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Respecto al caso de Sergio:
En 2008
En 2007:
2007
Desigual ante los ojos de la ley
Sergio Dorantes es un raro ejemplo de un mexicano en desventaja quién logró alcanzar un importante nivel social. Nacido en una pobre familia indígena Dorantes – de 61 años – se volvió el más exitoso fotógrafo de noticias en México. Su trabajo aparecía regularmente en publicaciones cómo El Nueva York Times, Newsweek y Time. Algunas de las fotos que él tomó en el terremoto de 1985 se han convertido en iconos de ese acontecimiento.
Dorantes es un símbolo de las oportunidades que existen en México, aún para aquellos que nacieron en un nivel social desventajoso. Sin embargo ahora Dorantes se ha convertido en un símbolo de diferente naturaleza – un símbolo de nuestro sistema de justicia disfuncional.
Por los últimos tres años, Dorantes ha estado peleando contra la acusación de que él asesinó a Alejandra Dehesa, su esposa, de la cual estaba separado y quién fue encontrada apuñalada en la oficina de la revista Newsweek en la ciudad de México, donde Dehesa trabajaba cómo secretaria.
Únicamente una sólida evidencia se encontró contra Dorantes, y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México descubrió que esa evidencia fue fabricada. Una agente del Ministerio Público quien “necesitaba un testigo” para culpar a Dorantes, pagó un joven $1,000 pesos para que declarara que él vio salir de prisa al fotógrafo de la oficina de Newsweek el día del crimen.
El “testigo” desde entonces se ha retractado de su dicho, pero la mujer agente del Ministerio Público que le pagó a él, continua en su puesto, mientras Dorantes enfrentará una audiencia de extradición en los Estados Unidos el mes próximo. Los ahorros que Dorantes acumuló producto de una exitosa carrera de fotógrafo se han desaparecido en el pago de honorarios a sus abogados.
Aunque Dorantes siempre ha reclamado su inocencia, el se dio a la fuga, cuando fue acusado de asesinar a Dehesa. En mensajes que él envió desde su escondite, explicaba que estaba preparado a enfrentar la justicia, pero únicamente si esta fuera justa.
Debido a la aparición del testigo fabricado sus temores no eran infundados. Si él se hubiera entregado a las autoridades, podría haber sido ser recluido por años en la cárcel antes de ser enjuiciado. La mayoría de prisioneros en las cárceles de México nunca han sido enjuiciados por sus supuestos delitos.
Una vez encarcelado, Dorantes también hubiera sido blanco de las pandillas de traficantes de drogas y extorsionistas quienes hacen víctima a los prisioneros que tienen algún recurso. Dorantes en un correo electrónico escribió: “En la cárcel, mi vida estaría en riesgo”
A solicitud de las autoridades de México, Dorantes fue detenido a principio de éste año en los Estados Unidos. Se le detuvo y se le envió en una prisión federal y posteriormente consiguió la libertad bajo fianza.
Dorantes tiene razón de sus profundas sospechas del sistema mexicano de justicia. El sistema funciona, de hecho, detrás de puertas cerradas. Explicaciones de los procedimientos legales están ocultas en un lenguaje impenetrable. Nunca se ve que la justicia tenga lugar. Ningún mexicano se hace la ilusión de que todos son iguales bajo los ojos de la ley.
Gente pobre acusada de algún delito – carentes de recursos para pagar un buen abogado o una fianza – pasan años en la cárcel sin ser enjuiciados. No existe compensación en caso de ser enviado a prisión por error. En contraste, los ricos – y sobre todo, aquellos que tienen contactos políticos - la tienen muy fácil. Personas que ha cometido grandes fraudes han sido extraditados en medio de gran publicidad y nunca han llegado a pisar una cárcel, al contrario se les puede ver en eventos sociales junto con la élite de la capital. Jefes de sindicatos han sido acusados de financiamiento político ilegal y malversación de fondos por millones de dólares, sin embargo su poder y privilegios continúan inmunes.
Por todo esto, es necesario que el Congreso reforme el sistema de justicia. Aunque hay defectos considerables en la propuesta legislativa de la reforma judicial. Los juicios se llevarán a cabo en público. Un paso positivo, aunque pequeño. No habrá miembros del jurado, y así existirá el peligro que el veredicto emergerá de un debate entre los abogados rivales y el juez. Un debate dónde el significado será oscurecido al público en general por los términos y principios legales involucrados.
Los juicios por miembros de un jurado están lejanos de ser perfectos. Pero cómo los abogados tienen que dirigirse al público en general – representado por el jurado – estos aseguran que la mayoría de gente presente entiende lo que sucede en el proceso. En otras palabras, la justicia con procesos por medio de un jurado; tiene más posibilidades de que se administre justamente.
Políticos y juristas han legislado los procesos por medio de un jurado fuera de la reforma judicial. Argumentan en contra que México no esta “listo” para los procesos por medio de un jurado dicen que; la gente carece de “educación suficiente” para conformar jurados efectivos.
Este tipo de razonamiento contempla a los ciudadanos comunes cómo niños retrasados mentales, y les otorga el mismo tratamiento de los países coloniales que dominaron al país en los siglos pasados.
La oposición a los procesos por medio de un jurado – igual que negar independencia a una nación - es una medida profundamente antidemocrática. En México refleja el hecho incómodo de que la división social en el país es mucho más profunda que la unidad nacional.
Para la mayoría de la clase dominante y la clase media alta en México, es aún impensable que un campesino indígena del estado de Chiapas o una madre soltera de las ciudades perdidas en Ecatepec, pueda decidir el destino judicial de una “buena” persona acusada de un crimen. Pero si de verdad esto es impensable, el reclamo de que la nación es una democracia es una farsa.
Otra característica de la propuesta reforma judicial, es el hecho de que permitirá a la policía realizar cateos sin la orden de un juez – en elemento vital, así lo presentan los legisladores, en la lucha contra el crimen organizado. En la reforma judicial hay muchas otras medidas, cómo establecer un padrón nacional de registro de vehículos, tal medida combatiría el crimen organizado y no abusaría de los derechos de los ciudadanos.
La Policía y la corrupción en ella, son parte del problema para combatir el crimen en México. Hasta que la ciudadanía tenga plena confianza que la policía no esta llena de criminales, cualquier intento para darle más poder a ésta debe de ser frenado al nacer.
Asesinato en Coyoacán, y reforma judicial
El fotógrafo mexicano Sergio Dorantes Zurita huyó del país cuando se le giró orden de aprehensión, acusado de matar a su ex esposa con un cuchillo de cocina que le clavó en la garganta.
Dorantes, de larga trayectoria en medios internacionales, como The New York Times, Paris Match, Stern, El País, huyó a Estados Unidos cuando se ordenó su captura, el 11 de diciembre de 2003, por el supuesto asesinato de Alejandra Dehesa Reguera, gerente de la oficina de Newsweek en México.
Un testigo lo reconoció como el hombre que salía despavorido del lugar del crimen, en Coyoacán, y le cambió la vida.
Escapó porque él asegura que no mató a su ex esposa.
Luego se sabría, como escribimos en esta columna hace varios meses, que el testigo, Luis Eduardo Sánchez Martínez, quien “reconoció plenamente” a Dorantes Zurita, no estuvo en el lugar de los hechos ni había visto jamás en su vida al fotógrafo al que inculpó.
Lo acusó, según confesó después, porque la fiscal de la PGJDF, Mónica García, pariente suyo en tercer grado, le pagó mil pesos por incriminar a Dorantes y así poder cerrar el caso.
Dorantes fue hecho prisionero en San Francisco, California, donde enfrenta un juicio de extradición.
La fiscal que sobornó al testigo para fabricar el caso y cerrarlo es asesora de un subprocurador de la PGJDF.
El martes 28 de agosto, Silvia Dorantes, hermana del fotógrafo, me envió un mail con una noticia importante: a Sergio Dorantes lo liberaron el viernes 24 de agosto, bajo fianza.
Días después me comuniqué con el abogado de Dorantes en México, porque no es usual que en Estados Unidos un preso por homicidio pueda seguir el juicio de extradición en libertad.
El abogado, Manuel García, me explicó que, en efecto, la libertad bajo fianza no procede cuando se trata de un delito grave. Se otorga cuando hay condiciones realmente excepcionales.
Y en este caso existían tales circunstancias.
¿Cuáles?, le pregunté al abogado.
Es que las pruebas que se entregaron en el proceso de extradición son de dar pena, comentó.
Cuando el juez estadunidense, Joseph Sperro, vio en el expediente que Dorantes había sido acusado de homicidio merced a un solo testimonio, y que ese testimonio había sido comprado en 100 dólares por la fiscal, “se nos quedó viendo, como diciendo ‘no me vacilen’”.
El gobierno de México tiene acusado a Dorantes por homicidio, y a la vez tiene acusado a su único testigo porque mintió por una paga que le dio la fiscal.
Pues sí, el juez Sperro tenía motivos para quedarse atónito ante el espectáculo que la justicia mexicana daba en la Corte de San Francisco.
El abogado es optimista porque, dice, las actuales autoridades de la PGJDF quieren investigar las cosas y no se nota que haya consigna contra Sergio.
Hace pocos días, el 26 de septiembre, recibí un correo electrónico de Sergio Dorantes, en el que apunta: “La semana pasada recibí de las autoridades de Inmigración de EUA, una tarjeta que me autoriza a trabajar legalmente aquí, y también recibí otra tarjeta asignándome un número de Seguro Social. Las audiencias para obtener mi residencia continúan. En varios meses se inician las audiencias con vías a mi extradición, la cual como te informé —porque la PGDF se niega a reconocer mi inocencia—, mis abogados tratan de evitar”.
Si Sergio Dorantes se hubiera quedado en México a enfrentar la justicia, como teóricamente debería hacerlo cualquier persona inocente, se habría echado la soga al cuello.
Estaría preso y sentenciado a 50 años de cárcel por un homicidio que, para demostrárselo, las autoridades compraron en mil pesos el testimonio falso a un joven mensajero de 22 años de edad.
Como sea, ese testigo, alquilado por una fiscal de la Procuraduría del DF, le cambió la vida por completo.
“Un culpable sin pruebas: una historia mexicana”, tituló hace meses el diario El País al caso de Sergio Dorantes, narrado por uno de los grandes periodistas europeos, John Carlin.
Qué vergüenza. Y lo que nos espera. ¿Lo que nos espera?
Sí, con la reforma judicial que se va a aprobar este año, hay el riesgo de que se autorice a los agentes del Ministerio Público, como la fiscal que compró un testigo para incriminar a Dorantes, a entrar a una casa y realizar cateos, sin orden de un juez.
Ya adentro, ¿cuántos cadáveres van a enterrar en los jardines?
Ex-fotografo de noticias es liberado bajo fianza
Un reportero gráfico acusado del asesinato de su ex esposa en la ciudad de México en 2003, ha sido liberado de una cárcel en California por una fianza de $2.5 millones de dólares.
Sergio Dorantes 61, se encuentra bajo arresto domiciliario en Sabastopol, California, la Corte debatirá la petición de México para extraditar a Dorantes a la ciudad de México y enfrentar el cargo por la muerte de Alejandra Dehesa.
La Corte ordenó que Dorantes use un brazalete electrónico como parte de la libertad bajo fianza.
Dorantes fue detenido en su residencia a 110 kms. al norte de San Francisco en Febrero de este año y estuvo encarcelado por más de seis meses en una cárcel en Oakland.
“Es un gran alivio estar fuera de la cárcel” dijo Dorantes en una entrevista telefónica el martes pasado, agregando que mientras en detención en una cárcel del condado de Alameda, la cual llamó “un lugar espantoso”; perdió peso y sufrió de infecciones en la garganta, los ojos y el oído.
Dehesa fue encontrada apuñalada a muerte en las oficinas de la revista Newsweek, donde ella trabajaba como asistente en Julio 2003. Inmediatamente Dorantes se volvió el principal sospechoso y él salió de México después de agotar los recursos legales para evitar se arrestado.
Sin embargo en 2005, el principal testigo en contra de Dorantes declaró que la policía le había pagado $1,000 Pesos para decir que él vio a Dorantes en el lugar de los hechos alrededor de la hora en que el crimen fue cometido.
Esta declaración [hecha por el testigo] desató una serie de Recomendaciones este año por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) poniendo en duda el profesionalismo del cuerpo de policía en la capital de México.
La oficina del fiscal no contestó el mensaje de este periodista preguntando acerca del caso, sin embargo fuentes oficiales de la Procuraduría (PGJDF) han dicho que no retirarán el cargo en contra de Dorantes.
En una entrevista en Julio, el subprocurador Miguel Ángel Mancera dijo que un juez podría desechar el cargo contra Dorantes, si este se entrega a la Corte, aunque el mismo oficial declaró que la Procuraduría considera su investigación válida a pesar de no haber evidencia material que pruebe que Dorantes sea el asesino.
El caso se apoyo principalmente en el testimonio del testigo, el cual después se retractó y en evidencia circunstancial.
El abogado de Dorantes no pudo ser contactado para que diera su opinión. Sergio Dorantes indicó en la entrevista, que este viernes la primera audiencia de extradición tendrá lugar.
Al tiempo del asesinato de Dehesa, Dorantes se encontraba en la altura de su carrera y fotografiando como free-lance para las más importantes publicaciones de Estados Unidos de America. Mientras fugitivo en California, él dijo que no trabajo y vivió de sus ahorros producto de una vida de trabajo.
“Continuaré luchado vigorosamente contra la extradición porque soy completamente inocente” dijo Dorantes. “Lo que me han hecho [la procuraduría] es intolerable. Destruyeron mi vida y mi carrera.”
El siguiente artículo se reproduce tal y como se publicó. En el aparecen declaraciones del subprocurador que incriminan a Sergio. Él refuta estas declaraciones y en particular rechaza que se haya encontrado un saco manchado de sangre en su auto. Si el caso [en contra de Sergio] llega a la Corte en México, el abogado de Sergio presentará evidencia que desmentirán las acusaciones del subprocurador punto por punto. La evidencia a favor de Sergio no se puede hacer pública en esta página, el hacerlo revelaría la estrategia de su eventual defensa.
EL MINISTERIO PUBLICO MANTIENEN EL CARGO EN CASO DE ASESINATO “MANIPULADO”
Ciudad de México. Ni la retractación del principal testigo, la falta de cuidado del Ministerio Público al debido proceso y la falta adecuada de evidencia material no detendrá a las autoridades de perseguir los cargos en contra de un reportero gráfico acusado del asesinato de su esposa. El fiscal Miguel fiscal Miguel Ángel Mancera dijo que la policía investiga reclamos de retractación en el testimonio del testigo [principal] pero no han encontrado razón para no creer el testimonio contra Sergio Dorantes.
Dorantes esta encarcelado en California, Estados Unidos y peleando contra el proceso de extradición, él mantiene que el MP fabricó un caso es su contra pagando un testigo para que este lo ubicara en el lugar de los hechos al tiempo aproximado del asesinato de Alejandra Dehesa. Junto con la evidencia circunstancial y lo que la policía llama un coartada débil. “Estos indicios…..llevan a la conclusión que lo que declaró el testigo fue verdad”, dijo Mancera. Sin embargo el defensor de Dorantes insiste que el testimonio de Luis Eduardo Sánchez Martínez, quien dijo haber visto salir a Dorantes apresuradamente de las oficinas de Newsweek en la Ciudad de México poco antes de que el cuerpo de Dehesa se encontrara, no esta confirmado por hechos y es demasiado perfecto para creerse.
El extraño asesinato se volvió notorio nuevamente este año con la detención de Dorantes
(61) en California. El Abril la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicó un reporte acusando al Ministerio Público de numerosas irregularidades cometidas durante la averiguación previa. Tras la misteriosa aparición de un video televisado donde Sánchez Martínez declaró que se le había pagado $1,000 Pesos por declarar en contra de Dorantes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), estableció que el Ministerio Público violó los derechos humanos de los tres principales involucrados en el caso, ya que no se investigo debidamente el testimonio original ni la recantación de Sánchez Martínez.
