mexicanas”.
Los alegatos de la defensa de Dorantes Zurita señala que “una vez que se volvió insostenible la mentira, el Estado peticionario (México) insistió que bajo la ley una retractación es irrelevante”.
En junio de 2008, la Sala Séptima del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) resolvió girar orden de aprehensión contra Sánchez Martínez con la intención de cerrar la indagatoria. Para Dorantes Zurita, la resolución se traducía en “un intento por extraditarlo a toda costa”.
La Procuraduría emitió una solicitud de consignación sólo contra el testigo. La orden fue negada por el juez 24 de lo penal, del Reclusorio Oriente, y a su vez apelada por la PGJDF. Finalmente la resolución fue aceptada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Según la defensa de Dorantes Zurita, para las autoridades mexicanas con dicha acción se cierra la investigación y el reportero gráfico debe ser enviado a México. Agrega que los jueces que aprobaron el arresto del testigo se apoyaron en el testimonio de García cuando negó estar involucrada en la indagatoria del inculpado.
“Dada la ostensible falsedad de declaraciones –sostienen los fundamentos de los abogados defensores– cometida por la agente del Ministerio Público, de quien se presume sobornó al testigo, y la naturaleza deshonesta de la decisión de girar orden de aprehensión en contra de Sánchez Martínez (la que carece de sustancia legal), se nota la falta de claridad. Por lo tanto, esta Corte no puede encontrar la probable responsabilidad, porque la evidencia presentada carece de integridad y fiabilidad”.
Los juristas argumentan que la orden de aprehensión contra Sánchez Martínez no significa que la investigación haya sido concluida. Observan, por el contrario, que no se ha cerrado la recomendación 7/2007 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, órgano que demandó remediar las violaciones cometidas durante el proceso contra el fotógrafo.
“Entre toda esta carencia de certeza legal –concluyen–, hay una razón que está muy clara: el gobierno no ha demostrado elementos fidedignos a esta Corte para que se pueda concluir, con suficiente grado de confianza, que Dorantes es culpable de homicidio”.
Acusado de falsedad de declaraciones en su retractación, Luis Eduardo Sánchez Martínez fue capturado y detenido en el Reclusorio Oriente en junio de 2008. De acuerdo con la carta de Dorantes Zurita dirigida a Contralínea el 11 de septiembre, durante su segunda audiencia el inculpado confesó haber mentido durante su declinación.
En la misiva, el indiciado en el asesinato de la exgerente de Newsweek México, Alejandra Dehesa Pérez, comenta que para el ministro del Distrito Norte de California, el juez 24 de lo penal debía decidir si validaba el último testimonio del declarante. Después se decidiría si el fotógrafo sería extraditado; lo que sucedió el 3 de octubre.
Sin evidencias
En entrevista con Contralínea en febrero de 2008, Dennis Riordan, entonces defensor del fotógrafo, señaló que “no hay causa probada”, es decir, evidencia suficiente para encontrar culpabilidad. El 25 de abril de 2007, el entonces subprocurador de Procesos y Mandamientos Judiciales de la PGJDF declaró al periódico Reforma que el proceso contra Dorantes no estaba sustentado en una sola evidencia, sino soportado por más de 31 declaraciones y 18 dictámenes periciales.
En un análisis sobre las indagatorias, realizado en 2004, el abogado en derechos humanos, Leonel Rivero, concluyó que era altamente probable que la escena del crimen hubiera sido manipulada, que hubo graves errores en la ejecución de las pruebas periciales y que no se profundizó en esclarecer la presencia de Óscar Jorge Sánchez en el lugar de los hechos. Éste declaró haberse entrevistado con Dehesa para pagarle una deuda por 1 mil pesos. Fue detenido en calidad de probable responsable y después liberado por el MP Ricardo Cortez Bonilla.
Otro reporte elaborado en diciembre de 2004 por la abogada Bárbara Zamora observa que no se incluyó la declaración de Gonzalo Espejel Loyola, quien durante la búsqueda de Dehesa le señaló a elementos de la policía que no faltaba por revisar el lugar donde finalmente se encontró su cuerpo.
Además –indica el análisis– se omitió la hora de la muerte en el dictamen de necropsia, que sí fue anotada por el MP cuando indicó que el 2 de julio de 2003, entre las 18:07 y 19:00 horas, el reportero gráfico privó de la vida a Alejandra Patricia Dehesa.
“El ministerio público –advierte Zamora–, no siendo perito en criminalística, está imposibilitado para establecer la hora de la muerte con tal precisión, por lo que se deduce que lo hace con la finalidad de adecuar la hora de los hechos a su hipótesis”.
Desde entonces, la abogada advirtió que después de un mes de ocurrido el homicidio, “aparece” el testigo de los hechos, Luis Eduardo Sánchez Martínez, quien declaró que el 2 de julio de 2003, entre las 19:15 y 19:30 horas, se topó con Dorantes Zurita, quien salía de manera intempestiva de la escena del crimen. La jurista determinó que “es poco creíble y en cambio parece una declaración ad hoc para sustentar la conclusión del ministerio público vertida en su pliego de consignación”.
OFICINA DE DENNIS RIORDAN, ABOGADO DE SERGIO DORANTES
En la audiencia de Octubre 3, 2008 ante el magistrado Joseph Spero de la Corte del Distrito Norteño de California, Sergio Dorantes Zurita decidió terminar su batalla legal contra la solicitud de extradición y entregarse para enfrentar el cargo hecho en su contra por la Procuraduría del Distrito Federal por el asesinato de su ex-esposa Alejandra Dehesa en julio 2003.
La solicitud de extradición se inición en San Francisco en Febrero 2007, después que Sergio Dorantes solicitó asilo político al gobierno de Estados Unidos, al hacerlo, Dorantes reveló la naturaleza del cargo en su contra pendiente en la Ciudad de México. En julio 2007,el juez Spero tomó la extraordinaria decisión de liberar a Dorantes bajo fianza, ya que de acuerdo al juez no representaba riesgo ni a la comunidad, ni de huir.
El juez Spero también encontró razones excepcionales para liberar a Dorantes, por la razón de que el único testigo en su contra, Luis Eduardo Sánchez Martínez, en diciembre de 2005, se retractó de su declaración original en 2003 y admitió que fue sobornado para declarar contra Dorantes por una agente del Ministerio Público quien trabajó en el caso; la agente María del Rocío García. De hecho, al tiempo del arresto para extraditar a Dorantes en febrero 2007, se abrió una investigación en contra de María del Rocío García y Luis Eduardo Sánchez Martínez por falsedad de declaraciones en contra de Sergio Dorantes.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal declaró públicamente que el continuar la acusación por asesinato en contra de Dorantes mientras una investigación por falsedad de declaraciones en su contra tenía lugar, constituía una violación a sus derechos humanos. Durante la audiencia de octubre 3 de 2008, el juez Spero criticó severamente a las autoridades de la Procuraduría del Distrito Federal por engañarlo repetidamente durante las audiencias de extradición declarando lo siguiente: “La Procuraduría del Distrito Federal comenzó su caso negando la existencia de una retractación por parte del testigo, cuando eso fue demostrado pública y legalmente que era falso. Uno se sorprende porqué la Procuraduría haría eso en tales circunstancias, y sin embargo lo hicieron. La Procuraduría terminó el caso poniendo en seria evidencia la veracidad de su agente del Ministerio Público, María del Rocío García, lo cual causó duda en el dicho de la Procuraduría”.
El juez Spero observó “la extraña posición legal” en la que se encontró con respecto a la extradición, ya que la Procuraduría del Distrito Federal esperaba que “la Corte aceptara la probable responsabilidad (de Dorantes) basada en el testimonio de una persona (Luis Eduardo Sánchez Martínez) el cual la Procuraduría acusa ahora de mentir (en su retractación)”. El juez Spero concluyó: “que sí estaba claro que la retractación era verdadera, entonces la acusación original era falsa”, y por tanto la probable causa para extraditar a Dorantes no existiría. Durante las audiencias hubo “mucha evidencia presentada por la defensa y la Procuraduría”. Sin embargo el juez Spero concluyó que en un juicio de extradición: “no está dentro del poder de la Corte evaluar la credibilidad de la evidencia presentada” y por ello él fue obligado a aceptar la solicitud de extradición por parte de México.
Aunque Sergio Dorantes tiene derecho de pelear contra la extradición en varios niveles de cortes federales en los Estados Unidos él ha concluído que habiendo expuesto legal y públicamente las serias irregularidades cometidas en su caso por la Procuraduría del Distrito Federal, es hora de regresar a México y establecer plenamente su inocencia en el falso cargo de asesinato en su contra. Así que Dorantes voluntariamente se entregó a los marshals de Estados Unidos al final de la audiendia el 3 de octubre 2008 y renunció a su derecho de continuar defendiéndose contra la extradición. Dorantes está detenido esperando que se le regrese rápidamente a México.
La Historia en Breve
Cartas de El Fototas
Recibí el 30 de septiembre un correo de Sergio Dorantes, El Fototas, el fotógrafo de prensa, acusado de matar en 2003 en Coyoacán a su esposa estadunidense, administradora de Newsweek en México.
Se fugó, pero fue detenido en Estados Unidos en febrero de 2007 e ingresado a un penal de alta seguridad. El gobierno mexicano solicitó la extradición. Mientras corría el proceso, un juez de California lo dejó en libertad por considerar que no representaba peligro para la comunidad.
Me escribió para explicarme que la Procuraduría del DF, su perseguidora, trata de “extraditarme a base de mentiras probadas en documentos oficiales y declaraciones juramentadas”.
Y es que el testigo clave, Luis Eduardo Sánchez Martínez, quien declaró en 2003 haber visto a El Fototas en el lugar y el día del crimen, declaró también en 2005 que había sido sobornado por la agente del MP María del Rocío García para que culpara al fotógrafo.
Con la carta, me enviaba copia de una nueva declaración de Sánchez Martínez, del 23 de junio de 2008 ante el juez 24 de lo penal en el DF, donde ratificaba la falsedad de la de 2003.
Concluía: “Las acusaciones en mi contra en California son con affidavits, así que la PGJDF no puede decir que son ‘errores’ o ‘fallas’ en las traducciones; estas han sido revisadas por profesionales aquí y supuestamente en México (…) Ciro, considero que con estos documentos se puede reclamar públicamente que la PGJDF no puede probar la probable responsabilidad”.
El Fototas se fue a entregar el 3 de octubre y firmó la dispensa de extradición. Se lo llevaron al centro de detención de Santa Clara a esperar el traslado a México, que ocurrió el viernes 24.
Me había escrito en un correo postrero que “regreso por mi propia voluntad, confiado en que tengo suficiente evidencia a mi favor”.
Seguridad pública
Extradita EU a presunto asesino de funcionaria de Newsweek
Tras varios años de litigio y haber estado preso en una cárcel de Oakland, California, Sergio Dorantes Zurita, presunto homicida de Alejandra Dehesa, administradora de la revista Newsweek, fue presentado ayer en la rejilla de prácticas del juzgado 24 de lo penal con sede en el Reclusorio Oriente. El fotoperiodista, quien es acusado de haber asesinado a Dehesa, quien fuera su esposa, en julio del 2003, fue deportado por las autoridades estadunidenses y luego de que la Procuraduría General de la República lo entregara a las autoridades del Distrito Federal, fue trasladado al Reclusorio Oriente. Durante su declaración preparatoria Dorantes Zurita negó los cargos que se le imputan y solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que será hasta el próximo viernes que se determine si se le dicta auto de formal prisión.
Acusado de asesinato se trasladará a México
En una corte californiana el miercoles, el ex-fotografo de prensa Sergio Dorantes cedió su derecho a apelar su extradición a México, donde enfrentará los cargos por el asesinato de su esposa (de la cual estaba separado), ocurrido en 2003 en la oficina de la revista Newsweek, según documentos de la corte.
Dicha corte emitió la orden de que las autoridades estadounidenses transfieran a Dorantes a la justicia mexicana.
No queda claro que tan rápido se cumplirá esta orden, pero el juicio llevará al final del capítulo mas reciente, del extraño caso de una fallida investigación policíaca, sostenida por su principal testigo quien se retractó dos veces.
Según documentos del caso, en los cinco años desde el asesinato de Alejandra Dehesa, en un principio Luis Eduardo Sánchez Martínez declaró que vió a Dorantes en la escena del crimen, retractándose luego al alegar que fue sobornado por una agente del Ministerio Público para mentir. Y finalmente volvió a retractarse regresando a su historia original.
Según las autoridades mexicanas, la retractación mas reciente sucedió luego de que este año, fue arrestado bajo el cargo de hacer falsas declaraciones a las autoridades en su primera retractación.
Dorantes huyó de la Ciudad de México en el año 2003, después de la emisión de la orden de arresto en su contra por dicho asesinato. Fue arrestado en California el año pasado.
Una vez que Dorantes llegue a México un juez decidirá, pasada una semana, si enfrentar o cancelar los cargos. Si el juicio se lleva a cabo es probable que Dorantes permanezca encarcelado, lo cual puede durar varios meses o años.
A pesar de que no existen evidencias que vinculen a Dorantes a la escena del crimen, Manuel García, abogado de Dorantes en el Distrito Federal, no fue optimista en cuanto a la cancelación de los cargos.
“Si fuera un caso normal”, un juez dejaría libre a Dorantes, dijo García, quien añadió que es probable que el juez decida en contra de Dorantes debido a la presión de los fiscales.
La escena del crimen en el caso Dehesa fue contaminada por policías no especializados y por la prensa antes de que llegaran los investigadores. Examenes forenses sobre supuestas trazas de sangre en ciertas pertencias de Dorantes y otro sospechoso en el caso, no produjeron ningún resultado.
García dijo que el otro sospechoso, un taxista, no fue investigado exhaustivamente.
El año pasado, despues de examinar el caso del asesinato de Dehesa, la Comisión de Derechos Humanos recomendó al Ministerio Público mejorar las debidas garantías procesales y la preservación de la escena del crimen.
“La verdad es que el trabajo policíaco fue una desgracia terrible”, dijo García.
SENTENCIA DE EXTRADICIÓN PUEDE SER GIRADA HOY
Una Corte en California podría decidir hoy si extradita al reportero gráfico Sergio Dorantes para que enfrente el cargo de asesinar a su esposa en 2003.
La decisión concluiría el último capítulo en un bizarro caso el cual ilustra la pobre calidad del trabajo de investigación y peritaje forense que aqueja a la Procuraduría de la Ciudad de México la cual es dada a prácticas de corrupción. Un mes después del apuñalamiento de Alejandra Dehesa, una asistente en la oficina de la revista Newsweek en la Ciudad de México un testigo llamado Luis Eduardo Sánchez Martínez declaró al Ministerio Público, que él vió a Sergio Dorantes salir nerviosamente del lugar de los hechos aproximadamente a la hora del crimen. En 2005, Sánchez Martínez se retractó de su declaración diciendo que él fabricó la declaración por un pago de #1,000, mil pesos, hecho a él por una agente del Ministerio Público la cual trabajó en el caso.
Sin embargo al comienzo de 2008, la policía de la Ciudad de México arrestó a Sánchez Martínez y esta vez se retractó de su retractación. Ahora el testigo se apega a su testimonio original y enfrenta cargo por falsedad de declaraciones por supuestamente ser sobornado, esto de acuerdo con documentos enviados por las autoridades de la Procuraduría a la Corte donde se ventila el caso de extradición.
En los Estados Unidos un proceso de asesinato centrado en un testigo de dudosa credibilidad, causaría risa. Sin embargo una solicitud de extradición no se trata de decidir si el indiciado es culpable o inocente. Mientras las autoridades de la Procuraduría capitalina insistan en que tienen un testigo afirmando ver a Dorantes en el lugar de los hechos es probable que un juez decida extraditarlo, así lo declaró Dennis Riordan, del abogado de Dorantes en San Francisco.
El viernes pasado Joseph Spero provisionalmente acordó girar extradición el día de hoy.
El abogado Riordan declaró que Dorantes ha sido detenido y ha decidido hacer a un lado la apelación contra la extradición. Sin embargo el juez Spero dará pronto su opinión acerca del caso y podría golpear a las autoridades de la Procuraduría del Distrito Federal.
Riordan dijo que durante las audiencias de extradición el juez Spero “dio de patadas a la Procuraduría (por las mentiras a la corte norteamericana)”.
Riordan también dijo que el proceso de extradición tomó bastante tiempo en parte debido a que mientras la Procuraduría insistía en la veracidad del primer testimonio de Sánchez Martínez (2003), se negaba a cerrar la investigación en la que se acusó a la agente del Ministerio Público de sobornar al testigo.
Finalmente en 2007, la Procuraduría de la Ciudad de México declaró que la agente del Ministerio Público María del Rocío García fue encontrada culpable del cargo en su contra. Aparentemente la Procuraduría constantemente entregó información confusa y contradictoria a la corte norteamericana. En palabras de Riordan: “La Procuraduría de la Ciudad de México creo un penoso embrollo de testimonios contradictorios y así al final, tomando en cuenta el interés de los Estados Unidos de que México extradite gente de allá, es muy difícil para las cortes norteamericanas negar una extradición si las autoridades de México insisten”.