La Comisión informó que a Dorantes, la familia Dehesa y una Ministerio Público acusada de cometer la fabricación del testigo, se les violaron sus derechos al debido proceso [judicial].
“Lo que es cierto y verdadero es que el procedimientos [legal] fue absolutamente manipulado” dijo Luis González Placencia, uno de los principales investigadores de la Comisión. “No es posible, al menos hasta donde podemos establecer, el saber que sucedió de verdad” agregó, haciendo notar que la Comisión no esta capacitada para establecer inocencia o culpabilidad. La ineficiencia del Ministerio Público para proteger el lugar de los hechos, el cual fue contaminado por la policía y la prensa, además la falta de acopio de evidencia forense dañaron la investigación.
Mancera declaró que después del asesinato, la policía encontró un guante con una mancha de sangre en la casa de Dorantes y un saco manchado con sangre en su auto, pero que los técnicos forenses no fueron capaces de determinar el ADN en ambos objetos.
Un ex supervisor de un laboratorio de Criminalística Forense en Texas, E.U.A. Fernando Peña Jr. afirmó; si la muestra [de sangre] fue suficiente, propiamente recogida, no contaminada por agua, calor y bacteria, los técnicos forenses pudieron haber encontrado evidencia [de ADN] en las manchas. “Si se protegió debidamente, ellos [los técnicos forenses] debieron de haber encontrado algo, aún después de este tiempo”.
Igualmente, los técnicos forenses no fueron capaces de encontrar ninguna evidencia que ligue un supuesto araño en el cuello de Dorantes a la victima o explicar si esto fue así.
Mancera dijo que la policía no encontró ninguna evidencia material vinculando Dorantes al lugar de los hechos. Y agregó que ignoraba porque los exámenes forenses en los objetos con sangre fueron indefinidos. El abogado de Dorantes en los Estados Unidos, Dennos Riordan, indicó que la audiencia para determinar la libertad bajo fianza fue fijada para el 24 de julio. El proceso de extradición podría llevar años antes de una decisión.
Liberan bajo fianza a Sergio Dorantes
El juez del Distrito Norte de California determinó que hubo irregularidades en el caso del fotógrafo Sergio Dorantes y resolvió otorgarle la libertad bajo fianza, que lo libera de la prisión de máxima seguridad de Santa Rita California
El reportero gráfico Sergio Dorantes Zurita –arrestado el pasado 20 de febrero en Estados Unidos por su supuesta responsabilidad en el asesinato de su exesposa y exgerente de Newsweek México, Alejandra Dehesa– saldrá libre, gracias al dictamen de caución otorgado el 24 de julio por el juez Joseph Spero.
La resolución, calificada como sin precedentes por el abogado Manuel García Garrido, permitirá que el reportero continúe su juicio de extradición fuera de la prisión de máxima seguridad de Santa Rita, California. “Por fin una autoridad reconoce que estamos ante un caso irregular. Para el ministro, fueron evidentes las anomalías en la acusación contra Sergio”, subraya el defensor de Dorantes.
En una primera audiencia, celebrada el 23 de junio, Spero le negó la libertad bajo fianza al periodista so pretexto de la afirmación emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). El órgano le aseguró al Departamento de Estado de ese país que el testigo fabricado, Luis Eduardo Sánchez Martínez, nunca se retractó de la declaración que inculpaba a Dorantes Zurita en el homicidio de Alejandra Dehesa. No obstante, la defensa del reportero gráfico comprobó que existía la revocación con una fe de hechos notariada, prueba que el fiscal de San Francisco admitió como fidedigna.
La propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) verificó que, en el pliego de consignación del 29 de agosto de 2006, Sánchez Martínez afirmó y ratificó haber sido sobornado para declarar en contra de Sergio Dorantes.
El juez del Distrito Norte de California decidió postergar su dictamen hasta el 24 de julio. En ese mes de plazo, la PGJDF tendría la oportunidad de cerrar la averiguación previa FCUAH-2/3755/05/12 con causa penal 207/2003, en contra de Sánchez Martínez por la probable comisión del delito de falsedad. La investigación sigue abierta en la procuraduría capitalina. Para García Garrido la entidad no pudo sostener que hubiera elementos suficientes para comprobar que el supuesto testigo hubiera dicho la verdad.
“Tratándose de Joseph Spero –considerado por el litigante como un ‘juez duro’ por su negativa durante el proceso para ceder la fianza– es una gran victoria que para él fueran evidentes las irregularidades. Su decisión genera antecedente para evitar la extradición de Sergio, porque él está aceptando la existencia de anomalías en el debido proceso”, expone García Garrido.
Luego de presentar, en mayo pasado, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por haber mentido en el proceso de extradición, el abogado confía que la decisión del juez influya en el órgano internacional para que se pronuncie a favor del fotógrafo.
García Garrido señala que es un caso único, pues la libertad bajo caución raramente se reserva para casos de homicidio. Bajo ese tenor, explica que una vez presentada la lista de bienes del fotógrafo ante el juez, el ministro decidirá el monto de la fianza y el tipo de arraigo en el que permanecerá. El monto propuesto por la defensa de Dorantes alcanza los 700 mil dólares.
Referente a la situación jurídica del periodista, García Garrido expone que su cliente tendrá el derecho de permanecer en Estados Unidos y el gobierno mexicano no podrá solicitar su detención nuevamente en ese país. Por esta razón, Dorantes podrá enfrentar su juicio de extradición fuera de la cárcel. El abogado destaca que de esa manera se garantiza la seguridad y protección del fotógrafo, y se evita que la PGJDF cometa más arbitrariedades en el caso.
Las Anomalías
A partir del 26 de mayo de 2006 –como consta en la recomendación 7/2007 de la CDHDF– el agraviado y sus abogados reiteraron que existían irregularidades en la integración de la averiguación previa COY- 2T1/969/03-07, entre ellas, la presunta fabricación del testigo Luis Eduardo Sánchez Martínez.
“Los defensores del reportero gráfico solicitaron la reapertura del expediente de queja, para que se realizara una verdadera investigación limpia y honesta, fuera de intereses que no sean netamente jurídicos, destacando que el interés particular de Sergio Dorantes es que se esclarezca y se busque al verdadero asesino de Alejandra Dehesa”, enuncia la CDHDF.
La Primera Visitaduría detectó, entre otras anomalías, que, en 2004, el fotógrafo fue presionado e interrogado en forma ilegal por un agente de la Policía Judicial del Distrito Federal. Además, se le negó la posibilidad de coadyuvar con la investigación. Sus abogados tampoco pudieron acceder a la averiguación previa ni a los informes de la agencia del Ministerio Público y, una vez remitida la indagatoria a la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios, tampoco se les proporcionó información.
Desde febrero de 2006, penalistas advirtieron que el agente del Ministerio Público, Ricardo Cortés Bonilla, incurrió en omisiones y errores. La abogada Bárbara Zamora observó que el MP no profundizó en el testimonio del taxista Óscar Sánchez, detenido como probable responsable y liberado por orden de Cortés Bonilla.
La litigante destacó que el dictamen de necroscopia de Alejandra Dehesa no establecía la hora de su muerte. Por el contrario, el agente adecuó la hora de los hechos para comprobar su hipótesis. Además, subrayó que la escena del crimen fue manipulada y la ejecución de las pruebas periciales y de genética forense fueron inexactas y deficientes.
Leonel Rivero Rodríguez apuntaba que el dictamen del perfil psicológico de Dorantes carecía de rigorismo científico y académico, pues jamás entrevistaron al examinado y se basó en especulaciones.
Se suma a las irregularidades, la declaración hechiza de Luis Eduardo Sánchez Martínez –única prueba fehaciente que relaciona a Dorantes con el crimen–, a quien se le inició averiguación por la probable comisión de los delitos de falsedad ante autoridades y en el ámbito de procuración de justicia, motivo que inició la partida 207/2006.
El 14 de noviembre de 2006, García Garrido presentó un escrito ante la CDHDF, en el que indicó: “Infinidad de veces he intentado tener acceso a las causas penales 214/2003 y 207/2006, que se encuentran el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Penal del Distrito Federal, sin que haya sido posible. Con pretextos y sin fundamento legal alguno, dicen que no somos parte dentro de las actuaciones. Por ello, solicito a la Comisión investigue las arbitrariedades en ambos expedientes, a fin de acreditar las violaciones a derechos humanos de mi representado”.
Frente a las irregularidades, la CDHDF concluyó que se violó el derecho del reportero gráfico a una adecuada procuración de justicia, “en virtud de que la propia PGJDF realizó consignaciones, utilizando las declaraciones contradictorias del testigo Luis Eduardo Sánchez Martínez, sin verificar de manera fehaciente su veracidad. Por lo que integró averiguaciones previas sin certeza ni seguridad jurídica para las partes involucradas”.
Sergio Dorantes
“Soy inocente, yo no la maté”
El reportero gráfico fue acusado, en un proceso judicial por lo menos irregular, de asesinar a su ex mujer Alejandra Dehesa. Se habían casado en el año 2000 y trabajaban juntos para la revista Newsweek en la Ciudad de México. Desde la cárcel, en Estados Unidos, contesta esta entrevista en relación a las anomalías de una investigación que comenzó mal y aún no termina.
El 2 de julio del 2003, Alejandra Dehesa fue asesinada con un arma blanca en las oficinas de Newsweek en México, donde ella fungía como administradora. A partir de ese momento la vida del reportero gráfico Sergio Dorantes Zurita (60) cambió definitivamente. Su ex esposa había sido asesinada y, poco tiempo después, él iba a aparecer como el principal sospechoso. Fue el principio del fin para Dorantes, el Fototas.
Un testigo, que resultó falso, fue una de las pruebas principales para incriminarlo en el asesinato. A ese testigo se le sumó la presión de la familia de Alejandra, que se había opuesto al matrimonio entre ellos. Dorantes, al verse sitiado y tener suficientes sospechas acerca de que el Ministerio Público (MP) no actuaba de buena fe, decidió buscar refugio en Estados Unidos. El 20 de febrero de este año fue detenido en aquel país, en la prisión de máxima seguridad Santa Rita, en North County, Oakland. Al momento de cerrar la edición, el abogado del reportero gráfico, Manuel García Garrido, informó que Dorantes consiguió –por parte de la justicia norteamericana– la libertad condicional.
LA RELACION. Sergio Dorantes es un mexicano indígena, como le gusta presentarse. A los 14 años emigró de su San Martín Xochináhuac natal hacia la Ciudad de México. Diez años más tarde, en 1970, se fue a vivir a Londres. En la capital inglesa trabajó como asistente de hotelería, mecánico de autos de carreras y como fotógrafo de prensa. Después de 18 años en Europa regresó a México, donde continuó su carrera como reportero gráfico de Newsweek, The New York Times, London Sunday Times, Paris-Match y Stern.
Alejandra Dehesa de 45 años, tenía una hija, Christian Fayro Dehesa (12), y se desempeñaba como gerente de la oficina de Newsweek México. Se casaron el 15 de diciembre del 2000 y se separaron dos años después, pero siguieron viéndose y hablando por teléfono regularmente. El miércoles 2 de julio de 2003, Alejandra no regresó a su departamento sobre la calle de Insurgentes y la familia comenzó a preocuparse.
–¿Cómo era su relación con Alejandra? ¿En dónde se conocieron?
–Nos conocimos en la oficina de Newsweek, donde ella se desempeñaba como secretaria. Nuestra relación fue muy buena y por eso nos casamos. Estuvimos juntos sólo dos años. Esto debido a problemas que impuso en la relación la hija de Alejandra que, en el 2000, era una adolescente de 12 años y siempre estuvo en contra de nuestro casamiento. Alejandra me explicó que su hija estaba primero y yo la entendí. La relación post separación fue buena, amistosa, de apoyo mutuo, ella me llamaba a diario y generalmente me visitaba en mi casa los fines de semana. Eramos amigos.
–¿Ha tenido alguna comunicación con la familia de Alejandra?
–No, no ha habido ninguna comunicación desde el inicio del caso. De hecho nunca la hubo, la familia se oponía a nuestra relación.
Manuel García, el abogado de Dorantes, dice que los frecuentes contactos entre marido y mujer tras la separación indicaban una relación de amistad. “Ella le llamó dos veces en la mañana del asesinato. Los mensajes que le dejó en el contestador, sólo tres días antes, eran afectuosos”, dice García.
EL CRIMEN
El cuerpo de Alejandra Dehesa fue encontrado en el baño de las oficinas de la revista Newsweek. Le habían cortado el cuello con una navaja y no se reportaban robos en el lugar. No tardaron las especulaciones. En los periódicos de aquel momento, prestigiosos columnistas recordaban que en esas oficinas se encontraba todo el archivo de la investigación de la periodista Olga Wornat sobre Marta Sahagún para su libro La jefa. Pero Bernardo Bátiz, el procurador capitalino de entonces, declaró que no habían encontrado indicios de que faltara algo de ese material. En alguna medida se relacionó el asesinato de la administradora con el controvertido libro, porque Dehesa había participado en la investigación.
Las principales hipótesis entonces se redujeron a: crimen pasional, por deudas, por cuestiones laborales o por venganza. En una investigación del periódico El País de España, en 2005, se reproduce una declaración importante de la hermana de Alejandra: “¡Cómo nos arrepentimos de pedir a esos policías que vinieran con nosotros a las oficinas de Newsweek!”; dice Ana María Dehesa que no entró a la casa sino que aguardó afuera con su chofer. “Para cuando llegó el equipo forense, ya habían pisoteado el escenario del crimen una docena de personas”, recuerda hoy. Las irregularidades en el caso de la ex administradora de Newsweek comenzaban a evidenciarse. Dorantes, por su parte, reclama: “Es algo que no debió ocurrir así. Obviamente hubo corrupción y por ello mi vida ha sido destruida. Todos los mexicanos deberíamos exigir vigorosamente que la autoridad judicial sea observada por cuerpos independientes”.
EL TESTIGO
Tiempo después del asesinato, apareció un supuesto testigo: Luis Eduardo Sánchez Martínez, según el expediente, era un mensajero de 22 años, de familia pobre, que acudió a la policía espontáneamente 32 días después del crimen. Testificó que estaba trabajando en esa zona el día del homicidio, hacia las siete de la tarde, cuando vio salir a un hombre del edificio de Newsweek muy nervioso. Y en la declaración describía las características físicas de Dorantes.
–¿Se ha podido comprobar que el testigo fue inducido?
–Como se vio en un video que fue televisado, el testigo fue inducido por María del Rocío García. Ella y su hermanastro, Alfredo Briceño, consiguieron el testigo con el conocimiento del fiscal en cargo, Roberto Pérez Martínez. El motivo por el cual me fabricaron un caso lo desconozco, confío en que la Justicia mexicana investigue quién ordenó pagar un testigo y por qué.
De acuerdo a la recomendación 9/2007 realizada este año por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a la Procuraduría capitalina, Dorantes está en lo cierto: “El 26 de diciembre del año 2005, el señor Luis Eduardo Sánchez Martínez rindió su declaración ministerial indicando que la licenciada Rocío García, quien era responsable de la Agencia del MP Coyoacán, le pagó mil pesos para declarar en determinado sentido. Fue contratado, vía celular, por Alfredo Briceño, hermanastro de la mencionada servidora pública”. A estas tres personas (al testigo y los dos que lo contrataron) se les abrió averiguación y acción penal en 2005.
Sin embargo, la aparición del testigo obligó a Dorantes a salir del país hacia Estados Unidos, donde estuvo prófugo hasta el 20 de febrero de 2007 cuando fue detenido para evaluar su extradición.
–¿Cómo se explica que una persona acusada de un delito cometido en el DF haya sido detenido y esté arraigado en una prisión de Estados Unidos?
–Para evitar ser detenido por un delito que no cometí, viajé a EU para defenderme desde ahí. La PGJDF solicitó mi extradición después de tres años al Departamento de Justicia de EU. ¿Las pruebas? El testimonio de un testigo que ya se probó que fue fabricado por una agente del Ministerio Público. No hay más evidencia, sólo esa hipótesis del Ministerio Público.
–¿Ha recibido apoyo del gobierno mexicano?
–Del gobierno mexicano no he recibido ningún apoyo. Unicamente indiferencia y ahora persecución. La extradición es posible, por eso se me detuvo, pero la estoy tratando de evitar para poder seguir defendiéndome en libertad.
EL ESTADO DE LA CAUSA
En agosto de este año Manuel García, el abogado de Dorantes, informa que la justicia de Estados Unidos accedió a otorgarle al periodista la libertad condicional. La justicia de EU lo sometió a un proceso de extradición. Ellos no pueden analizar si Dorantes es inocente o culpable: “La libertad bajo fianza se consigue en el proceso de extradición, derivado de que se le probaron al juez en Estados Unidos serias irregularidades en el caso presentado contra Dorantes”, dice García. Y aclara: “De hecho es excepcional que por un caso de homicidio se dé una fianza, ya que se trata de un delito grave. Pero en este caso son tan claras la anomalías que el juez le concedió la fianza por considerar que existen ‘condiciones o características únicas’ como es que la acusación se basa, principalmente, en los dichos de un testigo que aceptó haber declarado en falsedad”.
La orden de extradición sigue en pie, pero el juez decidió que en lo que acaba de resolver sobre la misma, liberará a Dorantes bajo una fianza. Mientras tanto, el reportero gráfico siente que a los 60 años su carrera fue destruida, que su vida y la de su familia ha sido arruinada y que, finalmente, los costos legales lo han dejado en bancarrota. Pero dice, luchará hasta el final para que se acepte su inocencia.
Por: Paulina Monroy
JUSTICIA
La verdad sospechosa en caso Dorantes
Las acciones de presión y las mentiras de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tienen un solo propósito, extraditar a toda costa al periodista fotógrafo Sergio Dorantes: García Garrido.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal engañó al gobierno de Estados Unidos al afirmar que el testigo fabricado, Luis Eduardo Sánchez Martínez, no se retractó de la declaración que inculpaba al periodista Sergio Dorantes Zurita en el asesinato de su exesposa, Alejandra Dehesa, exgerente de Newsweek México.
Según se advierte en un documento realizado por la fiscalía de San Francisco: “Se debe ignorar el alegato de Dorantes Zurita sobre el testigo presencial que rescindió de su declaración, pues representantes del gobierno mexicano le aseguraron al Departamento de Estado de Estados Unidos que dicha revocación no existe y que el argumento no tiene ningún mérito”.
En la audiencia del pasado 23 de junio, el juez decidió posponer la resolución sobre la fianza –de hasta 100 mil dólares– que liberaría al reportero gráfico de la prisión de máxima seguridad de Santa Rita, California.
A pesar de haber presentado todas las pruebas solicitadas, el ministro se niega a otorgarle la caución al fotorreportero para que, de acuerdo con Manuel García Garrido, abogado del acusado, Dorantes acceda a regresar a México:
“Son medidas de presión del gobierno mexicano. Es muy delicado que, cínicamente, apostando a que no conseguiríamos la información, le mienta al gobierno de Estados Unidos, porque quiere decir que lo quieren traer a toda costa cuando hay elementos tan claros de contradicción en el caso”.
El ministro resolvió que Sergio Dorantes no saldrá bajo fianza, si en un mes la Procuraduría del Distrito Federal (PGJDF) cierra la averiguación previa FCUAH-2/3755/05/12, con causa penal 207/2003, en contra de Sánchez Martínez.
Por ello, hasta el 25 de julio decidirá si libera o no la fianza que impediría que Dorantes sea extraditado. “Sergio estaría en su derecho de permanecer en Estados Unidos y la procuraduría no podría detenerlo por ese mismo delito”, apunta el abogado.
La PGJDF no conoce el paradero de Sánchez Martínez y se dice que está fuera del país, por lo que, de acuerdo con García Garrido, legalmente es casi imposible que se concluya la averiguación previa en ese plazo.
“Sabiendo que de eso depende la libertad de Sergio, la Procuraduría puede cerrar la investigación, aunque legalmente fuera imposible, sólo para perjudicarlo, amén que nos ha presionado mucho, culpándonos de mentir cuando tenemos constancia de todas las pruebas”, subraya García Garrido.
En reunión con el litigante y Silvia Dorantes, hermana del fotógrafo, el procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, se comprometió a ser imparcial en el caso y garantizar la seguridad de Dorantes en caso de regresar a México:
“Es un hombre objetivo, pero es difícil lograr un compromiso concreto. La Procuraduría no ha cumplido con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ni tampoco ha continuado con la investigación, la tiene congelada bajo el argumento de que todavía no regresa el expediente al juzgado”.
García Garrido presentó el 17 de mayo una denuncia, registrada con el número P- 637-07, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por haber mentido en el proceso de extradición, cuya solicitud está en revisión en la secretaría ejecutiva de ese organismo internacional.
La Retractación
Casi un mes después de lo ocurrido el 2 de julio de 2003, cuando fue asesinada Alejandra Dehesa, Luis Eduardo Sánchez Martínez declaró haber visto salir a Dorantes Zurita del lugar de los hechos, “quien iba con una respiración agitada y lo miró de una forma intimidante y con ira”.
García Garrido, dice que este testimonio falso es la única prueba objetiva para vincular al reportero gráfico en la escena del crimen.
La recomendación 7/ 2007 emitida por la CDHDF el pasado 12 de abril, expone: “Con la declaración del testigo y demás elementos de prueba, se acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del señor Dorantes. Es importante destacar que esta situación fue confirmada por la autoridad judicial federal”.
La comisión verificó que en la causa penal 207/2006, Sánchez Martínez había declarado en agosto de 2003 que Eduardo Briceño Martínez lo invitó a ganarse un dinero y le presentó a su media hermana, la responsable de la coordinación territorial COY- 1, María del Rocío García, quien le pagó mil pesos para que declarara en la averiguación previa COY-2/969/03-07.
El 8 de septiembre de 2006, se ejerció acción penal en contra de ellos por la probable comisión de los delitos de falsedad ante autoridades y en el ámbito de procuración de justicia. Finalmente la orden de aprehensión solicitada por el ministerio público fue negada por la jueza vigésimo cuarto de lo penal en el DF.
“Esta comisión está convencida que se violentó el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso en la averiguación previa, en virtud de que la procuraduría capitalina realizó consignaciones utilizando las declaraciones contradictorias del testigo, Luis Eduardo Sánchez Martínez, sin verificar de manera fehaciente la veracidad de las mismas. Ello evidencia una integración de averiguaciones previas que no genera certeza y seguridad jurídica a las partes involucradas”, concluye la CDHDF.
A solicitud del juez, la defensa de Sergio Dorantes comprobó que la retractación existía con una fe de hechos notariada. Con el documento, el fiscal de San Francisco admitió la fidelidad de la prueba. Según el defensor de Dorantes, con la aceptación del fiscal, el juez está obligado a valorar la libertad bajo caución del fotógrafo.
“El gobierno de México acepta que existe una revocación del testigo, pero señala que no importa legalmente, que el único dicho que vale es el primero. Entonces nos vemos obligados a presentar la opinión de un experto”, describe García Garrido.
Fue entonces que recurren al ex visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Miguel Sarre, quien concluye que la rectificación de Sánchez Martínez es válida: “Afirma que es muy poco probable que el juez, sin ese dicho, hubiera emitido la orden de aprehensión, pues sin la única persona que lo ubicó en la escena del crimen, no habría probable responsabilidad”.
Tras haber ratificado que fue sobornado para emitir una declaración falsa, Luis Eduardo Sánchez Martínez despareció. El abogado del reportero gráfico indica que la participación de Sánchez Martínez en el caso no está concluida.
Sobre todo porque debe comparecer para explicar la supuesta protección de Roberto Pérez, de la fiscalía desconcentrada de la delegación Coyoacán, y someterse a más exámenes para comprobar cuál de las dos versiones de Sánchez Martínez es cierta.
Por ahora, el único “testigo” del asesinato de Alejandra Dehesa está viviendo en Estados Unidos, de a cuerdo con las indagaciones de la PGJDF. “De un modo u otro va a tener responsabilidad y es evidente que fue presionado”, considera García Garrido.
El siguiente artículo se reproduce tal y como se publicó. Al principio cita una declaración por parte del Ministerio Público sugiriendo que la relación de Sergio con su ex esposa era abusiva. Al final del artículo las autoridades citan evidencia circunstancial que incrimina a Sergio. Él refuta totalmente esas afirmaciones. Si el caso llega a la Corte en México, el abogado de Sergio presentará evidencia que desmentirán las acusaciones del Ministerio Público. La evidencia a favor de Sergio no se puede hacer pública en esta página, el hacerlo revelaría la estrategia de su eventual defensa.
ASESINATO EN LA CIUDAD DE MEXICO SE LES VOLTEA DE CABEZA
REPORTERO GRAFICO ES EL PRINCIPAL SOSPECHO EN LA MUERTE DE SU ESPOSA, PERO HAY INDICIOS QUE LA EVIDENCIA FUE POSIBLEMENTE FABRICADA
La policía declaró que tenían un caso cerrado en contra Sergio Dorantes. Cuando su ex esposa, de la cual estaba separado, fue encontrada en 2003 apuñalada en las oficinas de la revista Newsweek en la Ciudad de México, el Ministerio Público (MP) escuchó argumentos que Dorantes había sido un esposo abusivo.
Su coartada en la noche del crimen discrepaba. La Policía encontró un guante con sangre es su domicilio, Dorantes, un fotógrafo de prensa free-lance en el apogeo de su carrera, abandonó el país. Detenido en California después de más de tres años y medio del asesinato de Alejandra Dehesa, se encuentra recluido sin derecho a libertad bajo fianza en una cárcel en Oakland.
Sin embargo un juez de distrito en los E.U.A. asignado al caso de extradición a México esta encarando una difícil pregunta: Fue el Ministerio Público quién fabricó evidencia contra Dorantes?
RETRACTACION DE TESTIMONIO.
El principal testigo en el caso se ha retractado de su testimonio original dado a la policía.
Un mes después del asesinato, de acuerdo a actas del expediente hechas públicas en Abril, Luis Eduardo Sánchez Martínez declaró ante el Ministerio Público que vio salir a Dorantes nerviosamente de la oficina de Newsweeek, donde Dehesa se desempeñaba como secretaria, a la hora aproximada de su muerte.
Dos años después de dar su testimonio, Sánchez Martínez se retractó, declarando que una agente del Ministerio Público le pago el equivalente de $100.00 dólares USA, por fabricar la versión de que él vio a Dorantes el día del crimen.
La retractación fue filmada en video y los medios mexicanos la obtuvieron durante el otoño y la televisaron, esto provocó una protesta de casi todos los involucrados en el caso – el acusado, la agente acusada del MP y la familia de la victima - reclamando corrupción.
Las autoridades tenían conocimiento de la retractación del testigo desde 2005, pero reaccionaron lentamente a esta información, la cual podría hacer añicos el caso en contra Dorantes. De acuerdo a los abogados del acusado, durante las primeras audiencias de extradición en su contra, oficiales de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, negaron que Sánchez Martínez se retractara.
“Pienso que el juez [en EUA] considera muy serio que primero el gobierno de México haya dicho que no había retractación y más tarde que la hubo [la retractación]” dijo Manuel García el abogado de Dorantes en México.
NO SE ENTREGARA.
Manuel García informó que Dorantes (61) rechazó entregarse a las autoridades después de conocer la retractación de Sánchez Martínez. Dorantes por años ha cubierto [como reportero] los cuerpos policíacos en México y desconfía profundamente de ellos, dijo el abogado. De acuerdo a la ley en México, hasta que Dorantes no sea detenido y presentado al juez, el caso no puede continuar, ya sea por un Desistimiento o llevándolo a proceso.
En México no es noticia que la policía este plagada de corrupción, ineficiencia y carencia de credibilidad, sin embargo para los defensores de Dorantes, su caso demuestra los excesos de la policía. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) fue reprendida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en una serie de Recomendaciones publicadas en Abril.La CDHDF respondió a Quejas interpuestas por Dorantes, Ana Dehesa la hermana de la victima y María del Rocío García la agente del Ministerio Pública quién aparentemente pago por la fabricación del testigo que declaró en contra Dorantes. La hermana de la victima se quejo de la exhibición del video, ya que este permitió que Dorantes se defendiera a través de los medios.
PROCEDIMIENTOS CHAPUZEROS.
La agente del Ministerio Público, María del Rocío García se quejo de los métodos irregulares utilizados en la averiguación previa enfocada en la manipulación y fabricación de testigo. La averiguación previa en su contra no procedió. La CDHDF estableció que el Ministerio Público violó en los tres casos el debido proceso y recomendó a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal cambios de largo alcance en la manera en que los crímenes son investigados. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también descubrió que el Ministerio Público realizó un número de procedimientos con chapucería en el curso de la averiguación previa del asesinato. Por ejemplo la CDHDF dijo que; los policías que descubrieron el cadáver informaron a la prensa. Por ello, reporteros y fotógrafos llegaron a lugar del crimen antes que los forenses y contaminaron totalmente el lugar de los hechos. Además los especialistas forenses fueron incapaces de completar el análisis en el guante encontrado con una mancha de sangre en la casa de Dorantes. Extrañamente los forenses reportaron que la muestra de sangre fue insuficiente para determinar a quién perteneció y el tipo de la misma.
FIJAN AUDIENCIA PARA LIBERTAD BAJO FIANZA.
Con respecto a él dudoso testigo la CDHDF indicó que las autoridades “no investigaron a fondo ni verificaron sus testimonios”, ni el original ni la retractación. Solicitudes múltiples para entrevistas con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, oficiales de la sala penal donde se ventila el caso y la CDHDF fueron rechazadas.
Detalles hechos públicos por la Recomendación de la CDHDF sugieren que el Ministerio Público tiene bastante evidencia circunstancial en el caso. Un testigo dijo que vio salir a Dorantes de su casa la noche del crimen, cuando él declaró que se encontraba en casa enviando correos electrónicos. La policía dijo que nos se encontró evidencia de estos correos electrónicos en su computadora. Las autoridades, de acuerdo a pasajes del expediente, también disputan la explicación de Dorantes respecto al origen de un araño encontrado en la parte trasera de su cuello días después del asesinato.
La Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no son obligatorias, sin embargo por primera vez el público ha tenido acceso a algunos detalles del caso contra Dorantes, quién de acuerdo a la ley, oficialmente es aún considerado como “probable responsable” en el asesinato de Dehesa.
Piden exonerar a fotógrafo detenido EE UU acusado de matar a su esposa
La defensa del reportero gráfico mexicano Sergio Dorantes, acusado de asesinar en 2003 a su ex mujer, pidió este miércoles su exoneración porque el único testigo que lo inculpaba fue "comprado" por una funcionaria de la fiscalía.
El abogado Manuel García y los familiares del acusado aseguraron hoy en una rueda de prensa que Dorantes, detenido en Oakland, Estados Unidos, y pendiente de extradición, dijeron que el reo es inocente y que todo fue "una fabricación en su contra" urdida desde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Pgjdf).
El 2 de julio de 2003 fue asesinada Alejandra Patricia Dehesa en las oficinas de la revista "Newsweek" en Ciudad de México, donde trabajaba como administradora.
El 4 de agosto de aquel año se presentó voluntariamente en la Pgjdf Luis Eduardo Sánchez, quien dijo haber visto a Dorantes salir del lugar de los hechos el día del asesinato de su esposa, más o menos a la hora en que sucedió el homicidio.
En diciembre de 2003 y sobre la base de ese testimonio se dictó la orden de detención del fotógrafo, quien en ese momento huyó de la justicia mexicana.
Aunque el 26 de diciembre de 2005 el testigo reconoció que mintió y que recibió 1.000 pesos (90 dólares) de una funcionaria de la fiscalía por dar un falso testimonio, la orden de arresto no fue anulada y se concretó en el arresto de Dorantes en Estados Unidos el 20 de febrero de 2007.