Este es un último vuelco en la enredada investigación del asesinato de Alejandra Dehesa. Cómo fue que Sánchez Martínez se retractó de su testimonio original, es un misterio. Cómo fue que él se retractó de su retractación, es un secreto de estado.
El abogado de Dorantes en la Ciudad de Mexico, Manuel García, no hay relación con la agente acusada María del Rocío García, declaró que las autoridades en México no permitieron al equipo legal de Dorantes acceso a las actas con la última retractación de Sánchez Martínez, ni a hablar con él.
La oficina del Procurador de la Ciudad de México, la cual ha sido estremecida desde un erróneo cateo a una disco de adolescentes que terminó en una estampida donde murieron 12 personas, no respondieron a peticiones para una entrevista respecto al caso Dorantes.
Este caso ha estado marcado por el insuficiente trabajo de la policía. La policía no protegió el lugar de los hechos, éste fue contaminado por la policía y la prensa. Los peritos forenses econtraron artículos con indicios de sangre pertenecientes supuestamente a Dorantes y a otro sospechoso, sin embargo los indicios no produjeron ningún resultado.
Dorantes salió de México al enterarse de que una orden de aprehensión había sido girada en su contra en 2004. Fue arrestado en California en 2007.
Archivo Confidencial...
El fotógrafo Sergio Dorantes está detenido en la cárcel de North County, en EU, acusado de asesinar a su ex esposa, Alejandra Dehesa, a pesar de las irregularidades del caso, como lo fue la fabricación de un “testigo” por la PGJDF. Seguiremos de cerca este juicio.
ESCOCÉS EN LAS ROCAS.
SURREALISMO
No debemos olvidar que la justicia en México es propensa a accidentes. Mañana, Sergio Dorantes un extraordinario fotógrafo de noticias, enfrentará una audiencia de extradición que puede probar a la justicia. Dorantes es acusado por las autoridades de la PGJDF (Procuraduría capitalina) del asesinato de su ex-esposa hace cinco años. La evidencia en su contra proviene de un solo testigo, quien confesó haber mentido cuando declaró contra Dorantes.
La Procuraduría capitalina sabe que la evidencia es falsa- y los documentos presentados ante la corte norteamericana lo prueban. Sin embargo la Procuraduría aún quiere procesar a Dorantes!
En 1938, el surrealista André Breton confesó que no podía enseñar a los Mexicanos nada nuevo que no supieran del surrealismo – Se puede ver porque.
Click en la flecha de la barra de control para escuchar la entrevista del periodista Martin Moreno hecha a Sergio en la estación de radio Reporte 98.5, Septiembre 28, 2008. Si no puede conectarse y abrir con su buscador la entrevista, favor de accesar el buscador Mozilla Firefox, éste la abrirá.
Click aquí para escuchar la entrevista de Sergio en Radio Reporte 98.5 en Agosto 2008. Si no puede conectarse y abrir con su buscador la entrevista, favor de accesar el buscador Mozilla Firefox, éste la abrirá.
MIRÓN DE PALO
Harina del mismo costal
Si entre todos los antes mencionados no se hace uno solo en el tema de la inseguridad, es por algo. Pero si lo que se busca es que la justicia llegue a todos y los crímenes sean resueltos conforme a la ley, entonces, definitivamente, andamos por los rumbos del callejón de la amargura.
Hace ya tiempo, en esta siempre decorosa columna, traté el caso de Sergio Dorantes, quien espera que se haga justicia desde agosto del 2003. Mientras tanto, sigue luchando contra el testimonio amañado por una agente del Ministerio Público, la impericia de quienes llegaron primero a la escena del crimen, contra un taxista que resultó ser ex policía ministerial del Estado de México, y al que se le encontraron rastros de sangre que nunca se analizaron, además de la empecinada actitud de tres procuradores, incluido el actual, Miguel Ángel Mancera, cuya persistencia ha sido la de imputarle el asesinato de su ex esposa, sin haber coordinado una investigación medianamente seria y, lo que es peor, sin haber castigado a quienes cometieron todas esas irregularidades durante la investigación, fabricando a un culpable en lugar de llegar hasta él mediante pruebas sólidas.
Mientras ello no ocurra, seguiremos igual: ¡YA BASTA
La corrupción e ineficiencia de los policías y procuradurías capitalinas han dañado vidas humanas. En el caso del asesinato de Alejandra Dehesa, fue acusado por las autoridades capitalinas Sergio Dorantes. El ombudsman capitalino emitió tres recomendaciones, una de las cuales concluía que los derechos de Sergio Dorantes habían sido violados. Este asunto, cargado de embrollos, volverá a ser revisado bastante pronto porque Dorantes está dispuesto a ser extraditado de Estados Unidos para enfrentar, aquí, una reposición del juicio. En casos como éste veremos si va en serio la reforma prometida.
TOLVANERA
Dorantes
"Soy víctima de una fabricación ya probada. Considero que debo de hacer públicos los abusos y violaciones a la ley cometidos por aquellos que están constitucionalmente encargados de cumplirla y proteger a los ciudadanos. No de culparlos con fabricaciones de evidencia y testigos.
"Insisto, a pesar del gran riesgo que enfrento, yo y mi familia, al denunciar abiertamente la verdadera 'delincuencia organizada' en la PGJDF, es mi deber exponer a los corruptos para el beneficio propio y del resto de los capitalinos.
"Mi intención es lograr un precedente legal y que así las fabricaciones de testigos terminen.
"Solicito a la PGJDF que reabra mi caso. Estoy dispuesto a ser investigado (sin fabricaciones) y aun a estar bajo arresto domiciliario durante la investigación. Considero que una investigación honesta revelaría al verdadero asesino y así se le castigaría por el asesinato de mi ex esposa.
"Ahora con el trágico secuestro del niño Fernando Martí, se debe exponer a los elementos podridos en la PGJDF. Yo fui secuestrado en 1989, así que sé lo que es ser torturado".
Lo anterior lo escribe Sergio Dorantes, sujeto a un juicio de extradición en California, para ser presentado ante las autoridades capitalinas como presunto responsable del asesinato de su ex esposa Alejandra Dehesa.
Su caso es conocido y ha sido tratado en medios mexicanos, estadounidenses y europeos. Sergio Dorantes y Alejandra Dehesa se casaron en diciembre del año 2000 y se separaron dos años después. Ambos mantenían comunicación toda vez que Dehesa laboraba como asistente en corresponsalía en México de la revista Newsweek. Dorantes, fotoperiodista de profesión, trabajaba para la revista.
El 4 de julio del 2003 Dehesa apareció muerta en las oficinas de la revista en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. La habían acuchillado.
Un mes después del crimen apareció un testigo que, según la averiguación previa, se había presentado de manera voluntaria para dar su testimonio.
El compareciente, de nombre Luis Eduardo Sánchez, dijo haber visto a Sergio Dorantes salir de la oficina de manera apresurada y tomar un auto rojo para escapar. La Procuraduría de Justicia capitalina consignó como culpable del homicidio a Dorantes y la juez 24 de lo penal giró orden de aprehensión en contra del fotógrafo.
Aunque del caso hay dos expedientes. En uno, Luis Sánchez inculpa, en otro se arrepiente. Esto fue constatado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que ya emitió una recomendación para que la Procuraduría capitalina revise el procedimiento. Un testigo extraño con una dudosa autenticidad en su dicho que hace tambalear una investigación de por sí deficiente.
Dorantes, quien desde un inicio se dijo inocente, salió del país. El 20 de febrero de 2007 fue detenido en San Francisco, debido a una petición de extradición de la Procuraduría capitalina.
Cuenta Dorantes: "el 24 de agosto (del 2007) fui liberado bajo fianza de la prisión de máxima seguridad North County en Oakland, California. Estuve detenido por 6 meses y 3 días. El 24 de julio el magistrado federal Joseph Spero resolvió la libertad bajo fianza, el fiscal apeló y el 22 de agosto el juez federal Martín Jenkins acordó con el veredicto del magistrado Spero. Ellos coincidieron que en mi caso hay 'varias serias irregularidades y la fabricación de evidencia' cometidas por la autoridad".
El juez Spero volvió a diferir su decisión para emitir un veredicto sobre la solicitud de extradición que el gobierno de México hizo a Estados Unidos porque solicitó al gobierno mexicano aportar nuevas pruebas, ya que no puede dictar sentencia basado en el testimonio de una persona que se retractó.