Este miércoles se decide la posible extradición o excarcelación en régimen de libertad condicional de Dorantes, quien se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en California.
La hermana del reportero gráfico, Silvia Dorantes, pidió ante la prensa que se retire la orden de aprehensión sobre su hermano y que se encuentre al verdadero asesino de su cuñada, "que sigue libre".
"No sólo mataron a Alejandra, mataron la vida de mi hermano y la de parte de la familia", se quejó al recordar la vigilancia a la que han sido sometidos por la PGJDF desde hace más de tres años, lo que calificó de "muy desgastante".
Aseguró que "todo esto" les ha causado un profundo "daño físico, moral y espiritual" porque son circunstancias "dolorosas, denigrantes y humillantes" por lo que se está diciendo de su hermano.
"Él es incapaz de causar un daño como el que se le implica", señaló, y añadió que las condiciones en que se encuentra su hermano son muy malas.
La defensa y la familia confiaron en que el presidente de México, Felipe Calderón, vea este caso como una oportunidad para cumplir con su promesa de mejorar la justicia del país.
En los más de tres años que ha estado huyendo Dorantes, quien antes del caso trabajó para varios medios internacionales, no cesó de escribir cartas en las que aseguraba ser inocente y que el testigo mentía, y llegó a solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Cdhdf) la apertura de una investigación sobre su caso.
La semana pasada ese organismo cerró el expediente del caso y emitió una recomendación dirigida a la fiscalía capitalina donde señala que los derechos de Dorantes fueron violados durante la investigación.
Exhortó también a que realice una investigación de los servidores públicos que participaron en la investigación por probables irregularidades.
Igualmente solicita a la fiscalía a que continúe la investigación del asesinato de Alejandra Patricia Dehesa, pero ampliando las averiguaciones previas.
CDHDF confirma anomalías en caso Sergio Dorantes
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal confirma las irregularidades denunciadas en el caso del periodista Sergio Dorantes, acusado de asesinar a su ex esposa, y recomienda a la Procuraduría capitalina investigar a servidores públicos por la presunta fabricación de un testigo.
El caso del periodista Sergio Dorantes Zurita podría dar un vuelco tras la resolución publicada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Y es que el pasado 12 de abril se emitió una recomendación que revela omisiones y anomalías atribuibles a funcionarios de la Procuraduría capitalina.
Según documentó la CDHDF, las denuncias hechas por el defensor Manuel García son ciertas: la única prueba que obra en contra del fotorreportero es el dicho de un testigo supuestamente falso. Hasta el momento, el Ministerio Público carece de pruebas materiales en contra de Dorantes Zurita, por el asesinato de su ex esposa, Patricia Dehesa.
Para solventar las irregularidades en el proceso penal FCH/CUH-2/3255/05-12, la Comisión recomienda al procurador Rodolfo Félix Cárdenas que continúe la averiguación previa que se le sigue a servidores públicos que participaron en la investigación del homicidio, durante la gestión de Bernardo Bátiz. De acuerdo con la información recavada por el ombudsman capitalino, dichas indagatorias están congeladas.
La CDHDF solicita también que, a través de su Visitaduría General, se realice un estudio técnico-jurídico de la averiguación previa en contra de Dorantes Zurita.
A lo largo del proceso, iniciado en julio de 2003, la defensa del fotorreportero demostró la falsedad del testimonio que incrimina a Sergio Dorantes en la escena. Por este dicho, la Procuraduría capitalina pagó mil pesos al testigo.
El falaz testimonio indica que el periodista salió de la casa de Patricia Dehesa el día del crimen, 2 de julio de 2003. Meses después, el delator no sólo se retractó sino que confesó haber recibido mil pesos del Ministerio Público a cambio de identificar al procesado.
Por esta sola prueba, y de no acatarse la recomendación de la CDHDF, Sergio Dorantes podría pasar el resto de su vida en prisión.
La investigación
Al reiniciar las investigaciones sobre el caso, la CDHDF descubrió un expediente plagado de irregularidades. La queja por la violación de los derechos humanos de Dorantes Zurita fue interpuesta en dos ocasiones por la defensa: el 14 de abril de 2004 y el 26 de mayo de 2006.
Luis Ángel Jiménez Maldonado, visitador encargado del asunto, revela la existencia de dos expedientes, ya que dentro de la averiguación previa hay un acumulado.
Dicho anexo abre una investigación contra Luis Eduardo Sánchez, supuesto testigo; María del Rocío García, ministerio público encargada de llevar el caso, y de Alfredo Briceño Martínez, medio hermano de ésta última, por la probable comisión de los delitos de falsedad ante autoridades y delitos en el ámbito de procuración de justicia.
Esa averiguación se inició en el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Penal en el Distrito Federal, por la retractación de Sánchez como testigo. Y es que en diciembre de 2003 éste aseguró que María del Rocío le había pagado mil pesos por declarar que había visto salir a Dorantes Zurita de la oficina de su ex esposa el día y la hora en la que suponen fue asesinada, y que el contacto entre él y la ministerio público fue Briceño Martínez.
Por estas anomalías, el 12 de abril la CDHDF recomendó a la Procuraduría la realización del estudio técnico-jurídico, y que, en caso de que ese análisis descubra conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas o penales, se dé vista a la Contraloría Interna y a la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos.
La cárcel
Desde el pasado 20 de febrero, el periodista se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad en Oakland, California, y, según lo estableció un juez de Estados Unidos, ahí enfrentará el proceso de extradición a México, pues el pasado 18 de abril le fue negada la libertad bajo caución.
Silvia Dorantes dice que en las cartas que le envía su hermano, éste sintetiza su condición de encierro de la siguiente manera: “Te escribo desde las puertas del infierno”. Para la familia, esto es devastador.
La difícil situación familiar no sólo se ciñe al proceso contra Dorantes Zurita. Sergio Cervantes, cuñado del inculpado, afirma haber sido amenazado: “Cabrón, síguete metiendo y te vamos a partir la madre a ti y a tu familia. Ya dejen de chigar”, le han dicho por teléfono.
La queja
Además de solicitar que reabra las investigaciones contra sus funcionarios y determine la situación del testimonio falso, la recomendación CDHDF/122/04/COY/D11702.000 incluye acciones dirigidas a fortalecer y dar certeza de la Procuraduría.
La CDHDF dice que para garantizar la no repetición de actos como los que fueron materia de la queja, la dependencia puede presentar un programa de trabajo, para aplicar un modelo integral de procuración de justicia.
Además, recomienda la participación oportuna de los servicios periciales. En el caso del asesinato de Patricia Dehesa, antes de que se levantaran las pruebas necesarias para esclarecer el caso, policías, reporteros y fotógrafos de diferentes medios entraron a la escena del crimen.
Por ello, la Comisión pide que en el proyecto se incluya la forma de proteger y preservar el lugar de los hechos, el método de participación de los elementos de la Policía Judicial y demás auxiliares del Ministerio Público en cada una de las etapas de la investigación, así como los mecanismos de supervisión de la actuación ministerial.
Por último, la CDHDF exhorta a la Procuraduría para que realice un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, respecto de los procedimientos que deberá observar su personal para la preservación del lugar en el que se presuma que se ha cometido un hecho delictivo.
Binoculares
Defensa sin clemencia
ZUMBIDO DE OÍDOS. Bernardo Bátiz , ex procurador del Distrito Federal, acudió a un foro de análisis a las reformas en materia de justicia propuestas por el presidente Calderón y se lanzó contra medidas como la separación de la Policía Judicial del Ministerio Público y la intervención telefónica, a las que calificó de violatorias de las garantías individuales. Casi al mismo tiempo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitía una recomendación a la Procuraduría de Justicia capitalina por las irregularidades en la investigación del homicidio de la administradora de la revista Newsweek , Patricia Dehesa . La Procuraduría a cargo de Bátiz acusó a Sergio Dorantes , esposo de la víctima, de cometer el crimen, basándose en el testimonio de un testigo a quien le pagaron mil pesos para declarar que había visto a Dorantes en el sitio del crimen. ¿A ese tipo de violación a las garantías individuales se referiría Bátiz ? ¿O estaría pensando en el tortuguismo, la corrupción, el despotismo que impera en las agencias del MP? Conste, el diagnóstico es de su sucesor, Rodolfo Félix , quien dice que la PGJDF nunca ha estado peor.
Los asesinatos ponen en tela de juicio a la justicía en México
El visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) supo que algo olía mal cuando presentó en la Procuraduría una solicitud oficial sobre el expediente del asesinato de Alejandra Dehesa, asistente editorial en la oficina capitalina de la revista Newsweek.
"Cuál averiguación quieres?" se le preguntó. "La primera o la segunda?"
El expediente de la nueva averiguación, de la cual desconocían tanto la CDHDF como los abogados de Sergio Dorantes, presunto asesino, reveló que el Sr. Dorantes fue incriminado por un testigo falso, comprado con la ínfima cantidad de 1000 pesos (menos de £50 o US$100), reportó la CDHDF la semana pasada.
Mientras tanto, Dorantes, despues de dos años como prófugo, se encuentra encarcelado en una prisión de máxima seguridad estadounidense, esperando su extradición a un sistema judicial al que muchos analistas califican como corrupto, ineficaz, y poco confiable para todos, salvo los ricos y poderosos.
Dorantes, de 60 años, es un hombre de orígen humilde que hizo una carrera como fotóperiodista mexicano exitoso para publicaciones internacionales como el New York Times, Paris Match, y el periódico español El País.
Dehesa, la víctima del asesinato, fue su esposa, de la cual estaba separado y con quien según él permanecía en buenos términos.
Una orden de aprehención contra Dorantes fue emitida cuando, un mes despues del asesinato que occurió hace tres años, un mensajero joven declaró ante el Ministerio Público que recordó haber visto a un hombre que correspondía con la descripción del fotógrafo saliendo con prisa de la oficina de Newsweek un poco despues de la hora en que los estudios forénses indicaron que la Sra. Dehesa fue asesinado.
El nuevo expediente reveló que el mensajero luego se retractó de su testimonio, al contar como había sido guiado por agentes del Ministerio Público quien le habían pagado los 1000 pesos. Sin embargo él ha sido el único testigo "sólido" en un caso que de otra manera estaría basado solo en pruebas indirectas.
A lo largo de su fuga, Dorantes envió correos electrónicos continuamente a sus amigos y antiguos colegas, proclamando su inocencía y el temor de que ninguna corte mexicana aceptaría su versión.
En un mensaje desde la prisión en los EE.UU esta semana, contó a FT [Financial Times] que los años que pasó prófugo lo arruinaron financialmente.
La presión para entregar una "solución" rápida, a cualquier costo, ha sido evidente en al menos otros dos casos recientes, dijo Jorge Zepeda, un comentadista pólitico del periódico El Universal. En febrero fue reportado que una anciana indígena de 73 años, del estado de Veracruz contó a sus familiares antes de morir, que había sido golpeada y violada por soldados.
Oficiales forénses de la Procuraduría estatal de Veracruz dijeron que tenían evidencía para confirmar su versión, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dependencía del gobierno, concluyó que al contrario que ella murió de "gastritiscrónica". Sin esperar mas investigaciones, el presidente Felipe Calderón proclamó al ejército libre de cargos.
"Fue un error, que volvió a cometer en el caso de Amado Ramírez," dijo Zepeda. Ramírez, un corresponsal de la red Televisa, murió balaceado en Acapulco el Viernes Santo. Dado el poder pólitico de Televisa, "la presión para encontrar a sus asesinos fue inmenso," dijo Zepeda. Despues de que dos presuntos sospechosos fueron arrestados, Calderón alabó a la policía por haber aprehendido a los que él llamó los asesinos de Amado. Los arrestados todavía no han sido enjuiciados.
"Lo triste es que aún si son los asesinos - y lo dudo mucho - nadie lo va a creer," dijo Zepeda.
Las fuerzas policiacas mexicanas, con bajos sueldos y demasiado trabajo, dicen que los riesgos que enfrentan diariamente comprometen su habilidad de trabajar por la justicía. Tan solo en este año, docenas de ellos han sido asesinados en la guerra contra los narcotraficantes.
La falta de credibilidad en el sistema es especialmente generalizada cuando tiene que ver con los ricos e influyentes.
"La percepción predominante es que los empresarios poderosos conspiran con la élite política para evitar la justicía," dijo Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México, institución de estudios superiores y un destacado promotor de la democracía.
El fotógrafo Sergio Dorantes se siente en la puerta del infierno
Silvia, hermana de Sergio Dorantes y abogados denunciaron el cúmulo de irregularidades de la investigación. Todavía se estremece al recordar que su hermano está arrestado en una prisión de máxima seguridad en Oakland, California, por un invento del Ministerio Público capitalino.
—Está en la puerta del infierno —dice Silvia Dorantes citando los mensajes que su hermano Sergio le ha mandado desde su celda.El 11de diciembre de 2003 el juzgado vigésimo cuarto del Distrito Federal giró una orden de aprehensión en contra de Sergio Dorantes, acusado del homicidio de su ex esposa, la gerente de la oficina de Newsweek en México, Alejandra Dehesa.
A tres años y cuatro meses, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) determinó que el único testimonio que señala a Dorantes como el supuesto asesino es “fabricado”.Eso “reanimó” a Silvia, “casi agotada” de tocar puertas para ayudar a Sergio.
Por eso la conferencia de prensa de ayer en el hotel Marquis de Reforma, Sofía insiste que Dorantes es inocente. Lo dice con pruebas, apegada a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dirigidas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
En éstas, se indica que Luis Eduardo Sánchez Martínez, un mensajero de 22 años y quien según lo vio salir corriendo del lugar del crimen, “fabricó una prueba”. A cambio, María del Rocío García, agente del Ministerio Público que estaba investigando el caso, le dio mil pesos. Esto para dar cerrojo al proceso.
Hasta hoy, se desconoce del paradero de Luis Sánchez y María del Rocío García, actualmente es asesora de la subprocuraduría capitalina. En tanto, los abogados de Sergio Dorantes esperaban, hasta el cierre de esta edición, el veredicto de un juez estadunidense para saber si salía del penal bajo fianza y después esperar a ser extraditado para enfrentar los cargos que se le imputan en el Distrito Federal.
Y es que Dorantes huyó a Estados Unidos apenas se enteró que habían matado a su ex esposa y que el principal sospechoso era él, según el retrato que dio a la Procuraduría Sánchez Martínez. Incluso en su declaración, el mensajero contó que chocó con una persona con los rasgos de Dorantes el día del homicidio y que lo insultó en idioma inglés fuera de la casa donde fue asesinada Alejandra Dahesa.
El 4 de julio de 2003 Dehesa fue encontrada tendida en posición fetal en el baño de la oficina de Coyoacán, con el cuerpo lleno de sangre seca y un cuchillo de cocina encajado en la garganta.
Ahora, Silvia dice que todos los ahorros de su hermano, dedicado a la fotografía en Newsweek, The New York Times, París Match, Stern, El País, The Sunday Times, se han esfumado en pagos a los abogados.
Lamenta que Sergio no haya estado en el funeral de su papá hace año y medio y que no pueda cumplir sus sueños de “retirase con dinero”, para pasarla bien en su vejez.” Le destrozaron la vida”, alega. Cuenta que Sergio le escribe desde California sus vivencias; pero le insiste que “estoy en la puerta del infierno”, aun siendo inocente
En EU, Sergio Dorantes mantiene la esperanza de obtener su libertad
Abogados de Sergio Dorantes, acusado por un hombre al que el Ministerio Público pagó para que lo inculpará de la muerte de su esposa, tienen la esperanza de que la Procuraduría capitalina acepte la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos encaminada a que el testigo “fabricó” la única prueba.
A decir del abogado Manuel García Garrido, no hay motivo para que Dorantes siga detenido en una cárcel de San Francisco, California.
Explicó que la única prueba en contra de su cliente, era el testimonio de Luis Eduardo Sánchez Martínez, un mensajero de 22 años, que según lo vio salir corriendo del lugar del crimen.
Esta, según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es falsa.
Las recomendaciones 7/2007, 8/2007 y 9/2007 de la CDHDF dirigidas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), indican que el testigo “fabricó una prueba en perjuicio del señor Sergio Alfonso Dorantes Zurita”.
Todo esto a instancias de María del Rocío García, agente del Ministerio Público que estaba investigando el caso.
“En este caso la aprensión de Dorantes es improcedente”, aseguró García.
—¿Sí no acepta la recomendación la Procuraduría? —se le preguntó al abogado.
—Nos obliga a ir a un juicio penal y esperaremos, dependiendo lo que diga el juez en Estados Unidos respecto a la extradición de Sergio, porque ya no hay acusación.
Y agregó: “no podrá hacer frente a los cargos respectivos, mientras esto no suceda él esta amparado”.
Hoy por la mañana, el abogado Manuel García y familiares de Sergio Alfonso Dorantes Zurita daran una conferencia de prensa en el Hotel Marquis de Paseos de la Reforma para explicar a detalle las irregularidades del caso; incluso adelantó que la Ministerio Público, María del Rocío García, sigue trabajando en la Procuraduría pese a que pagó mil pesos por fabricar pruebas en contra de Dorantes. Del testigo, Luis Sánchez, ya no se sabe nada.
MP paga por inventar pruebas, testigo se le echa para atrás
Cuando se le acusó del asesinato de su esposa Alejandra Patricia Dehesa, de quien se había separado un año antes, Sergio Dorantes huyó a Estados Unidos, pero insistiendo —a través de miles de cartas que ha enviado desde entonces a la PGJDF— en su inocencia.
Estuvo prófugo más de tres años hasta que, a petición de la Procuraduría capitalina, la policía estadounidense lo detuvo en California el 20 de febrero del 2006.
Desde entonces está preso en una cárcel de máxima seguridad cerca de San Francisco, a la espera de que lo extraditen a su país o que la justicia de Estados Unidos lo libere bajo fianza.
Todo porque Luis Eduardo Sánchez Martínez se inventó un testimonio a cambio de mil pesos. Los recibió de manos de María del Rocío García, agente del Ministerio Público.
Sánchez Martínez juró haber visto a Dorantes salir corriendo del lugar del crimen, era la única prueba remotamente contundente que había contra él.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal descubrió que la Procuraduría había llevado a cabo una investigación interna sobre la actuación de la agente María del Rocío García. Según un los informes el testigo Sánchez Martínez se arrepintió de su testimonio inicial y se presentó ante la Procuraduría en diciembre de 2005, donde contó que la verdad había sido que la agente García le había ofrecido “un trabajito”. “Necesitaba un testigo” y si se prestaba al juego le pagaría mil pesos.
La CDHDF emitió una recomendación
Denuncian anomalías de la PGJDF en el caso Newsweek
La Comisión de Derechos Humanos del DF emitió una recomendación a la procuraduría capitalina por presuntas anomalías del Ministerio Público en el caso de Sergio Dorantes, el fotoperiodista acusado de asesinar, en julio de 2003, a su esposa Alejandra Patricia Dehesa, administradora de la revista Newsweek en México.
A Dorantes —cuyas imputaciones penden de un testigo que habría sido sobornado con mil pesos por la entonces agente del MP Rocío García ante las presiones para cerrar el caso—, le fue negada ayer la libertad provisional bajo fianza, por lo que continuará en el penal de alta seguridad de Oakland, California, donde enfrenta proceso de extradición.
La decisión del juez estadunidense, sin embargo, no es definitiva pues la defensa todavía puede recurrir a un tribunal de apelaciones, para tratar de que continúe dicho proceso fuera de la prisión de North County, en la que se encuentra recluido desde febrero pasado, informó su abogado Manuel García Garrido en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Silvia Dorantes, hermana de Sergio.
Dijo que luego de revisar el expediente, la CDHDF determinó que personal de la procuraduría capitalina incurrió en irregularidades en la integración de la averiguación previa contra Dorantes, que derivaron en la violación a sus derechos humanos, específicamente el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.
Las anomalías quedaron asentadas en la denuncia FCH/CUH-2/3755/05-10, presentada en la Fiscalía Central de Investigaciones para Servidores Públicos, contra Rocío García, agente del MP responsable de integrar la indagatoria del homicidio, y el testigo Luis Eduardo Sánchez Martínez, quien declaró que fue corrompido.
Inclusive, la averiguación previa fue consignada el 8 de septiembre de 2006 y contiene las declaraciones ministeriales del testigo en las que confiesa que fue corrompido económicamente por el Ministerio Público investigador (al pagarle mil pesos) para declarar en falsedad, pues jamás le constó que Dorantes hubiera salido de las oficinas ubicadas en Coyoacán el día que fue asesinada la administradora de Newsweek en México.
Sin embargo, el juez regresó el expediente de consignación al considerar que debía ser perfeccionado, por lo que no se ejercitó acción penal contra los inculpados.
En consecuencia, y luego de analizar la queja presentada por la defensa del fotoperiodista, el ombudsman Emilio Alvarez Icaza emitió la recomendación número 7/2007, dirigida al procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas.
La CDHDF solicita a la PGJDF que, a través de su Visitaduría General, realice un estudio técnico-jurídico del expediente FCH/CUH-2/3755/05-12 y una investigación de la actuación de los servidores públicos que participaron en la investigación de los hechos motivo de dicha indagatoria.
“En caso de que del estudio realizado se aprecien conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas o penales, se de vista a la Contraloría Interna y a la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos”.
Por unos pesos más
La fiscalía de la Ciudad de México usó un falso testigo para acusar a un fotógrafo del asesinato de su mujer
16 Abril 2007
Una noticia en el canal Televisa de México donde el único testigo contra Sergio admite que fue pagado a mentir. Una transcripción esta abajo.
Reportero Oscar Hernández: El principal; testigo de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en el caso de Newsweek se retracto; reveló que le pagaron 1000 pesos por mentir. Así lo sentó en la declaración ministerial que rindió el 26 de Diciembre de] 2005 y la cual le fue leída para que ratificara.
Entrevistador: Bueno Luís, te pedimos que vinieras para darle lectura a tu declaración rendida el día 26 de diciembre. Esta es tu firma?
Luis E. Sánchez: Si.
Reportero Oscar Hernández: Luis Eduardo Sánchez Martínez señaló directamente a la licenciada Rocío García, quien actualmente se desempeña como coordinadora de asesores de la sub-procuraduría de averiguaciones previas centrales, como la persona que le pagó.
Entrevistador repitiendo testimonio de Luis Eduardo Sánchez: Procediendo la cita de Recio, ahí mismo en la calle, a explicarle que era la responsable de Agencia de] Ministerio Público en Coyoacan y que tenía una averiguación previa que no podía sacar, y que necesitaba un testigo para que declarara en esa averiguación; que no tenia ningún problema, porque lo que quería era archivarla. Que me pagaría la cantidad de 1000 pesos por presentarme a declarar
Reportero Oscar Hernández: confesó también que el 4 de Agosto del 2003, y previamente aleccionado por su amigo Alfredo Briceño, presunto hermano de la licenciada Rocío García, se presentó a declarar a la agencia del Ministerio Público de Coyoacan. Rindió testimonio sobre el homicidio cometido un mes antes, en contra de Alejandra Patricia Dehesa Pérez Reguesa, quien trabajaba como administradora de Newsweek, México. La victima fue asesinada de una puñalada en el cuello, en el interior de sus oficinas, ubicada en Coyoacan.
Entrevistador repitiendo testimonio de Luis Eduardo Sánchez: Me llevaron con la Licenciada Rocío García, quien me pregunto si Alfredo ya me había instruido sobre lo que tenía que decir, y al contestarle afirmativamente me indicó que me pasaría con policía judicial, y después con su fiscal; que éste ya sabia todo, y que incluso, él seria quien me pagaría los mil pesos.
Reportero Oscar Hernández: Con el testimonio de Sánchez Martinez, el 11 de Diciembre del 2003, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del esposo de la víctima. el fotógrafo Sergio Alfonso Dorantes Zurita, quien desde entonces huyó del país. El pasado 24 de Enero el noticiero entrevistó vía telefónica al presunto homicida que se dijo inocente.
Sergio Dorantes (grabación): Mi acusación esta basada en una falsificación total, entonces yo no tengo por que ir a la cárcel por mentiras que un grupo corrupto de la procuraduría del Distrito Federal.
Reportero Oscar Hernández: El pasado 20 de Febrero, Sergio Alfonso Dorantes Zurita fue detenido en San Francisco, CA, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición. Aparentemente, esta orden de detención tiene su origen en el testimonio de un testigo que dice haber sido inducido y sobornado por la autoridad investigadora. El testigo dice que esa autoridad es la licenciada Roció García, quien actualmente elabora como coordinadora de asesores de la Sub-procuraduría de averiguaciones previas centrales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Oscar Hernández, Noticieros Televisa.
Reportero Carlos: Donador Ervizu jefe de información de televiso, buenos días, danos los datos.
Reportero Donador Ervizu: Que tal Carlos! Buenos días. Este caso atrajo, Carlos, la atención no solo de periodistas N4exicanos, sino también de extranjeros con los que colaboró, o colaboraba Sergio Dorantes. Uno de ellos, John Carlin, que trabaja con la BBC y The Independent, publicó hace mas de un ano un artículo en el diario El País bajo el título: "Culpable sin Pruebas", en el que habla de la situación y crítica la actuación de las autoridades mexicanas, particularmente las de procuración de justicia. En el proceso que se ha seguido a Dorantes, cuatro abogados penalistas mexicanos han encontrado algunas incongruencias y contradicciones; así como al menos 1 alteración de la escena del crimen, Carlos,
Reportero Carlos: Muchas gracias señor Ervizu,
El asesinato de Alejandra Dehesa
Reportaje. Una investigación irregular. En julio de 2003, la asistente editorial apareció asesinada. Un testigo falso hizo que el crimen recayera sobre un fotógrafo. Hoy, el caso flota en la incertidumbre jurídica
El asesinato de Alejandra Dehesa y los infortunios de su presunto asesino, Sergio Dorantes, están plagados de incertidumbre jurídica por la incompetencia e irresponsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En un hecho inédito la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) acaba de enviar tres recomendaciones señalándole fallas estructurales y pidiéndole una reforma a profundidad.
Sergio era un fotógrafo en la cúspide de su carrera y de todo el mundo le llegaban las ofertas de trabajo. Casó con Alejandra en diciembre del 2000 para separarse dos años después. Su ex esposa, con quien hablaba frecuentemente, trabajaba en la oficina que la revista Newsweek tiene en Coyoacán. En julio del 2003 sus familiares y la policía la encontraron en ese lugar con los 35 centímetros de un cuchillo clavados en el cuello.
Treinta y dos días después del crimen, Luis Eduardo Sánchez Martínez de 22 años se presentó a declarar voluntariamente ante el Ministerio Público (MP). En el metalenguaje propio de ese mundo dijo ser un mensajero, de 22 años, que vio a Sergio Dorantes salir, el día y la hora del crimen, de "manera apresurada del domicilio"... se le "notaba alterado"... atravesó la "calle aceleradamente dirigiéndose hacia una vehículo de color rojo [que] abordó rápidamente y arrancó intempestivamente". Pasaron varios meses y con ese testimonio y otras pruebas la juez 24 giró una orden de aprehensión contra el fotógrafo quien se dio a una fuga que duró tres años durante los cuales envió miles de cartas proclamando su inocencia.
El fotógrafo fue detenido por los Marshals en San Francisco, California el 20 de febrero del 2007. Desde entonces ha estado en las secciones de máxima seguridad de dos prisiones californianas. La Procuraduría capitalina pide una extradición que puede prolongarse porque el asunto está aprisionado en el limbo de la justicia confundida.
Un testigo prefabricado
Luis Ángel Jiménez Maldonado es un joven visitador de la CDHDF. El 18 de septiembre del 2006 llegó al juzgado 24 (Reclusorio Oriente) donde entregó un oficio al secretario solicitándole el expediente sobre el asesinato de Alejandra; lo investigaba desde que el fotógrafo presentó una queja ante la Comisión asegurando que la Procuraduría había manipulado la investigación para perjudicarlo. El funcionario ojeó el documento y le preguntó al visitador: "¿Cuál averiguación quieres?, ¿la primera o la segunda?"
"Intuí que algo estaba muy mal -recuerda el visitador- porque ignorábamos que hubiera una segunda investigación. Le pedí una copia de la que desconocíamos", ese expediente le dio un vuelco al asunto porque confirmaba que Sergio Dorantes había sido víctima de una maniobra de la agente del Ministerio Público María del Rocío García. El legajo narraba la averiguación ordenada por el subprocurador Salomón Baltasar sobre la actuación de la Ministerio Público.
Según este documento, en el mes de septiembre del 2005 el mensajero corrigió su declaración anterior y ante la Procuraduría aseguró que un medio hermano de María del Rocío le ofreció un trabajito: "necesitaba un testigo para que declarara en [una] averiguación" y si aceptaba se le "pagaría la cantidad de $1000". Su misión era bastante sencilla: decir que había visto a Sergio Dorantes salir de la casa donde se cometió el crimen. Después de memorizar el guión "lo metieron a la oficina (de la MP), quien le indicó que no diera su domicilio particular, que diera el de su trabajo y que cambiara un dígito de su número telefónico, para que no lo pudieran ubicar". De ser cierto, la Ministerio Público incriminó al fotógrafo utilizando, para ello, a un falso mensajero.
La Procuraduría solicitó la detención del mensajero, la Ministerio Público y el medio hermano pero la petición fue rechazada por la juez 24 debido a una falla técnico-jurídica (no señalaron la fecha ni el lugar en que se tomó la declaración). A partir de ese momento, el supuesto mensajero desapareció de la escena para irse, dicen algunos, "al norte", a ganarse la vida en Estados Unidos. Como la Ministerio Público consideró que la Procuraduría estaba violando sus derechos fue a presentar una queja ante la CDHDF.
Faltaba la tercera queja. Por razones poco claras la segunda declaración del mensajero fue filmada y el casete filtrado a un importante medio de comunicación que transmitió la parte que presentaba a Sergio Dorantes como víctima de una conspiración. La hermana de Alejandra Dehesa fue ante la Comisión y se quejó de que la Procuraduría había violado sus derechos al filtrar el casete y porque en los medios no mencionaron evidencia que demostraría la culpabilidad del fotógrafo.
Una investigación viciada
"Es un caso inédito y emblemático", comenta el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez-Icaza. Inédito porque "la parte, la contraparte y la ministerio público se quejaron contra la Procuraduría que violó los derechos de todos los quejosos. Emblemático porque exhibe las deficiencias de la Procuraduría que llevan a una absoluta falta de certeza jurídica sobre lo realizado".
Al fotógrafo preso se le perjudicó porque pese al papel tan central que tuvo el mensajero, la Procuraduría ni siquiera investigó si realmente lo era. Además de ello, hubo "peritajes incompletos" que dejaron huecos en la investigación. Por ejemplo, "al realizar el dictamen de informática en las computadoras localizadas en el domicilio de la señora Alejandra Dehesa, por instrucciones del Fiscal, se omitió analizar o revisar uno de los equipos de cómputo". Tampoco se siguió la pista de un taxista con huellas de sangre en su ropa y vehículo y la escena del crimen fue manoseada groseramente porque al poco tiempo de que la familia y la policía encontraron el cadáver llegaron los periodistas y fotógrafos avisados, tal vez, por algún policía deseoso de ganarse la propina.
La descripción del desorden en el lugar del crimen serviría de guión para algún clásico del cine mexicano. Como la puerta del baño donde estaba el cuerpo se encontraba cerrada, un policía "tuvo que botar los pernos de las bisagras y manipular la puerta del baño, además de que tocó las paredes para buscar el contacto de luz u otro objeto para botar los pernos". En suma, la investigación realizada por el Ministerio Público fue incompleta, insuficiente y poco fiable.
La investigación sobre la Ministerio Público también registró irregularidades de diverso tipo. Su declaración fue capturada en una computadora con el programa "Word en lugar del Sistema de Registro, Control y Seguimiento de las Actuaciones del Ministerio Público y sus Auxiliares (SCAMPA)"; eso significa que pueden manipularse los textos.