No parece ser una historia extraordinaria. No, si nos atenemos a la sucesión de testimonios de miles de personas que dicen haber sido acusadas injustamente y con pruebas deficientes.
Seguramente hay personal probado y capacitado, honesto y competente en el aparato de justicia. En las policías preventivas, en las áreas investigadoras, en los ministerios públicos, e incluso en los juzgados. Aunque son sometidos y hundidos por la articulación de los intereses delictivos. Se hace trampa para ser premiados (ahora resulta que los policías galardonados son los capitanes de las bandas de delincuencia organizada), se tima para obtener bonos de desempeño, se inculpa a inocentes para lo- grar incentivos económicos. De cinco casos se resuelven tres para acrecentar el récord y dos se dejan al mejor postor de la corrupción, de la complicidad, de la transa.
La administración del delito, que no de la justicia, construye la ficción.
Dorantes alega inocencia. Está dispuesto a presentarse en México a enfrentar su caso. Pide ser juzgado de manera imparcial, sin fabricación de pruebas. Quiere, de todas formas, sentar un precedente de denuncia y de determinación. ¿Alguien le tomará la palabra?
Botica
Viejo conocido
Hace una semana publicamos que el subprocurador de la PGJDF, Rafael Mateos Poumián, tenía, posiblemente, doble cachucha: defensor de la familia de Alejandra Dehesa y funcionario público. Él no se dio por aludido. Ahora sabemos por Emilio Álvarez Icaza que Mateos y quien se encarga de la agencia 50 de la mencionada Procuraduría, evitaron “una adecuada procuración de justicia” (caso News Divine). Además, nos informan que Rafael siendo fiscal en la delegación Miguel Hidalgo, no hizo su trabajo y la pistola del asesinato en el caso Guindi, desapareció. ¿Qué sigue?
ESCOCÉS EN LAS ROCAS
LEWIS CARROLL TE PRESENTO A FRANZ KAFKA
La especulación crece frente a los sucesores de Joel Ortega y Félix Cárdenas. Entre los candidatos, está el subprocurador Rafael Mateos Poumián. Su bufete jurídico ha representado a la familia de Alejandra Dehesa, exadministradora de la revista Newsweek en México y asesinada hace cinco años. Desde entonces la familia Dehesa ha culpado a su exesposo, el reportero gráfico Sergio Dorantes, de haber cometido el crimen.
¿Representará el bufete jurídico de Mateos Poumián aún a la familia Dehesa? Esta semana Jorge Meléndez, columnista de El Universal, cuestionó este hecho. Dice que nadie ha desmentido esta información. De ser así, representaría un enorme conflicto de intereses en un país donde desafortunadamente abundan estos casos.
Actualmente Dorantes espera la audiencia de extradición en Estados Unidos, acusado de asesinato por la misma dependencia en la que Mateos Poumián se desempeña como subprocurador. Sin embargo, la audiencia ha sido pospuesta mientras el juez norteamericano considera la evidencia en el caso, el cual el abogado del acusado describe como “Lewis Carroll te presento a Franz Kafka”.
La evidencia presentada ante la corte en contra de Dorantes se basa en el testimonio de un testigo que fue sobornado por una agente del Ministerio Público. Más tarde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal descubrió que el testigo se retractó ante las autoridades de su acusación. Para agravar la situación, la agente del Ministerio Público involucrada incurrió en falsedad de declaraciones, cuando aseguró que no tenía nada que ver con la averiguación previa del caso. En palabras del abogado norteamericano fue “una descarada mentira”. El litigante tiene en su poder actas del expediente, donde se comprueba la participación de la agente en la pesquisa.
BOTICA
¿Fue El Dinero?
¿DOBLETE?
En el caso de Sergio Dorantes acusado del asesinato de Alejandra Dehesa, hay otra situación oscura. El subprocurador en el DF, Rafael Mateos Poumián, era el abogado litigante de los familiares de ella. ¿Habrá renunciado a su defensa? Pregunta obligada en un país donde funcionarios son empresarios y tenemos legisladores que defienden a consorcios para obtener devolución de impuestos. Ejemplos: panistas.
Cuidado
Sergio Dorantes ha sido perseguido por las autoridades judiciales capitalinas a raíz del asesinato de Alejandra Dehesa. El único testigo, aparentemente comprado, Luis Sánchez Martínez, se ha contradicho. Este 27 de junio habrá un juicio de extradición en EU y de resolverse que lo envíen a México, el notable fotógrafo estará en graves problemas, ya que la PGJDF ha actuado sin pruebas evidentes. Grave asunto.
Sergio Dorantes cerca de la extradición
La Sala Séptima del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió girar orden de aprehensión contra el testigo fabricado Luis Sánchez Martínez, en el caso del homicidio de la gerente de Newsweek México, Alejandra Dehesa. “Con esa decisión, se cumple la petición del juez estadunidense y me pone más cerca de la extradición”, considera el periodista
Con la intención de cerrar la averiguación FCH/CUH-2T2/3755/05-12, con causa penal 207/2006, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) logró que la Sala Séptima del Tribunal Superior de Justicia emitiera la orden de aprehensión del testigo fabricado Luis Eduardo Sánchez Martínez. La resolución –según el indiciado Sergio Dorantes Zurita– era buscada “a toda costa” por la PGJDF para obligar su extradición.
Durante la integración de la averiguación COY-269-03-07 –abierta por el asesinato de la gerente de Newsweek México, Alejandra Dehesa, ocurrido el 2 de julio de 2003– se inició otra investigación contra la agente del Ministerio Público, María del Rocío García, Alfredo Briceño Martínez y Luis Eduardo Sánchez Martínez, por la probable comisión de delitos en el ámbito de procuración de justicia y falsedad ante autoridades.
La procuraduría está obligada a cerrar esa pesquisa para que el juez del Distrito Norte de California, Joseph Spero, determine si entrega al fotógrafo Sergio Dorantes Zurita a la justicia mexicana, indiciado por el homicidio de su ex esposa, y quien enfrenta un proceso de extradición en Estados Unidos, donde fue arrestado el 20 de febrero de 2007 y liberado bajo caución cinco meses después.
En febrero pasado, Joseph Spero le otorgó 90 días a la PGJDF para que informara si procedería o no con la indagatoria FCH/CUH-2T2/3755/05-12. De no cumplir con la orden, Dorantes Zurita no podría ser extraditado.
La procuraduría capitalina recurrió a una solicitud de consignación únicamente contra Luis Sánchez Martínez. La orden fue negada por el juez 24 de lo penal del Reclusorio Oriente y finalmente aceptaba por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, luego de una apelación de la procuraduría.
El foto reportero considera que con esta actuación las autoridades intentan a toda costa lograr su extradición. Su abogado, Manuel García, niega que se pueda solicitar la captura de un solo indiciado, cuando la averiguación incluye a más de uno: “Los exime, mientras del otro aseguran que mintió en su retractación”.
Como único testigo, Sánchez Martínez aseguró haber visto al reportero gráfico en el lugar donde ocurrió el crimen. Para el también defensor del fotógrafo, Dennis Riordan, ese testimonio es la única prueba que lo vincula al crimen, pues “no hay causa probada, es decir, evidencia suficiente para encontrar culpabilidad”.
El 26 de diciembre de 2005, el declarante expuso que fue sobornado por María del Rocío García y su medio hermano Alfredo Briceño Martínez con 1 mil pesos para declarar en contra del fotógrafo. Ése fue el detonante para iniciar la indagatoria FCH/CUH-2T2/3755/05-12, con causa penal 207/2006, la que llevó a Sánchez Martínez y Briceño Martínez de testigos a probables responsables por falsedad ante autoridades. Mientras, a la agente del Ministerio Público María del Rocío García se le acusó por la probable comisión del delito en el ámbito de procuración de justicia.
Incluso, la procuraduría negó ante el gobierno de Estados Unidos que la declinación existiera. Así se advierte en un oficio realizado por la fiscalía de San Francisco: “Se debe ignorar el alegato de Dorantes Zurita sobre el testigo presencial que rescindió de su declaración, pues representantes del gobierno mexicano le aseguraron al Departamento de Estado que dicha revocación no existe y que el argumento no tiene ningún mérito” (Contralínea 83), no obstante que la retractación fue transmitida en televisión y existen actas firmadas por él mismo confirmando que fue comprado.
En la audiencia, celebrada el 23 de junio de 2007, Spero le negó la libertad bajo fianza al periodista debido a esa afirmación. Luego, la defensa del reportero gráfico comprobó que existía la revocación con una fe de hechos notariada, prueba que la fiscalía de San Francisco admitió como fidedigna.