La Comisión también concluyó que hubo violaciones a los derechos de la mujer asesinada porque ni había "fundamento y motivación legales para la video filmación de la declaración" del mensajero ni se autorizó la filtración a los medios ni se presentó la evidencia que incrimina al fotógrafo.
¿Quién mató a Alejandra?
Es un crimen a la espera de una explicación y un desenlace. Los expedientes tienen más preguntas que respuestas. Si ningún mexicano asiste voluntariamente ante un Ministerio Público, ¿de dónde salió y qué buscaba el mensajero? ¿Bastaron mil pesos para convencerlo de ser testigo central en un caso de asesinato? ¿Por qué cambió de opinión? Suponiendo que la Ministerio Púbico lo hubiera contratado, ¿qué buscaba María del Rocío y a favor de quién actuaba? Hay también pistas truncadas. Una de ellas conducía a Los Pinos.
La psicoanalista que atendía a la víctima declaró ante la Procuraduría capitalina que "dos semanas antes de la última sesión Alejandra llegó muy angustiada comentándole que había tenido una dificultad porque la había llamado... la encargada de prensa de la Presidencia de la República como para llamarle la atención porque el nombre de Alejandra Dehesa aparecía entre los agradecimientos de la autora del libro La Jefa", Olga Wornat. Por cierto, de la escena del crimen desaparecieron los diskettes con los archivos relacionados con esa obra.
¿Quién mató a Alejandra Dehesa? ¿Es Sergio Dorantes un asesino calculador y desalmado o una víctima a la que arruinaron vida y carrera y que después de gastar 3 millones de pesos en abogados y en vivir sin trabajar durante la fuga terminó en una cárcel californiana en donde seguirá por quién sabe cuánto tiempo? Corresponderá al juez establecer la inocencia o culpabilidad ponderando, además, que la autoridad violó los derechos del fotógrafo y de su ex esposa.
Falta una explicación... y justicia
Hannah Arendt escribió páginas memorables sobre la trivialidad del mal: los actos de mayor crueldad pueden ser cometidos por personas ordinarias por razones bastante pueriles. La actuación de la Procuraduría capitalina en el caso de Alejandra Dehesa lo confirma. El descuido, la ineficiencia y el menosprecio hacia la dignidad humana es lo habitual en esa dependencia y se construye con las ineptitudes y/o corrupciones individuales toleradas por una autoridad incapaz de poner orden en su propia casa.
También podría hablarse de la simplicidad del bien; de la disposición humana a combatir los abusos por motivos bastante elementales. Luis Ángel, el visitador que encontró por casualidad el expediente que reorientó la investigación de la Comisión, es un joven tímido que durante una de las conversaciones que tuvimos se explayó sobre las causas que lo llevaron a comprometerse con los derechos humanos. La explicación es bastante simple: sus abuelas fueron maestras rurales y le enseñaron a combatir las injusticias y cada semana reafirma la trascendencia de lo justo al actuar como árbitro en partidos de la segunda división del futbol mexicano. Para que la vocación de personajes como el visitador se desarrolle se necesita de instituciones y durante la elaboración de esta crónica constaté que la Comisión de Derechos Humanos capitalina ha reunido a personas decididas a combatir los abusos.
El pasado jueves 12 de abril la Comisión envió tres recomendaciones a la Procuraduría dirigida por Rodolfo Félix Cárdenas. En esencia, el ombudsman capitalino le pide que deslinde la responsabilidad del personal a su cargo en las violaciones cometidas a los derechos del fotógrafo, la Ministerio Público y la víctima y que en un plazo de seis meses presente un Modelo para la Procuración Integral de Justicia que incluya, como mínimo, el compromiso de la Procuraduría de proteger las escenas de delitos, de poner en las actuaciones la información más elemental y de cuidar los expedientes. Le solicita lo dejado de hacer en un caso que demuestra la indefensión en la que estamos los capitalinos. El procurador y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, tienen 15 días hábiles para responder si aceptan las recomendaciones y se embarcan en una reforma a profundidad.
Entretanto, un juez deberá establecer la verdad legal sobre el asesinato de Alejandra Dehesa, una historia turbia, confusa y manoseada a la espera de explicación y justicia.
Comentarios: sergioaguayo@infosel.net.mx
Justicia en México
Es probable, sólo probable, que México dé la impresión de ser un país de leyes, un país civilizado; lamentablemente es sólo eso, una impresión superficial, pues si exploramos un poco podemos ver el enorme núcleo de corrupción que aflora por donde se investigue.
Veamos el caso de la justicia en México, asignatura pendiente desde las épocas del virreinato, y tengo mis serias dudas si en la Colonia estuvimos mejor que ahora. Resulta, y es de todos sabido, que el índice de impunidad en México alcanza un impresionante 98 por ciento. Eso quiere decir que de 100 delitos reportados, sólo dos, sí, sólo la minúscula cantidad de dos por ciento recibe una sentencia por un juez. Y estamos hablando de delitos reportados ante agencias del Ministerio Público, no tomamos en cuenta la enorme cantidad de delitos que no se reportan por la sencilla razón de la gran desconfianza que se tiene en el sistema de impartición de justicia.
¿Por qué tan horripilante cifra de ineficiencia? Muchas razones, algunas muy elementales y otras más difíciles de percibir. Resulta que del total de las personas que se encuentran en la cárcel purgando una condena, en 90 por ciento fueron detenidos en flagrancia, es decir, «con las manos en la masa». ¿Qué traduce esto?, simplemente que en México no se tiene capacidad de investigar. Si los «cuicos» no detienen a alguien al momento del delito, la posibilidad de que sea encontrado el delincuente es definitivamente escasa. Sencillamente en México no existe ni posibilidad ni capacidad para llevar a cabo procesos de investigación de acuerdo con la moderna metodología policial. Olvidémonos del ADN, bases de datos, laboratorio forense, obtención cuidadosa de rastros y huellas, seguimiento puntual, científico y con metodología de varias pistas, etcétera. El proceso de investigación criminal en México difícilmente rebasa las épocas de Chucho el roto. Aquí los juicios se apoyan básicamente en delaciones, «confesiones» imposibles de verificar y muy lamentablemente en testigos comprados.
Los recientes y publicitados casos como el de Luis Alfonso Belmar, asesinado en un incidente de tránsito por los guaruras de un conductor de un BMW blanco, el dramático caso del secuestrado y probablemente ya asesinado Hugo A. Wallace, muestran el catálogo de ineficiencias e insuficiencias que tiene el aparato de justicia en México, al grado de que en el caso de Hugo Alberto Wallace prácticamente toda la investigación ha corrido por cuenta de la madre, doña Isabel Miranda de W. El escandaloso caso reportado por Pablo Hiriart en su columna del 28 de febrero sobre el proceso seguido al fotógrafo Sergio Dorantes por parte de la policía del Distrito Federal muestra la manera de «investigar» que tiene la policía mexicana. Por lo representativo que resultan los datos transcribo una parte: «De acuerdo con la defensa de Dorantes, el testigo Luis Eduardo Sánchez Martínez había sido sobornado para acusar al fotógrafo... Ayer por la mañana se confirmó este hecho, que es el que seguramente tiene más tranquilo a Dorantes en su celda de San Francisco, pero que a todos nos debería llenar de asombro. Y de miedo. Carlos Loret de Mola presentó en su programa de Televisa un video en el cual el testigo Sánchez Martínez reconocía haber recibido dinero para dar esa versión que nunca vio en los hechos. -¿Quién le dio el dinero para mentir e incriminar a Dorantes? La fiscal de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Rocío García. -¿De qué monto fue el soborno para que el testigo inventara la historia que contó? De mil pesos. -¿Por qué la fiscal Rocío García compró un testigo y fabricó un culpable? Porque ya quería cerrar el caso. -¿Y qué hace ahora la fiscal que pagó al testigo para armar esta farsa? Es coordinadora de Asesores de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas de la PGJDF».
Por si faltaba algo para empeorar el panorama tenemos el reporte de Amnistía Internacional correspondiente a este año de 2007 que cabecea: «México, leyes sin justicia, violaciones de derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública». Este informe examina con detalle algunos de los graves defectos del sistema de justicia penal y de seguridad pública, que a menudo dan lugar a abusos, así como la aplicación arbitraria e injusta de la ley. Formula recomendaciones al gobierno en cinco áreas clave: normas internacionales de derechos humanos; seguridad pública y sistema de justicia penal; rendición de cuentas; defensores y defensoras de los derechos humanos; y derechos de las víctimas.
Las autoridades civiles de este país nos invitan en todos los tonos a que nos presentemos ante ellas si hemos sufrido un delito, si fuimos atracados, extorsionados, amenazados, secuestrados, o violados, pero a nosotros, simples ciudadanos de a pie, después de padecer un delito francamente no nos quedan ganas de caer en ese infierno de burocracia, prepotencia e ineficiencia que es una agencia del Ministerio Público. Cualquiera que haya tenido la desdicha de acudir a alguna de esas dantescas oficinas lo puede afirmar.
Soluciones a este terrible problema. Ya se ha dicho: Profesionalización de la policía y agentes investigadores, modificación radical del monopolio que ejercen los muy limitados y rebasados agentes del Ministerio Público, eliminar y boletinar a los malos elementos de la policía dados de baja y algo que puede ser básico, juicios orales para quitar cualquier tentación monetaria al juez.
Add. Leo este martes a un columnista estatal: «Reemplacamiento sólidamente justificado». Mi reacción inmediata es soltar una carcajada, la segunda es sentir pena.
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¿Quién mató a Alejandra Dehesa?
Un abogado muy cercano al procurador de Justicia del Distrito Federal lo dice así: "te juro por Dios que el asesino es Alfonso Dorantes".
Puede ser. Pero la autoridad tiene que hacer algo más que jurar, aunque sea por Dios. Está obligada a probar.
Dos días después del crimen, el 4 de julio de 2003, a las 3:15 de la tarde, cinco agentes de la Policía Judicial del DF, tres familiares de Alejandra Dehesa y el abogado de la familia, entraron a las oficinas de Newsweek en Coyoacán.
Ahí estaba la ex esposa de Dorantes tirada en el piso del baño, en posición fetal, muerta, con el cuchillo de 35 centímetros clavado en el cuello.
Como es habitual, los policías avisaron a la prensa y la casa se llenó de reporteros y camarógrafos. La escena del crimen, obviamente, se descompuso por completo.
"Cómo nos arrepentimos de pedir a esos policías que vinieran con nosotros a las oficinas de Newsweek", dijo tiempo después la hermana de Alejandra, Ana María Dehesa, al periodista John Carlin.
En el lugar no se hallaron huellas de Dorantes, el fotógrafo al que la PGJDF acusó de haber matado a su ex esposa, apoyada en el testimonio de un testigo fabricado por la propia Procuraduría, a quien la fiscal Rocío García le pagó mil pesos por incriminarlo.
La relación entre Dorantes y Alejandra Dehesa era voluble, según relatan las testimoniales de personas allegadas a la víctima.
Aun después de separados, Alejandra le seguía llamando a él "cariño" o "mi vida". Y de acuerdo con el primer fiscal del caso, alguna vez Dorantes la amenazó a ella con una pistola de juguete.
El hecho concreto es que Alejandra Dehesa fue asesinada el 2 de julio de 2003, entre las 16 y las 22 horas.
¿Entró alguien a esa casa entre las cuatro de la tarde y las 22 horas de ese día?
El testigo era de mentiras. No vale su testimonio al señalar que vio a Dorantes, por la sencilla razón de que no lo vio. Inventó que "andaba por ahí" en busca de trabajo y chocó con él.
Pero hubo otra persona en el sitio del crimen, a la hora del crimen.
Se trata del taxista Óscar Jorge Sánchez, ex policía del Estado de México.
Él declaró que el 2 de julio, a las cinco de la tarde, fue a la oficina de Alejandra Dehesa a pagarle mil pesos que le debía de un cheque que ella le había mandado cambiar días atrás, y él se quedó indebidamente con el monto del dinero: siete mil pesos.
Cuando Alejandra le reclamó el dinero del cheque, él pretextó un robo, lo cual fue falso. Alejandra le habló a la esposa del taxista, le contó lo sucedido, y ella obligó a su marido a devolverle el dinero a la gerente de Newsweek bajo amenaza de correrlo de la casa.
En su declaración ministerial, Óscar Jorge Sánchez manifestó que, en efecto, había estado en la oficina de Alejandra Dehesa para abonarle mil pesos de la deuda, ella le ofreció un refresco, bebieron agua mineral y luego se retiró.
Dijo la verdad Óscar Sánchez. Pero a medias. En la oficina de Newsweek sí había dos envases vacíos de Tehuacan y una lata de Coca Light. Los mil pesos, sin embargo, no estaban.
Con base en la prueba de luminol se detectó que en el asiento del chofer en el taxi, había huellas de sangre.
En los tenis del taxista, también.
Sánchez estuvo detenido en la agencia investigadora. "Inexplicablemente el ministerio público Ricardo Cortez Bonilla ordena la libertad de este sujeto y no vuelve a saberse más de él".
Eso afirma Bárbara Zamora —prestigiada abogada, defensora de los familiares de Digna Ochoa—, quien realizó un análisis jurídico del caso, y concluyó:
"Desde un análisis detallado del expediente, se advierten una serie de omisiones y errores cometidos durante la investigación por el agente del Ministerio Público, que hacen suponer que existe una manipulación en la investigación y en las constancias que obran en autos".
En medio de toda esta melcocha hay un asesino material que quizás esté libre.
Hay un hombre, presuntamente inocente, que por el testimonio fabricado por una fiscal y un testigo comprado en mil pesos, podría pasarse 50 años en el Reclusorio Norte.
Y hay un cadáver que tiene familiares y amigos a la espera de justicia.
Capturan en EU al periodista Sergio Dorantes
Con base en una cuestionable orden de aprehensión –basada en el dicho de un testigo fabricado por la PGJDF–, el periodista Sergio Dorantes fue detenido en Estados Unidos el pasado 20 de febrero. De acuerdo con su abogado Manuel García, el fotorreportero será extraditado a México en las próximas semanas o quizá meses, en donde sera juzgado por el homicidio de Alejandra Dehesa, su ex esposa y gerente de la oficina local de Newsweek.
A pesar de las irregularidades cometidas en el proceso judicial -entre las que destaca la fabricación de un testigo imputable a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)-, el periodista Sergio Alonso Dorantes Zurita fue aprehendido en Estados Unidos y puesto a disposición de esas autoridades el pasado 20 de febrero.
Sin ninguna prueba material, y calificado por el ex procurador Bernardo Batiz como “un caso muy extraño porque no existen suficientes pruebas contra Sergio Dorantes”, el Ministerio Público capitalino señala al reportero gráfico de ser el homicida de su ex esposa Alejandra Dehesa Pérez Reguera. La gerente de la oficina en México de la revista estadounidense Newsweek fue ultimada el 2 de julio de 2003.
Sobre la detención de su cliente, el abogado Manuel García detalla que se da en cumplimiento a la solicitud de extradición hecha por el gobierno mexicano. Al hablar de la situación jurídica de Dorantes, el defensor indica que “tendrá que comparecer ante un juez mexicano, a fin de esclarecer su presunta responsabilidad en el caso del asesinato de Alejandra Dehesa”.
Aclara que “en ese contexto, ya hay una averiguación previa respecto del único vínculo que tiene Sergio con la escena del crimen, que es un supuesto testigo que lo vio salir en teoría de la oficina en donde fue ultimada su ex esposa”.
Y es que para el abogado, las pruebas con las que cuenta la Procuraduría capitalina son insuficientes para responsabilizar al periodista. Como lo documentó Contralínea en noviembre pasado, la averiguación previa FCUAH-2/3755/05/12, con causa penal 207/2003, determinó que el “testigo” Luis Eduardo Sánchez Martínez -quien un mes después del asesinato declaró haber visto salir apresuradamente a Dorantes de la oficina de Dehesa el día del crimen- ha confesado que agentes de la PGJDF le pagaron mil pesos por su declaración.