Al tiempo, en México, el agraviado –Sergio Dorantes– y su defensoría reiteraron a la Comisión de Derechos Humanos el Distrito Federal (CDHDF) que existían irregularidades en la integración de la averiguación COY-2T1/969/03-07.
El órgano emitió en abril de 2007 la recomendación 07/2007, en la que observa que “se violentó el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso en dicha indagatoria, en virtud de que la procuraduría realizó consignaciones utilizando las declaraciones contradictorias del testigo (Sánchez Martínez) sin verificar de manera fehaciente la veracidad de las mismas”.
Sugirió que la PGJDF continuara con la pesquisa FCH/CUH-2/3755/05-12 y ampliara la investigación sobre los servidores públicos que participaron en la integración de la primera averiguación COY-2969-03-07. A un año de emitida la recomendación, la PGJDF procederá solamente contra Sánchez Martínez.
El juez de Distrito Norte de California ya le había solicitado a la procuraduría que le notificara los avances en la averiguación FCH/CUH-2/3755/05-12 y, sin que hubiera una respuesta, el 24 de agosto del año pasado se liberó bajo caución al reportero gráfico que estaba encarcelado en la prisión de máxima seguridad North County en Oakland, California. La resolución fue ratificada por el juez federal Martin Jenkins, pues “existían serias irregularidades y la fabricación de evidencia cometidas por autoridades mexicanas”.
En la emisión radiofónica Frente al país, del 22 de enero, entrevistado por Pablo Hiriart, Miguel Ángel Mancera Espinoza –subprocurador de Procesos de la PGJDF– señaló que la declaración del testigo está sólo sustentada en su dicho.
“De ser así –apunta Dorantes Zurita– su primera declaración, que la procuraduría insiste en validar, fue también sólo un dicho porque, contrario a lo que establecen los lineamientos, nadie corroboró su testimonio”. También el subprocurador señaló que se solicitó la consignación de María del Rocío García, pero los jueces determinaron que no había elementos suficientes.
Opina que por esta razón, el testimonio de Sánchez Martínez carece de validez, aunque gracias a esa declaración se le giró la orden de aprehensión: “La procuraduría no admite este hecho; hacerlo sería reconocer que el testigo sí fue fabricado por María del Rocío García y Alfredo Briceño Martínez”.
Para el fotógrafo, la procuraduría protege a la agente del Ministerio Público y su hermano. “Con la decisión del Tribunal –advierte– se cumple la petición del juez estadounidense y me pone más cerca de la extradición”. Prevista para el 18 de abril, la audiencia donde se decidirá si será o no entregado a las autoridades mexicanas, fue aplazada hasta el 27 de junio.
Recomendación y disimulo
El 12 de abril de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 08/2007 por la violación al derecho a la seguridad jurídica a favor de la agente del Ministerio Público, María del Rocío García.
En su queja, la funcionaria señaló que la pesquisa FCH/CUH-2T2/3755/05-12 no se integró en la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos de la PGJDF, cuando de un análisis de la causa penal 207/2006, la CDHDF apuntaba en la recomendación 07/2007 que ambas indagatorias –COY-2/969/03-07 y FCH/CUH-2T2/3755/05-12– sí habían sido radicadas en la Unidad 3 de dicha fiscalía.
La peticionaria también señaló que la pesquisa no había sido capturada en el Sistema de Averiguaciones Previas, “lo que facilita la manipulación del contenido de la indagatoria”. Alegó que transcurrieron 60 días desde iniciada la investigación, antes de ser citada para sustentar su defensa. Aseguró no conocer a Sánchez Martínez, cuya “declaración imprecisa –dijo– la dejó en estado de indefensión”, y haber sido amenazada por agentes de la policía judicial.
Manifestó que la indagación sobre el asesinato de Dehesa se inició en la Agencia de Coordinación Territorial COY-2, cuando hasta agosto de 2004 ella era responsable de la COY-1, por lo que negó haber conocido la integración de la averiguación previa COY-2T1/969/03-07. “Los asuntos ventilados en COY-2 fueron totalmente ajenos a ella”, asienta la recomendación. Sostuvo que la indagatoria estuvo a cargo de otros titulares agentes del Ministerio Público y bajo la supervisión de la coordinadora Claudia Morales González.
Sin embargo, según consta en una solicitud de cateo firmada por Ricardo Cortés Bonilla, agente del Ministerio Público con fecha del 28 de julio de 2003, y dirigida al juez penal correspondiente, se le pide que la diligencia sea realizada por personal de la agencia, que incluye a María del Rocío García.
La petición tuvo como fin buscar y asegurar objetos, entre ellos, la computadora para que el perito en materia de informática determinara fecha, hora y destinatario de los correos electrónicos que Dorantes dijo haber enviado el día en que sucedió el delito. El oficio 200-207-100/I-10302, que rinde ese dictamen de informática, enviado el 31 de julio de 2003 y firmado por la perito Verónica Rojas Hernández señala que “la revisión se realizó en presencia de la agente María del Rocío García y Hugo Aguilar Estrada, responsable de informática de la Agencia COY-2”.
Dorantes Zurita observa que “María del Rocío García participó en el cateo del 29 de julio de 2003 en mi domicilio. En actas existe la declaración de peritos que acreditan que la agente del Ministerio Público tuvo activa participación en la investigación COY-2/969/03-07”.
Archivos del poder
Archivos confidenciales… Otro asunto plagado de irregularidades y fabricación de evidencias, según han determinado las investigaciones, es el del fotógrafo Sergio Dorantes, acusado de haber asesinado a su ex esposa en la Ciudad de México. Dorantes fue liberado bajo fianza de una cárcel en North County, Oakland, y enfrenta un juicio de extradición, mientras una mujer llamada María del Rocío García, quien trabaja en la PGJDF, y su medio hermano, aparecen en este caso como los responsables de haber comprado al supuesto testigo que señala a Sergio como el asesino. Las evidencias contra Dorantes son débiles y, según acusa, el verdadero asesino sigue libre
ESCOCÉS EN LAS ROCAS
A fin de mes Sergio Dorantes enfrentará una audiencia de extradición en Estado Unidos. Dorantes es un fotógrafo de noticias internacionalmente reconocido y a quien las autoridades judiciales de la Ciudad de México acusaron de asesinar a su ex esposa en las oficinas de la revista Newsweek, donde ella trabajaba como administradora.
El por qué las autoridades de México continúan buscando su extradición es un misterio. No hubo evidencia material en el lugar de los hechos que pudiera implicar a Dorantes; como sangre o huellas digitales en el arma asesina.
La única evidencia contra el reportero gráfico es la que dio un testigo, quien de repente recordó – un mes después del evento – que un hombre alterado, el cual correspondía a las características de Dorantes, lo había empujado cuando apresuradamente se alejaba de la oficina de Newsweek.
Sin embargo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) descubrió que el testigo había recibido un pago de mil pesos por parte de una agente del Ministerio Público para que aquél proporcionara una confesión. La agente del Ministerio Público involucrada en el soborno, María del Rocío García, continúa trabajando en su puesto.
En sus testimonios ante la Fiscalía de Servidores Públicos, la agente María del Rocío García declaró que ella no tuvo nada que ver con la averiguación previa de Dorantes, ya que ella estaba asignada a una coordinación diferente a la que investigó el crimen. Pero actas del expediente muestran claramente que ella estuvo involucrada, al grado de revisar la computadora personal de Dorantes.
Tan pronto como descubrió que había sido acusado del crimen, Dorantes huyo; lo hizo por temor a ser encarcelado por años sin ser juzgado.
Las cárceles en México son lugares muy peligrosos, y para Dorantes podría ser aún más peligroso; él en las calles de la ciudad fue golpeado, y casi muerto, por delincuentes contratados por traficantes de drogas a los cuales fotografió.
Dorantes ha dejado claro que él no tiene problema alguno en regresar a México siempre y cuando se le asegure un juicio imparcial. Desafortunadamente eso es lo último que se puede asegurar en nuestro sistema de “justicia”.
Click aquí para escuchar la entrevista de Sergio en Radio ABC en abril 2008. Si no puede conectarse y abrir con su buscador la entrevista, favor de accesar el buscador Mozilla Firefox, éste abrirá la entrevista.
MIRÓN DE PALO
Nacer... morir...
La verdadera historia de una persona no comienza con su nacimiento. Nacer es un hecho azaroso, casi trivial en sí mismo, y nada nos dice acerca de lo que nos depara el futuro. En cambio, las decisiones que tomamos y los actos que realizamos lo significan todo: son nuestro rumbo y nuestro destino. Cruzar una calle, enamorarnos o hacer un simple viaje pueden determinar qué rumbo habremos de seguir, definiendo finalmente quiénes seremos en el futuro, ya sea el día de mañana o a la vuelta Pde cincuenta años.
Si, por ejemplo, un hombre decide emigrar de su país, buscando superar las condiciones que limitan su vida, entonces estará escribiendo su propia historia de manera singular, mientras, al mismo tiempo, encara también los rigores del azar.
El verdadero autor de esta historia es pues un hombre singular. Un día, decidió cambiar el rumbo de su vida y, a temprana edad, optó por convertirse en el artífice de cuantas cosas le permitió su voluntad: vivió en Europa y en Medio Oriente; viajó por todo el mundo; con su cámara, fotografió a ricos y a famosos, pero también se asomó con ella a la tragedia anónima de los más necesitados; posó con Presidentes y Secretarios de Estado; retrató la vida estrambótica de algunos rockeros y el glamour de las estrellas de Hollywood. Incluso, hay quienes aseguran que se enfrentó al mismísimo Mike Tyson, a quien luego de fotografiar en circunstancias ciertamente comprometedoras, le aguantó un round entero sin gritar ni una sola vez: ¡por las orejas nooo!... Al final, gracias a su tesón, este hombre llegó a convertirse en uno de los más importantes fotógrafos de prensa que ha dado nuestra castigada patria, demostrando que la verdadera voluntad puede llegar a transformar a un ser humano, incluso a pesar de haber nacido éste en la pobreza.
El éxito, sin embargo, es tan azaroso como el propio nacimiento: teje sus redes alrededor de nosotros, y hay ocasiones en las que la voluntad no alcanza para superar las vicisitudes a las que nos conduce, pudiendo convertirse en una pesadilla.
A raíz del asesinato de Alejandra Dehesa, ocurrido en julio de 2003 y conocido como "El caso Newsweek", el hombre de esta historia, Sergio Dorantes, se vio envuelto en una maraña de sucesos que lo llevarían a perderlo todo. De hecho, su desgracia comenzó con una frase lapidaria, largada por uno de los policías judiciales que entonces se encargaban de investigar el caso. A su petición para hablar con un abogado, en virtud de sus derechos constitucionales, el policía le respondió: "¡Aquí, la Constitución soy yo!"... A partir de ese momento, la vida de Dorantes comenzaría a desmoronarse, pues pronto se sabría acusado del asesinato de su ex mujer.
Los acontecimientos posteriores sólo serían el colofón de lo anterior: un cuchillo en el cuello de la víctima, que nunca tuvo las huellas de Dorantes; un taxista, en cuyo auto se encontraron rastros de sangre, pero que jamás fue considerado como sospechoso; una agente de Ministerio Público que consiguió a un testigo, quien aseguraba haber visto a Dorantes saliendo del lugar de los hechos, justo la noche del asesinato, pero que prestó su declaración un mes más tarde y luego se retractó en un video que se filtró a la televisión, confesando que le habían pagado mil pesos por inculpar a Dorantes... ¡Mil pesos!
Aún hoy, la PGJDF no ha sido capaz de presentar ninguna prueba material que vincule a Dorantes con el crimen. Y, de hecho, la evidencia más fuerte en su contra se basa en la declaración de ese supuesto testigo, sin que su retractación la haya invalidado del proceso y, peor aún, sin que se haya hecho un verdadero esfuerzo por indagar a fondo lo ocurrido.
Así, la orden de aprehensión sigue vigente contra Dorantes, incluso a pesar de que, en alguna ocasión, el ex Procurador Bernardo Bátiz admitió la existencia de numerosas irregularidades en la instrucción del caso.
En agosto de 2007, Dorantes salió bajo fianza de una prisión de máxima seguridad en California, Estados Unidos. Hoy se encuentra pendiente de extradición, temeroso de escuchar otra frase lapidaria...
Moraleja:
Sólo hay una forma de nacer, pero mil formas distintas de morir: la de Alejandra Dehesa, un cuchillo; la de Sergio Dorantes, un billete de mil pesos. Definitivamente, la vida misma es lo azaroso.
© Pedro Lara y Malo.
laraymalo@hotmail.com Copyright
Sergio Dorantes: De periodista internacional a víctima de injusticia mexicana
En otro país (quizá más "avanzado") Sergio Dorantes tal vez fuera una eminencia, una celebridad condecorada y admirada por propios y extraños.
De 1974 hasta 2003, Dorantes fue uno de los fotógrafos mexicanos más contratados por medios internacionales, como los periódicos ingleses The Sunday Times, The Sunday Observer, The Daily Telegraph, y la revista The Economist.
También trabajó para publicaciones norteamericanas como las revistas Time, Newsweek, el diario The New York Times, y francesas y alemanas como Paris Match y Stern.
Pero a pesar de su impresionante historial profesional, Dorantes, de 61 años, no es reconocido en México, su país, sino al contrario: Fue perseguido y acusado como uno de los peores criminales.
El cargo: Asesinar a su ex-esposa, Alejandra Patricia Dehesa Pérez Reguera, quien también era gerente de la oficina de Newsweek en México.
El cadáver de la mujer fue encontrado en su oficina, con 1 herida de cuchillo en el cuello.
En diciembre de 2003, se ordenó la captura de Dorantes como presunto autor del homicidio. Según la Agencia 50 del Ministerio Público, un testigo llamado Luis Eduardo Sánchez Martínez, afirmó haber visto a Dorantes salir apresuradamente del edificio poco después de cometido el asesinato.
Pero según Dorantes, él no tuvo nada qué ver con el homicidio. Sin embargo, sabiendo cómo se las gasta la "justicia" en México, prefirió huír a Estados Unidos en enero de 2004, donde solicitó su residencia y asilo político.
Más tarde, en diciembre de 2005, el presunto testigo se desdijo de su declaración inicial. Confesó que la fiscal María de Rocío García le pagó mil pesos para que inculpara a Dorantes del crimen, y así "poder archivar el caso".
El video donde el testigo Sánchez Martínez se desdice fue difundido por la cadena Televisa y está en internet.
Meses atrás, Dorantes me escribió para contarme de su caso y pedir que lo difundiéramos.
"Siendo inocente (...) dejé el país para poder investigar y defenderme de esta infame acusación que ha destruído mi vida y mi carrera", escribió.
Al recordar el día de la muerte de su ex esposa, Dorantes afirma que lo estuvieron interrogando por 9 horas en la delegación policiaca, y "constantemente intimidado por un grupo de 6 peritos, dos judiciales y el judicial a cargo, Alfredo Velásquez, quien me intimidó y me forzó a dar muestras de pelo y uñas".
Lo desnudaron, lo fotografiaron y le negaron acceso a abogado durante 4 horas de la interrogación.
"Todo el tiempo me repetían: 'Diga la verdad. Al final lo vamos a atrapar'", escribió Dorantes.
Según afirmó, ya ha probado su inocencia, "desenmascarando la conspiración en mi contra hecha por malos elementos de la (Procuraduría de Justicia del Distrito Federal), quienes pagaron a un 'testigo' para que declarara en mi contra. Este testimonio es la única evidencia en mi contra y por la cual el Juez 24 Penal, giró orden de aprehensión en mi contra".
"No hay ninguna otra evidencia en mi contra. No hay huellas digitales, cabello, DNA, sangre, nada, solo el testimonio del 'testigo'.
En Estados Unidos, Dorantes vivió tres años, hasta que en febrero de 2007, fue detenido por marshals norteamericanos en San Francisco, a petición del gobierno mexicano que pedía su extradición.
Fue trasladado a una prisión federal de alta seguridad en California, donde duró encarcelado más de seis meses, tras lo cual fue liberado bajo fianza.
Según relató Dorantes, los jueces norteamericanos Joseph Spero y Martin Jenkins coincidieron que su caso tenía "varias serias irregularidades", entre ellas "fabricación de evidencia", y detuvieron hasta abril una audiencia para su extradición, pendientes a que el gobierno mexicano presente pruebas más "convincentes" de su culpabilidad.
No sólo eso: En abril de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 7/2007 a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, al encontrar serias irregularidades en el caso, y la violación de los derechos humanos de Dorantes.
El caso no ha permanecido anónimo. En su sitio de internet, www.sergiodorantes.com, Dorantes enlista copias de reportajes, entrevistas y noticias de medios de todo el mundo que detallan su caso: Desde los principales periódicos y cadenas de televisión de México, hasta los diarios San Antonio Express-News de Texas, The Financial Times de Londres, El País de Madrid y otros.