La probable extradición
Ante la probable extradición de Dorantes, que podría ocurrir en las próximas semanas o meses, Manuel García dice que “estamos presionando para obtener la información que deje patente que Sergio no fue visto por este testigo. Toda vez que el propio testigo reconoce en una averiguación previa diversa que fue comprado por el ministerio público que investigó el homicidio de Alejandra Dehesa”.
El defensor del fotorreportero no descarta la posibilidad de que la medida quede sin efecto, pero puntualiza que ese escenario es difícil. “La autoridad de Estados Unidos no entra a analizar si está bien girada o no la orden de aprehensión. Ellos la dan como válida y sólo se limitan a cumplir el requisito de forma, que es la extradición”.
Explica que “para que fuera suspendida la extradición necesitaríamos que el juez mexicano sobreseyera o revocara la orden de aprehensión, lo cual es muy complicado. En Estados Unidos la autoridad no va a analizar la culpabilidad o inocencia de Sergio, y la única forma de que lo dejen en libertad en Estados Unidos es que la autoridad mexicana revoque la orden de aprehensión, lo cual se antoja complicado pero no imposible”.
El abogado refiere que el caso de Dorantes Zurita podría dar un giro si la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), institución que en breve dará a conocer su dictamen sobre la denuncia presentada por el periodista, gira una recomendación para reponer el proceso.
“Es probable que la Comisión solicite a la Procuraduría una integración debida de la averiguación, y entonces pidan que la orden de aprehensión quede sin efectos. Pero no tendremos certeza hasta que la CDHDF se pronuncie. Jurídicamente está claro que la Procuraduría y el juez no tienen movilidad procesal”, expone Manuel García.
Testigo, prueba artificial
De consumarse la extradición de Sergio Dorantes y la subsiguiente consignación, el abogado señala que la única prueba objetiva presentada por la PGJDF es insuficiente para inculpar a su defendido. “Estamos en posibilidad de solicitarle al juez de la causa, que es el juez 24 de lo penal en el Distrito Federal, que gire auto de libertad”.
Para Manuel García, dicha solicitud es muy viable, pues el juzgador estará en posibilidades de analizar la declaración del testigo que obra en la averiguación previa FCUAH-2/3755/05/12, y que descubre la falsedad de la declaración. Con lo que se desvanece la principal prueba en contra del periodista.
Tras este análisis, el juez podrá girar la orden de libertad a favor de Sergio Dorantes, bajo el argumento de que no puede haber ninguna presunción sobre quién fue el homicida, explica el defensor. Añade que esa sería la primera opción y la posición más lógica.
“En un escenario en el que el juez decidiera sujetar a Sergio a proceso y privarlo de libertad, obviamente tendríamos que irnos al juicio penal completo para poder probar su inocencia”, dice.
Advierte que hasta ahora no se ha analizado la falsedad del testimonio porque “el juez no ha querido valorarla por una minucia técnica. Dice que no ha iniciado el proceso penal y, por lo tanto, no puede valorar las pruebas porque no es el momento de la valoración de pruebas”.
Sobre el pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos, el abogado se muestra confiado en que se señalará que en este proceso hay una clara violación a los derechos humanos de su cliente, consistentes en la invención y compra del único testigo que lo vincula con la escena del crimen.
Asegura que “la Procuraduría no tiene elementos y eso puede repercutir en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Y aunque ésta no obliga a las autoridades a acatar la recomendación, hará patente que un tercero advierte la violación flagrante de los derechos y, sobre todo, la fabricación de un testigo para inculpar a una persona inocente”.
Respecto de la averiguación que evidencia la falsedad de la declaración, el abogado dice que, aunque no es la misma del homicidio, se relaciona directamente con los hechos. “Nosotros aportaremos esta averiguación como prueba, que además ya fue consignada. Es decir que en función de lo que dijo el juez, la Procuraduría ya consignó ante un juzgado de lo penal, que además es el mismo que conoce la causa en contra de Sergio Dorantes, en cuanto al homicidio”.
Y aclara que este testimonio falso es la única prueba objetiva que tiene la Procuraduría para vincular a Sergio con la escena del crimen. “No hay nada más. No hay huellas, pruebas de ADN, pruebas de sangre, no hay nada que vincule a Sergio con la escena del crimen más que el dicho del testigo Luis Eduardo”.
Manuel García expone que la fabricación de testigos puede ser muy grave. “No puedo dar una opinión respecto del manejo de la Procuraduría, en cuanto a por qué lo hizo o por qué no lo hizo, quisiera pensar que más bien es el error de una persona y no de una institución, pero obviamente es gravísimo. Si así se resuelven los problemas en la Procuraduría del Distrito Federal, pues resultará que cualquiera puede ser responsable de cualquier delito, simplemente por la fabricación dtestigos”.
Fiscal fabricó homicida
Un testigo pagado dijo ayer en el noticiero de Carlos Loret de Mola que fue una MP de la procuraduría capitalina quien lo compró.
Señaló a María del Carmen García, quien mandó a la cárcel al fotógrafo Sergio Dorantes, como culpable de asesinar a su esposa Patricia Dehesa.
El testigo Eduardo Sánchez Martínez, dijo que la fiscal le pagó mil pesos por su declaración falsa.
Dorantes estuvo escondido por tres años, y la semana pasada fue detenido en San Francisco y vendrá para que todo se aclare.
Sergio Dorantes era un fotógrafo de pocas pulgas, silencioso y algo engreído frente a sus compañeros del gremio.
De origen indígena —nacido en San Martín Xochináhuac, 1946—, le gustaba hacer sentir la diferencia: siempre trabajaba para grandes medios internacionales.
En realidad era muy bueno. Siempre trabajaba con una escalerilla de aluminio en la mano, para ganar el horizonte de visión.
Cuando venían a México enviados especiales de los grandes medios impresos de comunicación, buscaban a su fotógrafo favorito para ilustrar sus entrevistas: Dorantes.
Carlos Salinas, en plena carrera, enfundado en pants verdes con blanco. Zedillo y su mirada de honda preocupación tras los anteojos. Cárdenas, por primera vez sonriente. Fox con botas, sombrero y hebilla en el rancho San Cristóbal.
Todas esas fotos fueron portada en Newsweek, The New York Times, Paris Match, Stern, El País, The Sunday Times… Dorantes había alcanzado la fama.
Pero no sólo por eso es conocido Sergio Dorantes.
El 11 de diciembre de 2003, el juzgado vigésimo cuarto del Distrito Federal giró orden de aprehensión en su contra, acusado del homicidio de la gerente de la oficina de Newsweek en México, Alejandra Dehesa Reguera, la esposa.
Mejor dicho, la ex esposa. Ya estaban separados cuando el 4 de julio de 2003 ella fue encontrada tendida en posición fetal en el baño de la oficina, en la calle Francisco Sosa, de Coyoacán, con el cuerpo cubierto de sangre seca y un cuchillo de cocina enterrado en la garganta.
Dorantes huyó, se escondió, y con relativa frecuencia le escribía al autor de esta columna a través de internet.
Se decía inocente. Los abogados que estudiaron el caso también así lo consideran. Él buscaba apoyo en el gremio porque en su opinión era objeto de una fabricación de la Procuraduría del DF.
"Un culpable sin pruebas: una historia mexicana", tituló el matutino español El País un amplio y documentado reportaje escrito por uno de los mejores periodistas del mundo: John Carlin.
El único "testigo" que incrimina al fotógrafo, sostiene el reportaje de Carlin, es Eduardo Sánchez Martínez, un mensajero de 22 años, quien dijo haber chocado con Dorantes a la salida de la oficina de Newsweek, cuando éste salía a toda carrera, nervioso y apresurado, del sitio del crimen, el 2 de julio de 2003.
Es decir, un testigo surgido de la nada.
Sánchez Martínez, según el expediente, acudió a denunciar a Dorantes —dar la media filiación que coincide con la del fotógrafo— un mes después de ocurridos los hechos, debido a que vio por televisión una noticia referida al asesinato de Alejandra Dehesa. Y acudió al Ministerio Público por voluntad propia.
Las huellas digitales que se encontraron en la oficina de Newsweek no corresponden a las de Dorantes.
Con esa única versión del testigo Armando Sánchez, la PGJDF logró que se librara la orden de aprehensión en contra de Sergio Dorantes.
A través de sus abogados, el fotógrafo presentó la denuncia FCH/CUH-2/3755/05-12 en contra del Ministerio Público y del testigo.
La razón de la denuncia es que "el testigo confesó haber sido corrompido económicamente por el Ministerio Público Investigador para declarar en falsedad".
Y como cereza del pastel de la justicia mexicana, el "testigo" es señalado como pariente en tercer grado de una de las fiscales, Mónica García.
Dorantes fue detenido este lunes en California. Está preso en San Francisco y será sujeto a juicio de extradición.
Si no hubiera huido, el fotógrafo llevaría tres años en el Reclusorio Oriente.
Ahora está ante la posibilidad real de pasar el resto de su vida preso en el Reclusorio Norte del Distrito Federal.
¿Merece tal castigo? ¿Mató o no mató a su ex esposa?
Un testigo comprado por la autoridad no debería definirlo.
Se enreda la PGJDF en el caso Dorantes
Zósimo Camacho
Sergio Dorantes —periodista señalado por la PGJDF, sin pruebas materiales, como el asesino de Alejandra Dehesa— desmiente que haya sido detenido en Estados Unidos, como filtró la Procuraduría capitalina a diversos medios. El caso del fotorreportero se le complica a la oficina que encabeza Bernardo Bátiz, pues un segundo ministerio público que conoce del caso pide que se giren órdenes de aprehensión por falsedad de declaraciones contra el primer MP y el “testigo” que “identificó” a Dorantes
Sergio Alonso Dorantes Zurita desmiente que esté detenido en Washington, Estados Unidos, por policías federales de ese país, como se publicó en diarios de circulación nacional que citaron como fuente a la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
“No, no estoy detenido; pero sí tengo mucha presión”, dice por teléfono, desde su refugio, el periodista que desde hace más de tres años evade la acción de los policías de la PGJDF que lograron que el juez emitiera una orden de aprehensión basada únicamente en el dicho de un “testigo arreglado”.
La filtración de la información falsa es una “artimaña” más, a decir del abogado de Dorantes, Manuel García, con la cual la PGJDF busca que los familiares o abogados de su cliente “traten de comunicarse con él y pueda ser aprehendido”.
En la oficina de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República (PGR) informan que se enteraron de la supuesta detención de Dorantes a través de los medios de comunicación, pero que no han recibido información oficial de la policía federal estadunidense, la cual habría detenido al periodista a petición de la Interpol México.
Sergio Dorantes es acusado por la Procuraduría capitalina de asesinar el 2 de julio de 2003 a su ex esposa Alejandra Dehesa Pérez Reguera, quien se desempeñaba como gerente de la oficina en México de la revista estadounidense Newsweek. Sin embargo la PGJDF no cuenta con una sola prueba material que inculpe al fotorreportero y el propio procurador ha tenido que reconocer que “es un caso muy extraño, porque no existen suficientes pruebas contra Sergio Dorantes”.
Además, de acuerdo con la averiguación previa FCUAH-2/3755/05/12, con causa penal 207/2003, el “testigo” Luis Eduardo Sánchez Martínez¬ -quien un mes después del asesinato había dicho que vio salir apresuradamente a Dorantes de la oficina de Dehesa el día del crimen- ha confesado que agentes de la Procuraduría que encabeza Bernardo Bátiz le pagaron mil pesos por inculpar al periodista.
A este respecto el abogado de Dorantes explica que la denuncia que presentó ante el ministerio público de servidores públicos a nombre de su cliente “ya fue dictaminada por la propia autoridad; y ahí se considera que efectivamente el testigo es falso. Y llegan a esa conclusión porque ese testigo acepta que le dieron mil pesos para declarar en contra del señor Dorantes y que en realidad a él no le consta nada, que jamás lo vio salir de donde había dicho que lo vio salir.
“Esto es gravísimo porque la libertad de Dorantes está comprometida por un falso testimonio. El ministerio público de servidores públicos ha pedido, al mismo juez que giró la orden de aprehensión contra el periodista, que detengan al testigo y al ministerio público; pero esa consignación no rinde frutos que porque 'faltan algunos elementos de carácter técnico procesal'. Y ahorita la Procuraduría y el juez la están haciendo perdidiza. En el juzgado dicen que el ministerio público la tiene; y en el MP dicen que ya la tiene el juez.”
El inculpado, desde su escondite, acepta la entrevista.
CONTRALINEA: ¿Cuáles fueron tus motivos para no enfrentar las acusaciones en tribunales y por qué preferiste huir al extranjero?
DORANTES: Soy inocente de esa acusación y no debo de enfrentar ningún proceso en tribunales. Hay una fabricación en mi contra. No estoy dispuesto a ir a la cárcel por una falsa acusación ni aceptar las calumnias de un grupo de elementos corruptos de la PGJDF. Por eso decidí defender mi caso en un lugar donde la evidencia es tomada en cuenta y la ley se respeta. En México el MP (ministerio público) abusa constantemente de los ciudadanos y, en lugar de defender la ley y la justicia, culpa a gente inocente fabricando evidencias.
-¿Qué elementos o pruebas de descargo puedes ofrecer para argumentar tu inocencia? La PGJDF dice tener un testigo que te señala directamente.
-La Procuraduría no tiene ninguna evidencia material en mi contra: ni huellas digitales, cabello, ADN. Nada. En cualquier lugar donde se respete la ley, mi caso sería desechado inmediatamente debido a la falta de evidencia material. El reporte de criminalística está firmado por un perito sin preparación profesional y ¡por un fotógrafo! ¡Qué sabe un fotógrafo de Ciencia Forense! En un asesinato sin testigos es esencial establecer la Hora de la Muerte para iniciar una línea de investigación y deslindar la inocencia o la responsabilidad de alguien. El MP, deliberadamente, no investigó este importante hecho para acomodar su teoría a los tiempos que le convienen.
“Desde finales de julio de 2003 se negó el expediente a mi abogado. No se me permitió coadyuvar en la investigación a pesar de que yo fui agraviado con el asesinato de mi esposa. No se me dio oportunidad de presentar evidencias en mi favor ni testigos. El 'testigo' que me señala no fue investigado. Se aceptó su palabra como verdad. Nadie corroboró su testimonio. Es muy simple acusar a alguien, pero es trabajo de las autoridades probar que lo que declara un testigo es verdad. El MP seguramente lo indujo. Su testimonio es inverosímil. Según el expediente, se presentó a declarar 'por su propia voluntad' 32 días después del día en que reclama haberme visto salir de la oficina de Newsweek. Ese día y a esa hora me encontraba en casa trabajando. Hay evidencia de esto, que el MP ha ocultado para poder culparme.”
-¿Qué relación guardabas con Alejandra Dehesa?
-Cordial y civil. Desde nuestra separación, en diciembre de 2002, decidimos que ésta era definitiva. Sin embargo acordamos quedar como amigos, ya que nuestra relación no terminó por problemas entre nosotros sino por la presión de su hija adolescente. Me visitaba los fines de semana. Nuestra relación ya no era sentimental, pero sí de amistad. Alejandra me llamaba por teléfono diariamente dos o tres veces y yo correspondía llamándole también. Hay registros de los estados de cuenta telefónicos que confirman esto. La policía no los incluyó porque confirmaría que Alejandra y yo éramos amigos y que manteníamos una relación cordial.
-¿Te reuniste con Alejandra el mismo día que la asesinaron?
-No, aunque ella me llamó tres veces el día en que según el expediente tuvo lugar el crimen. Me preguntó si nos podíamos encontrar después de que saliera de su trabajo. Acordamos vernos ese día en mi casa después de las 7:00 pm. Inclusive me llamó por teléfono a mi casa a las 7:08 pm para verificar si yo ya había llegado a mi domicilio, ya que no le gustaba esperar afuera de mi casa en su auto. Yo trabaja en el Centro Histórico y tenía que atravesar la ciudad para llegar a mi domicilio en el sur; por el tráfico, en ocasiones llegaba después de la hora acordada. Me llamó desde su oficina pero nunca llegó. Este hecho lo declaré al MP y ellos lo comprobaron la noche del 4 de julio 2003 después de interrogarme por alrededor de nueve horas. Invité al Fiscal y al MP a comprobar, mediante el registro de la llamada en el identificador de llamadas. El MP verificó este hecho y, en diciembre de 2004, cuando finalmente tuve en mis manos el expediente, me di cuenta que el MP usó esa información en mi contra, alegando que yo me “autollamé” desde la oficina de Alejandra, algo que los reportes forenses no pudieron comprobar en el expediente.
-Tú afirmas que el testigo que te acusa es “una fabricación”. ¿Cuál sería el motivo de la autoridad para hacerlo?
-Fue para resolver el caso rápidamente y pretender una supuesta eficiencia de las autoridades. Esta fabricación fue el resultado de la presión ejercida por la revista internacional Newsweek para que resolvieran el caso a la brevedad. Es bien sabido que las autoridades en nuestro país temen a la opinión de medios extranjeros. Si yo hubiera sido un extranjero trabajando para Newsweek no se me hubiera culpado. Cuando voluntariamente me presente ante el MP a ampliar mi declaración para ayudar en la averiguación, el judicial en cargo de la investigación, Alfredo Velásquez, vociferando, su arma colgando de su cinturón y utilizando su voluminoso vientre como ariete, me amenazó.
“El juez 24 penal del DF rechazó la orden de aprehensión el 18 de septiembre de 2003 por 'no haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión de delito de homicidio por el cual el MP ejercitó acción penal en su contra'. El MP apeló la decisión del juez. El 11 de diciembre el mismo juez obsequió la orden de aprehensión ¡sin ninguna evidencia adicional!”
-¿Acudiste a alguna instancia defensora de los derechos humanos, al considerar que eras perseguido injustamente?
-A través de mi abogado acudí en 2003 a la CDHDF (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal) porque es a la que le compete. El número de expediente es CDHDF/122/04/COY/D1702.000, el cual hoy en día se encuentra abierto y en espera de las respuestas formuladas por la Comisión a la Procuraduría. En la Queja logré acreditar un número considerable de irregularidades en el expediente, principalmente el dudoso testimonio del “testigo” no corroborado por nadie.
“La corrupción impera en las corporaciones policíacas y judiciales en México en todos sus niveles. Abogados importantes como Bárbara Zamora, Leonel Rivero, Manuel García y Alonso Aguilar Zinser han coincidido en que el MP actuó de mala fe con intención de culparme. Debido a las calumnias que me atribuyen, no confió en que sea fácil poder demostrar mi inocencia a las autoridades mexicanas, pero sí lo puedo hacer al pueblo de México y al mundo.”
-¿Por qué te refugiaste en Estados Unidos?
-Uno huye a cualquier país que no sea México, seguro de que encontrará más justicia. Lamentablemente esto es especialmente necesario si uno no pertenece a la capa social dominante en nuestro país. El riesgo de ser torturado para confesar un crimen no cometido es real y protestar a las autoridades si uno es enviado a prisión es poner en riesgo la vida. La noticia respecto a mi detención resulta del todo falsa. Las autoridades buscan presionarme y generar una terrible confusión en la opinión publica.
“Lo único que espero es un análisis serio y técnico del expediente; que las autoridades se abstengan de fabricar evidencia en mi contra; que se admita que hubo grandes errores en mi caso y corrupción al culparme de un crimen que no cometí; que las autoridades, por mea culpa, se desistan de la acusación y que haya un reconocimiento público de su error. La falsa acusación de la PGJDF destruyó mi vida y mi carrera en una de las profesiones mas competidas: reportero gráfico de las publicaciones más importantes del mundo.”
El Procurador de la Ciudad de México Bernardo Bátiz afirma que entregara la ciudad "con buenas cuentas".
En una entrevista de Prensa el 5 de Noviembre, el procurador Bátiz presumió que: "Prefería yo dejar libre a un sospechoso si no teníamos elementos que consignar a alguien con alguna duda. Nunca se inventaron cargos, nunca se crearon falsos culpables durante esta administración".
Cae asesino de directiva de Newsweek
Sergio Alonso Dorantes Zurita fue detenido en Estados Unidos como presunto responsable del homicidio de su esposa, Alejandra Patricia Dehesa Pérez Reguera, administradora de la revista Newsweek México.
Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) confirmaron que Dorantes Zurita, de 50 años de edad, fue detenido esta semana en Washington, donde la Oficina Central Nacional de Interpol reportó que su estancia era legal.
Desde 2004, a través del oficio 206.210.474, la PGJDF solicitó la colaboración de la Interpol para ubicar al esposo de Dehesa, ya que un juez en la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio.
La PGJDF tiene 60 días para entregar a la PGR toda la documentación del caso, incluyendo copias certificadas del expediente 214/03, para que la instancia federal formule la solicitud formal de detención provisional con fines de extradición internacional.
El traslado de Dorantes Zurita a México podría tardar meses e incluso años, ya que depende de los recursos que interponga la defensa, comentaron fuentes de la PGJDF.
Las fuentes agregaron que se sospecha de la responsabilidad de Dorantes Zúñiga en el crimen porque un testigo aseguró que, el día de los hechos, lo vio salir de la oficina de Dehesa con la ropa manchada de sangre, y huyó en un vehículo rojo.
El 6 de mayo de 2003, el cuerpo de Dehesa fue encontrado en el interior del inmueble que utilizaba como oficina, ubicado en la Colonia Santa Catarina, en la Delegación Coyoacán.
El cadáver, que fue hallado en el interior del baño, presentaba siete heridas de arma blanca en cuello, cara y manos.
Este artículo presenta varias imprecisiones y testimonios engañosos. Primeramente, el encabezado viola el principio básico de la presunta inocencia. Esto es, que el acusado es inocente hasta que la autoridad demuestra su culpabilidad.
El “testigo” que se menciona en el artículo es de hecho la única evidencia en contra de Sergio. Como se explica en el artículo del País, la credibilidad del “testigo” un hombre de 22 años de edad es cuestionable, su testimonio no esta reportado con precisión en Reforma. El “testigo” en su testimonió a la policía, nunca declaró que las ropas de Sergio estuvieran “manchadas de sangre”.
Cae asesino de periodista estadunidense; fue su esposo
... Autoridades de Estados Unidos detuvieron en Washington al presunto homicida de la periodista de Newsweek, Alejandra Patricia Dehesa, quien fue apuñalada en julio de 2003 en las oficinas de la revista ubicadas en la colonia Santa Catarina, delegación Coyoacán, del Distrito Federal.
Se trata del fotoperiodista Sergio Alonso Dorantes Zurita, quien fuera esposo de la víctima, la cual fue encontrada con heridas de arma blanca dentro del baño de las instalaciones de la publicación en la capital del país.
La detención del inculpado, contra quien la Procuraduría del Distrito Federal ejercitó acción penal el 10 de septiembre de 2004, se concretó por parte de policías federales en Washington y de inmediato lo encarcelaron.
La PGJDF cuenta con 60 días para entregar a EU la orden de captura y la averiguación previa, para solicitar su extradición.
Como en el artículo en Reforma, el artículo de Milenio trata a Sergio como un convicto antes de que se le haya encontrado culpable. Ambos artículos se basan en un comunicado de prensa emitido por la oficina del Procurador de la Ciudad de México. El motivo es obvio: después de haber detenido a un probable responsable lo liberaron, por ello la Procuraduría teme ser acusada de corrupción e ineficiencia. El momento de emitir el comunicado de prensa fué deliberado: organizaciones de Derechos Humanos que han investigado el caso, han encontrado evidencia que echa abajo los alegatos de la Procuraduría y exonera del crimen a Dorantes.
Sergio Dorantes, periodista prófugo espera justicia
Irregularidades en la averiguación previa aumentan la desconfianza en un proceso por homicidio
Su lente atrapó paisajes, miradas, guerras y abrazos, arte y muerte en un periplo que cubrió desde Indonesia hasta la sierra Tarahumara. Se trata del periodista Sergio Dorantes, quien hasta enero de 2004 era un reconocido fotógrafo que escudriñaba todos los ángulos de la iconografía social; en el presente, es un fugitivo de la justicia mexicana que lo acusa de homicidio con muy pocas evidencias, según lo declaró el mismo procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, quien aceptó que revisaría personalmente el caso, lo cual hasta ahora no ha ocurrido.
Sobre Dorantes pesa la probable sentencia de 50 años de prisión por homicidio calificado en la persona de su pareja Alejandra Dehesa, administradora de la oficina en México de la revista Newsweek. La PGJDF investiga el caso desde la madrugada del 4 de julio de 2003; sin embargo, apenas tres horas después de encontrar a la víctima la institución atribuía el crimen a Dorantes.
Este caso atrajo la atención de periodistas mexicanos y del extranjero con los que colaboró Sergio Dorantes. Uno de ellos, John Carlin (Londres, 1956), periodista de la BBC y de The Independent, galardonado con el Premio Ortega y Gasset al mejor reportaje en 2000 por Viaje por la emigración y corresponsal del diario británico, publicó el domingo 4 de diciembre de 2005 un reportaje por demás interesante en el diario madrileño El País.
Se trata de la investigación del asesinato de la gerente del semanario Newsweek en México que, afirma, revela la incompetencia y la corrupción de jueces y policías en el país azteca. El título es elocuente: Culpable sin pruebas: una historia mexicana y ha dado la vuelta al mundo como un ejemplo más de la injusticia en México.
En el proceso que se le sigue a Dorantes cuatro abogados penalistas de México han encontrado incongruencias, contradicciones, fabricación de testigos, falta de evidencias en su contra, así como la total alteración de la escena del crimen.
Entre ellos, la desatacada abogada de asuntos sociales Bárbara Zamora, en su análisis jurídico del expediente penal del fotoperiodista, señala que “se advierten una serie de omisiones y errores cometidos por el agente del Ministerio Público, que hacen suponer que existe una manipulación en la investigación y en las constancias que obran en autos”.
La penalista, subraya que no se profundizó en la investigación hacia el taxista Oscar Sánchez, quien visitó a Alejandra el día de su muerte y fue detenido en calidad de probable responsable del delito, pero inexplicablemente fue liberado por orden del ministerio público Ricardo Cortéz Bonilla y no se ha vuelto a saber de él.
Un tenis de Oscar tenía rastros de sangre, si bien el dictamen pericial determinó que no correspondía con las huellas encontradas en el lugar de los hechos, “también es de hacerse notar que la esposa del taxista mencionó en su declaración que este sujeto antes fue policía en el estado de México, cosa que el propio individuo no mencionó en su declaración” observa el análisis jurídico de la abogada Zamora.
Sin acusar a nadie, la abogada señala que el Ministerio Público no investigó si efectivamente Sánchez había sido policía ni la razón por la cual causó baja en la policía.
De nuevo, el análisis jurídico de Zamora atrae la atención a otro dato relevante, el dictamen de necropsia de Alejandra no establece la hora aproximada de la muerte, es más no se establecen ninguna hora. “El hecho es importante puesto que a partir de la hora aproximada de la muerte se pueden establecer las líneas de investigación y sin este elemento es inexacta cualquier hipótesis desarrollada durante la investigación”, puntualiza la penalista.
El dictamen de criminalista de los peritos que examinó Bárbara Zamora establece: “por los signos cadavéricos observados, aunado a la temperatura que imperaba en el lugar…se puede determinar que la muerte ocurrió en un lapso aproximado de treinta a treinta y seis horas anteriores a nuestra intervención en el lugar de la investigación (4:00 horas del día 4 de julio de 2003)”.
El lapso era muy amplio y no permitía, sin embargo, fijar la hora de la muerte con la precisión que estableció el Ministerio Público, quien afirmó que el homicidio se cometió “el 2 del mes de julio del año 2003 entre las 18:07 y las 19:00 horas aproximadamente”, con lo que de acuerdo con la abogada, se puede deducir que lo hizo para adecuar la hora de los hechos a su hipótesis.
Finalmente, el caso contra Sergio Dorantes tuvo un sesgo fatal para él cuando un mes después del crimen espontáneamente se presentó ante el Ministerio Público el testigo de los hechos Luis Eduardo Sánchez Martínez. Este declaró que el día del homicidio chocó con Sergio Dorantes que salía de manera intempestiva del lugar y por el incidente se insultaron mutuamente “y que quien salía de la casa lo hizo en inglés”.
Su testimonio, del 2 de agosto de 2003, un mes después de los hechos, “es poco creíble, y en cambio parece más bien una declaración ad hoc para sustentar la conclusión del Ministerio Público en su pliego de consignación”, concluye el análisis de Bárbara Zamora.
Otro abogado, Leonel Rivero Rodríguez, en su análisis del caso afirma que “existió alteración del lugar de los hechos, es altamente probable que la escena del crimen haya sido manipulada, de tal forma que algunos vestigios pudieron desaparecer, lo cual obviamente dificultó la identificación del probable responsable del homicidio”.
También apunta que “existen graves falencias en el protocolo de ejecución de las pruebas periciales. El dictamen de criminalística es incompleto, y el dictamen en genética forense que se practicó a Oscar Sánchez fue elaborado de manera deficiente”.
El examen de Rivero Rodríguez llama la atención sobre otra contradicción: “los policías señalan que se introdujeron a las oficinas del centro de trabajo de Alejandra acompañados en todo momento por sus familiares. Sin embargo, los familiares sostienen que sólo los policías se introdujeron al lugar de los hechos y una vez que lo revisaron salieron a darles la noticia de que el cuerpo de la occisa se encontraba en el interior de las oficinas”.
Para el abogado el dictamen que contiene el perfil psicológico de Sergio Dorantes carece de rigorismo académico y científico (jamás entrevistaron al examinado) y se encuentra basado en especulaciones de los “profesionales” que lo elaboraron al tomar como base las actuaciones judiciales que aparecen en la averiguación previa.
De celebridad a fugitivo
Sergio expresó a su abogado, Manuel García, que está dispuesto a colaborar con las autoridades, pero no a costa de perder su libertad.
El fotoperiodista, compartió la adrenalina del periodismo internacional con figuras como Joseph Giovanni, de The New York Times; Michael Sullivan, de National Public Radio (NPR) en su excursión al volcán de Krakatoa, y otros periodistas de The Sunday Times, Paris Match, Stern y Newsweek, entre otras destacadas publicaciones.
Además, su nombre aún figura en el directorio electrónico de comunicación social del gobierno de México (www.directorio.gob.mx) y en la enciclopedia electrónica Encarta.
Sus trabajos fotográficos le ganaron a Sergio Dorantes un nombre a base de esfuerzo y enfoque a nivel mundial. Hoy, su cámara que disparó contra muchos problemas sociales es testigo de lo que parece una injusticia más.
Como se puede ver en el articulo en El País (click aquí), no hay evidencia alguna de que yo este relacionado a este crimen. La investigación exhaustiva hecha por El País, comprobó que las autoridades han cometido un abuso y una injusticia en mi contra. Apoyándome exigiendo se retire el cargo que se me atribuye, se ayudara también a mucha gente en México, que se encuentra en situación similar a la mía. Gracias, Sergio Dorantes.
En la sección Botica de la Revista Mexicana de Comunicación, el periodista Jorge Melendez Preciado escribió acerca de la dudosa conducta de la policía:
Difícil
Aparentes pruebas policiacas señalan como homicida de su ex esposa a Sergio Dorantes, un fotógrafo muy conocido y hasta famoso. Pero como siempre en estos asuntos, las investigaciones parecen estar inducidas para involucrar al compañero de la lente. Cuando menos eso dicen tres investigadores que han leído el expediente de manera independiente. Y ya sabemos que en ocasiones la policía capitalina "suicida" a quienes mata, exonera a los responsables de muchos ilícitos y hasta hace cantar con buena voz a todos los que son inocentes. Es necesario exigir que este caso quede muy bien aclarado y no como hasta ahora: confuso a más no poder.