Pero ni siquiera su fama, su prestigio, ni sus nexos con poderosos medios le evitaron a Dorantes caer en la telaraña de la (in) justicia mexicana, que le acabó costando la carrera y hasta la libertad.
Por cierto, ¿qué creen que le pasó a la fiscal María del Rocío García, que le pagó al testigo para declarar mentiras y "archivar" el caso rápido? ¿Fue sancionada, juzgada o al menos investigada?
Para nada: Fue "ascendida" a asesora especial de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
Con todo, Dorantes fue afortunado. Tenía los medios y contactos para salir del país. Ha logrado atraer la atención internacional a su tragedia, y sonar la alarma de que la justicia mexicana quizá no sea tal.
Pero, ¿qué hay de la demás gente inocente a la que han acusado injustamente, y que no cuenta ni con los medios ni contactos de Dorantes?
¿Cuánta gente está purgando condenas en las cárceles mexicanas, acusados de delitos que no cometieron, denunciados por testigos fabricados a sueldo?
Si esto le hacen a un periodista tan renombrado como Dorantes, ¿qué se puede esperar de una persona que no tiene la facilidad de acceso a los medios internacionales, como usted o como yo?
¿Cuántos otros casos similares o peores pasan todos los días en México?
¿Cuántas vidas de personas buenas y trabajadoras son destruídas de un plumazo o por la corrupción o apatía de fiscales o jueces deshonestos o simplemente flojos como le tocaron a Dorantes, sin que a nadie le importe? ¿Cuántas familias han sido destruídas así?
Lo peor de este caso es que no sólo afecta a una persona individualmente, como pudiera ser Dorantes o cualquier otro, lo que de por sí ya es una tragedia.
No, también deja en ridículo ante todo el mundo la profesionalidad de la justicia mexicana.
De por sí la imagen que se tiene de México es de que aún impartimos la justicia a punta de pistola.
Y, desafortunadamente, parece que no andan muy errados.
Juez decide no extraditar a Sergio Dorantes
La justicia estadunidense dictamina no extraditar al fotógrafo Sergio Dorantes hasta que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal presente elementos suficientes. Los jueces coinciden en que hay serias irregularidades y fabricación de evidencia en la investigación del asesinato de la exgerente de Newsweek México. “Éste y otros precedentes legales validan mis reclamos de inocencia”: Dorantes
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tiene 90 días para informar al juez del Distrito Norte de California si procederá o no la investigación relacionada con la fabricación del testigo Luis Eduardo Sánchez Martínez, en el caso del homicidio de la exgerente de Newsweek México, Alejandra Dehesa. De no cumplir con la resolución del juez Joseph Spero, el fotógrafo Sergio Dorantes Zurita no podrá ser extraditado.
En audiencia celebrada el 18 de agosto, Spero reiteró su solicitud a la PGJDF para que resolviera sobre la averiguación previa FCUAH-2/33755/05/12 con causa penal 207/2003 en contra de Sánchez Martínez, por la probable comisión del delito de falsedad. El declarante aseguró haber visto a Dorantes Zurita salir del lugar de los hechos. Según Manuel García Garrido –abogado de Dorantes en México–, el testimonio fue la única “prueba” que vincula al fotógrafo con la escena del crimen.
En su recomendación 7/2007, emitida en abril del año pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) verificó que en la causa penal 207/2006 Sánchez Martínez declaró haber sido sobornado por la ministerio público María del Rocío García con 1 mil pesos para declarar en la averiguación previa COY-2/969/03-07. La Procuraduría negó que existiera dicha retractación, como se observa en un documento realizado por la fiscalía de San Francisco (Contralínea 33).
La Comisión informó que “se violentó el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso en la averiguación previa, en virtud de que la procuraduría capitalina realizó consignaciones utilizando las declaraciones contradictorias del testigo, Luis Eduardo Sánchez Martínez, sin verificar de manera fehaciente la veracidad de las mismas”.
Así, recomienda que el procurador capitalino continúe con la averiguación previa que se le sigue a los servidores públicos involucrados en la investigación del homicidio. Según la recomendación de la comisión, la investigación seguía congelada. Pese a que la CDHDF le concedió a la Procuraduría seis meses para hacer las indagatorias, aún no hay resultados.
Incluso desde agosto de 2007, el sistema judicial estadunidense solicitó a la PGJDF que notificara si cerraba o no la pesquisa. Cinco meses después, no han recibido respuesta. Sin que en la primera prórroga hubiera una contestación, el juez del Distrito Norte de California le otorgó la libertad bajo fianza a Dorantes Zurita el 24 de junio, quien estaba arrestado en la prisión de máxima seguridad North County en Oakland, California.
La decisión fue apelada por la fiscalía de San Francisco; sin embargo, el 22 de agosto el juez federal Martin Jekins ratificó la libertad bajo caución. Los ministros coincidieron en que había serias irregularidades y la fabricación de evidencia cometida por autoridades mexicanas.
Para Dennis Riordan –abogado defensor de Dorantes en San Francisco, California– se trata de un caso complejo y único, pues a la par avanzan dos procesos: el del asesinato de Alejandra Dehesa y el del testigo fabricado. En su opinión no hay causa probada, es decir, no hay evidencia suficiente para encontrar culpabilidad. En todo caso, ello sólo depende de las declaraciones del testigo que admitió que eran falsas.
Días antes de la audiencia, el litigante ya anticipaba que habría una prórroga, pues todavía no hay una respuesta clara del organismo, y el juez esperará que se resuelva primero la situación en el Distrito Federal antes de dictaminar si hay extradicción o no.
“Que no lo extraditen obedecerá a lo que suceda en México. Si la oficina del fiscal va a seguir la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y si hay una resolución clara, el juez va a progresar y tomará una decisión”, explica.
Dorantes lucha por su inocencia
En carta dirigida a la redacción de Contralínea, el fotoperiodista apunta que hay precedentes que reiteran su inocencia, tal como la recomendación de la CDHDF, que concluyó que durante la investigación del caso se violaron sus derechos a la certeza jurídica y al debido proceso.
También la retractación de Luis Eduardo Sánchez Martínez, transmitida en televisión nacional y el amparo con las actas firmadas por él mismo confirmando que fue sobornado, así como el veredicto de libertad bajo fianza –resolución calificada de única en Estados Unidos– y la decisión del 18 de enero de aplazar la sentencia, pues el juez consideró que no había elementos suficientes para la extradición mientras la PGJDF no cumpla con la investigación contra quienes fabricaron el testigo.
De regreso de la audiencia, el fotógrafo se siente aliviado. Pase lo que pase, la decisión del juez –explica en entrevista– es el tercer precedente legal en una corte estadunidense donde se comprueba que no hay suficientes elementos en su contra. “En cierta forma –señala– validan mis reclamos de inocencia”.
Además de la observación sobre las irregularidades en el caso, el juez federal Martin Jekins resaltó dos elementos relacionados con el juicio de extradición: el que el reportero gráfico tenga una solicitud pendiente de asilo político en Estados Unidos y el arraigo que el fotoperiodista tiene con la comunidad donde vive desde 2004.
Sergio Dorantes señala que, de no haber extradición, él podría continuar con su vida en ese país y ser un ciudadano libre. Desde el 25 de agosto de 2007 vive en arresto domiciliario y sólo por causas especiales puede salir, sea enfermedad, presentarse en la corte o arreglar pendientes legales.
No puede trabajar y dedica su tiempo a buscar el apoyo de organizaciones internacionales. Human Right Watch, la Fundación Bianca Jagger para Derechos Humanos y Amnistía Internacional en Londres y México siguen de cerca la evolución de su caso. Además, a partir de 2004 se consagra a la investigación legal y forense de lo ocurrido.
Para el fotoperiodista ha sido un proceso “desgastante”, tanto para él como para su familia, que incluso ha sido intimidada. Lamenta que a él le destruyeran su carrera, además de perder la mayoría de sus recursos, “todo por una fabricación infame de varios miembros corruptos de la Procuraduría del DF”.
Por el contrario, de extraditarlo, tendría que regresar a México a enfrentar un proceso, porque la orden de aprehensión sigue vigente. El periodista confía en que podrá pelear su caso, ya que tiene todos los elementos necesarios para probar que hubo una fabricación en su contra:
“Fueron las prácticas irregulares que aquejan al Ministerio Público. Yo fui una víctima más. Tengo confianza en las autoridades de la procuraduría. Creo que todo ha sido producto de una mala administración de justicia en el Distrito Federal. Yo caí víctima de sus costumbres y ahora me tengo que defender de la mejor manera posible”.
No quedándose callado, dice, es la mejor manera de contribuir para que haya justicia. El fotógrafo considera que tiene esa responsabilidad, pues hay otros que viven la misma situación y no tienen los recursos para defenderse.
“Me gustaría pedirle de manera directa a la procuraduría que reabran el caso para que se encuentre al asesino de mi exesposa. Yo no tengo nada que ocultar y estoy dispuesto a que se me investigue nuevamente, siempre y cuando la Comisión de Derechos Humanos supervise el proceso para que esté apegado al derecho”.
Respuesta de la procuraduría
En entrevista radiofónica con Pablo Hirart, en su programa Frente al país transmitido el 22 de enero, el subprocurador de Procesos de la PGJDF, Miguel Ángel Espinoza Mancera, se refirió al caso de Sergio Dorantes. El funcionario declaró que hay una orden de aprehensión “firme y definida en cuanto a sus elementos”.
Según el funcionario, se tienen 18 pruebas periciales. “No es una sola la que sostiene el proceso –señala–, tenemos varias más, y los jueces de distrito y el Tribunal Colegiado Federal lo verificaron así”. El subprocurador negó que la causa penal se apoyara solamente con el dicho de un testigo.
De Sánchez Martínez, reconoció que su declaración se hizo fuera de los métodos oficiales de la procuraduría, que no permiten alteración alguna: “Es sólo el dicho de él. No hay ni un citatorio ni oficio de colaboración, que hubiera sido el modo correcto para que él se presentara; sin embargo, hace la imputación y después desaparece”. Además explicó que se solicitó consignación contra la ministerio público María del Rocío García; no obstante, los jueces determinaron que no había elementos suficientes.
Dice que nunca se ha dicho que el periodista sea culpable y sólo se tienen indicios. Agrega que en México, Dorantes tendrá un juicio con todas las garantías: “Se está preparando la evidencia y la documentación para la audiencia del próximo 18 de abril, pues la información que tiene la corte de Estados Unidos no es tan certera”.
En la misma emisión, Dorantes contestó que los reportes forenses eran ineficientes y que los testimonios en su contra se contradicen. Además afirma que sin ese testimonio no se le hubiera girado orden de aprehensión: “La primera vez se rechazó, eso lo constata el expediente, y tres meses después el juez 24 de lo penal del Reclusorio Oriente fue presionado para cambiar su opinión, sin ninguna evidencia adicional, más que el testimonio”.
Carta dirigida a Contralínea
“…Es sorprendente que, pese a no haber evidencia en mi contra y se haya hecho público que la única evidencia con la que se me culpó fue ‘fabricada’, la procuraduría del Distrito Federal insista en perseguirme. Pido su apoyo reclamando a las autoridades de la procuraduría por su actitud perversa de continuar culpándome impunemente de un crimen que no cometí y, por este hecho infame, haber destruido mi carrera de reportero gráfico. Y peor aún: el asesino de mi exesposa continúa libre”. (Sergio Dorantes)
Cronología
| 20 de Febrero de 2007 | Sergio Dorantes es arrestado en su hogar, en Estados Unidos |
| 24 de Julio de 2007 | El juez del Distrito Norte de California, Joseph Spero resuelve la libertad bajo fianza. La decisión es apelada por la fiscalía |
| 22 de Agosto de 2007 | El juez federal, Martin Jekins, refrenda el veredicto de Spero |
| 24 de Agosto de 2007 | El fotógrafo sale de la prisión de máxima seguridad North County en Oakland, California, después de seis meses y tres días de haber sido detenido |
Mexico es cuestionado por fabricar cargo
El siguiente artículo se reproduce tal y como se publicó. Al final del artículo las autoridades citan evidencia circunstancial que incrimina a Sergio. Él refuta totalmente esas afirmaciones. Si el caso llega a la Corte en México, el abogado de Sergio presentará evidencia que desmentirán las acusaciones del Ministerio Público. La evidencia a favor de Sergio no se puede hacer pública en esta página, el hacerlo revelaría la estrategia de su eventual defensa.
Antes de que una Corte norteamericana en California, decida si extradita o no a un reportero gráfico acusado de asesinato, la Procuraduría de la capital mexicana (PGJDF), deberá explicar la acusación en contra de una agente del Ministerio Público quien fabricó un testimonio para culpar al reportero gráfico.
Sergio Dorantes 61, es acusado por las autoridades de México de haber asesinado en 2003 en las oficinas de la revista Newsweek en la Ciudad de México, a su esposa de la cual estaba separado.
El abogado de Dorantes en la Ciudad de México declaró que un juez federal en San Francisco pospuso la audiencia de extradición hasta el 18 de Abril, en esa fecha las autoridades de México deberán explicar el avance de la investigación en la cual se acusa a una agente del Ministerio Público de haber pagado a un testigo $1,000 pesos para declarar que vio salir a Dorantes del lugar de los hechos a la hora en que el crimen se cometió.
La retractación del testigo fue video grabada por las autoridades en 2005, ahí él explicó la fabricación de su testimonio y nombró a la agente del Ministerio Público quién presuntamente condujo la fabricación.
Sin embargo en entrevista telefónica la semana pasada el Subprocurador de la PGJDF Miguel Ángel Mancera, expuso que la retractación no fue registrada legalmente por las autoridades. Intentos por localizar al testigo para que ratificara su retractación y acusar a la agente del Ministerio Público fallaron debido a la carencia de evidencia, dijo el Subprocurador.
“Al testigo no se le ha encontrado en ningún lado – es como si se hubiera vuelto humo”, dijo Mancera, “hemos explicado [al juez] que lo hemos buscado”.
Nueva evidencia – como la retractación – no se puede admitir hasta que Dorantes se presente en México ante él juez que lleva su caso; quien podría desechar la acusación en lugar de iniciar el proceso penal.
Todo esto no es suficiente para que la Corte norteamericana cumpla la solicitud de extradición, declaró Dennis Riordan, el abogado de Dorantes en San Francisco.
“El juez dijo que esto le importa”, el hecho de que las autoridades de la Procuraduría capitalina no hayan sido capaces de aclarar la acusación del testigo fabricado, dijo Riordan.
La misteriosa retractación junto con la investigación hecha por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la cual estableció que el derecho de Dorantes al debido proceso y la certeza legal fueron violados, influyó a que Dorantes fuera dejado en libertad bajo fianza el año pasado.
Detenido al principio de 2007, Dorantes fue liberado en Agosto pasado.
Las dudas sobre lo que realmente ocurrió en la investigación del crimen, tienen mucho que ver con la manera en que la evidencia fue preservada en el lugar de los hechos.
Alejandra Dehesa fue encontrada en Julio 2003 apuñalada en la oficina de la revista Newsweek donde trabajaba.
La policía no preservó debidamente el lugar de los hechos y éste fue contaminado por ellos y por fotógrafos de prensa.
Dorantes, quien según la policía tenía una relación difícil con Dehesa, inmediatamente fue señalado como sospechoso.
La policía refutó la coartada de Dorantes – que él se encontraba enviando correos electrónicos en su casa a la hora del crimen - y encontraron un guante manchado de sangre en su casa.
La policía también encontró un rasguño en el cuello de Dorantes, pero los resultados periciales fueron dudosos.
Al tiempo del asesinato Dorantes estaba en la cúspide de su carrera, fotografiando para las revistas y periódicos más importantes de Estados. Unidos
Aplazan veredicto de extradición de fotógrafo al país
El juez Joseph Spero, de San Francisco, California, solicitó un plazo de 90 días adicionales para emitir un veredicto sobre la solicitud de extradición que el gobierno de México hizo a Estados Unidos del fotorreportero de Newsweek Sergio Dorantes, acusado de haber asesinado a su esposa, y quien hasta antes de este hecho fue reconocido mundialmente por captar problemáticas sociales.
Manuel García, abogado en México del inculpado, informó que el juzgador estadunidense solicitó al gobierno mexicano aportar nuevas pruebas, ya que no puede dictar sentencia de extradición basado en el testimonio de una persona que se retractó, con lo que las autoridades mexicanas tendrán 90 días hábiles para tal efecto.
Esta resolución –emitida el pasado viernes– se percibió como un logro de la defensa del fotógrafo, a quien se le imputa la muerte de su esposa Alejandra Dehesa, administradora de ese semanario, asesinada en su domicilio de Coyoacán la madrugada del 4 de julio de 2003 con una puñalada en el cuello. Por ese hecho la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal libró una orden de aprehensión contra Dorantes.